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Código Unívoco
1227
Revista
Civil y Comercial
Número
295
Título
Implicancias de circunscribir al pagaré en el marco de una relación de consumo
Autor
Santiago Molina Sandoval
Texto

I. Introducción

La Ley de Defensa de Consumidor se traduce en una normativa transversal al ordenamiento jurídico y, como tal, trajo -y trae- aparejado verdaderos problemas normativos en esquemas jurídicos que lucían predeterminados pero que, con arreglo a la normativa consumeril sumado a la hermenéutica propia con sustento en su espíritu, conducen a soluciones diametralmente opuestas.

Uno de estos problemas normativos está dirigido al tema del pagaré de consumo1. La realidad marca que en la vorágine capitalista, presente en estos tiempos, el consumidor se encuentra a una sola firma de adquirir diversos productos para uso propio o familiar. Por supuesto que esta “sola firma” está relacionada a la suscripción de un pagaré que independientemente de los exorbitantes intereses compensatorios -ocultados a partir de completar el documento en blanco en violación a los pactos preexistentes y que, de hecho, ni siquiera se le informan al consumidor- tampoco cumplen con las exigencias para las operaciones de crédito que estrictamente regla la normativa consumeril. Ello trae aparejado un irremediable sobreendeudamiento del consumidor que define el cuadro de situación.

Ahora bien, la discusión en torno al pagaré de consumo involucra ciertas aristas que evidencian una dialéctica propia entre quienes respetan los caracteres de literalidad, autonomía y abstracción del pagaré y, en su consecuencia, la prohibición de indagar en la causa de la obligación; y quienes identifican a la Ley de Defensa del Consumidor como de orden público y a partir de una interpretación pro consumidor presumen la relación de consumo a partir de indicios tales como la profesión del ejecutante y entiende nulo o inhábil el título valor. Justamente, la consideración de la normativa como de orden público impone a sus defensores la revisión oficiosa del título y, en consecuencia, el rechazo de la ejecución fundado en un título nulo o, quizás con un mayor rigor técnico, inhábil.

Quienes defienden la literalidad, autonomía y abstracción del título, entienden que el marco del juicio ejecutivo es insuficiente a los fines de indagar en la causa de la obligación. Además, desde una postura comercialista y un análisis económico del derecho sostienen harto difícil adecuar la normativa consumeril a la que rige las relaciones comerciales al punto tal que el estricto seguimiento de estas pautas afecta la efectiva y rápida circulación de bienes en el mercado.



II. Cuestiones introductorias de la Ley de Defensa del Consumidor

La relación de consumo puede ser concebida “como las múltiples relaciones de índole económica y jurídica, que se desarrollan cotidianamente y que tienen por objeto la circulación de bienes de consumo, entendiéndose por tales, aquellos que sirven a la satisfacción de necesidades, no volviéndose a ser utilizados como bienes de cambio2”.

La Ley de Defensa del Consumidor en sus primeros artículos describe a los sujetos intervinientes en la relación de consumo. Esta relación se caracteriza por ser un vínculo jurídico donde el último eslabón de la cadena de producción, fabricación, importación, distribución, comercialización e intercambio de productos, bienes y servicios sea a título gratuito u oneroso corresponde al consumidor o usuario como destinatario final, instrumentándose en resguardo y defensa de sus derechos e intereses, un sistema protectorio de orden público. Del otro polo de la contratación, se encuentra el proveedor, quien desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, las actividades enunciadas. El Código Civil y Comercial de la Nación define a la relación de consumo en el mismo sentido en su art. 1092.

En el caso del pagaré de consumo, se ubica, por un lado y en el polo activo, el proveedor -prestamista, comerciante, entidad financiera, etcétera- quien ejecuta, en definitiva, la obligación instrumentada en el título; y, por otro y en el polo pasivo, el consumidor deudor que ha insertado su firma en el documento.

La naturaleza protectoria se deriva del art. 37 de la Ley, respaldada en los arts. 1094 y 1095 del CCCN, que, en definitiva, imponen que en caso de duda sobre la interpretación de las normas o del contrato prevalezca la más favorable al consumidor.

Ahora bien, circunscribir al pagaré en el marco de una relación de consumo implica aceptar que la norma consumeril es aplicable al juicio ejecutivo y, en este sentido, lleva a un debate en torno a si las numerosas exigencias sustanciales son aplicables en orden a la habilidad del título así como también otras cuestiones como, por ejemplo, la competencia, la intervención del fiscal en estos procesos, los intereses aplicables, etcétera.

En particular, el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que en las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo -cuestión claramente relacionada al libramiento de pagarés de consumo- debe consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena de nulidad: a) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios; b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios; c) El importe a desembolsar inicialmente -de existir- y el monto financiado; d) La tasa de interés efectiva anual; e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total; f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses; g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar; y h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere.

Además, el precepto agrega que cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas, pudiendo el juez integrar el contrato cuando se declare la nulidad parcial de alguna cláusula.

En definitiva, las dificultades aparecen en torno a la aplicación de tal precepto a los pagarés de consumo o, en su caso, cuáles son las consecuencias que el incumplimiento de la norma acarrea -nulidad absoluta, relativa, inhabilidad del título, etcétera-.



III. El pagaré y la relación de consumo

Antes de analizar cuestiones atinentes al pagaré de consumo, debe exponerse brevemente el proceso argumentativo que se realiza en torno a considerar a un título abstracto como el pagaré comprendido en el marco de la ley de defensa de consumidor.

Junyent Bas3 califica como relevante dicha consideración ante la resistencia que todavía se observa en algunos tribunales para reconocer el carácter “supralegal” del Estatuto del Consumidor y la necesidad de aplicarlo en el caso de operaciones de consumo.

En este sentido, se advierte la presunción arribada por ciertos tribunales y por los fiscales4 en base a la profesión del actor de prestamista o comerciante de electrodomésticos.

Se trata, en definitiva, de un “test de consumo” a los fines de determinar, si conforme a las circunstancias subjetivas y objetivas, se puede o no presumir una relación de consumo subyacente al proceso de ejecución5.

Sin embargo, muchas veces se ignora si el demandado es un verdadero consumidor o si el bien que adquiere lo afecta a la cadena de comercialización. Supóngase el caso de la persona que adquiere un lavarropas a los fines de iniciar un comercio de lavandería; o el caso de una persona que pide un préstamo de dinero para comprar un vehículo a los fines de utilizarlo como un servicio de taxímetro. Estos casos demuestran la inexistencia de relación de consumo, pues habría dos proveedores en la contratación.

Se ha argumentado que los créditos peticionados de sumas de dinero acotadas son indicativos de que se trata de un préstamo de consumo6. Ello podría comportar un indicio más a tener en cuenta.

A veces ocurre que la sola circunstancia de iniciar una presentación múltiple de demandas ejecutivas es suficiente para considerar proveedor a una persona humana ejecutante. Ciertamente, dicha circunstancia luce como un indicio débil para determinar con ello solo la relación de consumo.

La Cámara Cuarta de la ciudad de Córdoba (voto del Dr. Fernández)7 ha expresado al respecto: “La actividad propia del ejecutante (banco, entidad de crédito) permite adjetivar a la relación con su deudor, como de consumo. En otros casos será inferible por vía de prueba que, de ser necesario, deberá producir el Tribunal. Y en el punto aludo a medidas para mejor proveer, las cuales, aunque estatuidas normativamente como anteriores a la sentencia, son despachables aún antes, cuando fuere necesario estar en claro con los hechos”.

Igualmente, el Plenario sobre Competencia del Fuero Comercial en los supuestos de Ejecución de Títulos Cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores, del 29/06/2011 -autoconvocado por las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Comercial- ha reflejado entre sus conclusiones la factibilidad de inferir la relación de consumo de la calidad de las partes.

Sin perjuicio de ello, se entiende que debe hacerse un examen prudente a la hora de circunscribir al pagaré en una relación de consumo8, pues el exceso en la apreciación -que no es lo mismo que una interpretación más favorable al consumidor- importa alterar la igualdad entre los comerciantes al aplicar prerrogativas en el polo pasivo -comerciante ejecutado-.

Enmarcar la relación sustancial como una de consumo importa directamente tornar aplicable la norma protectoria consumeril, aunque, tampoco ello como se verá, implicará la nulidad del pagaré.

Ahora bien, se perciben casos en los que el propio ejecutante confiesa la relación de consumo -por ejemplo al evacuar el traslado de la excepción de inhabilidad de título-. En estos casos, es claro que la normativa consumeril será aplicable.

Lo concreto es que la aplicación es independiente de la invocación de las partes ya que se trata de una norma de orden público9. Asimismo, la aplicación no debe distinguir el trámite a través del cual se encauzó la cuestión consumeril. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba10, al tratar una cuestión de conflicto de leyes para determinar la competencia, entendió que aun en el marco del juicio ejecutivo, si se está en presencia de una relación de consumo, se impone la aplicación de la ley de defensa del consumidor.



IV. Análisis jurisprudencial de la inhabilidad de título en el pagaré de consumo. Límites a las exigencias sustanciales

La actualidad muestra que, por lo general11, los tribunales no han objetado la existencia de una verdadera relación de consumo en los casos en los que se ha pretendido ejecutar un pagaré con las características establecidas -ejecutante asimilado a proveedor y demandado identificado como consumidor-.

Sin embargo, para la mayoría, la existencia de una relación de consumo no ha sido óbice a la procedencia de la acción ejecutiva.

Debe destacarse que el examen de la habilidad del pagaré ha sido realizado en casuísticas disímiles: ya sea en forma oficiosa por el juzgador, ante la intervención del Ministerio Público Fiscal y la oposición de la excepción de inhabilidad de título o bien ante la referida excepción por parte del demandado. No se han advertido rechazos liminares de la acción en estos casos. A continuación se detallarán diversos temas que la jurisprudencia ha abarcado en torno al pagaré de consumo.



IV.1. La nulidad del pagaré de consumo

Una cuestión que ha generado debate es la determinación de la nulidad del pagaré de consumo. La primera cuestión gira en torno a si se trata de una nulidad absoluta o relativa.

La Cámara Primera12 argumentó que: “la clasificación de nulo o anulable en el ordenamiento sustancial derogado, se apoya en cómo se muestra el defecto en el acto. Si a simple vista se puede constatar se dirá que hay acto nulo; si, por el contrario, hay que realizar una investigación de hecho, se trata de un acto anulable”. De allí que “la ejecución del pagaré no constituye un supuesto de acto nulo de nulidad absoluta, susceptible de ser declarado de oficio, por la sola circunstancia de creer (no se encuentra demostrado) que la actora como entidad financiera no cumplió con el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor”.

En relación al orden público, explicó que el hecho de que la legislación sea de orden público no conduce necesariamente a la nulidad absoluta del pagaré por cuanto la protección del consumidor es de orden privado. En todo caso, entendió que si el pagaré no puede contener aquellos requisitos y se presumía que el actor no había cumplido con el estatuto del consumidor, debió solicitarse como medida para mejor proveer a la parte actora, que adjuntara el cumplimiento o no de aquellos requisitos.

Por ello, le imprimió valor a la falta de oposición del deudor consumidor quien no denunció el incumplimiento de algunos de los requisitos que contiene el art. 36 del estatuto del consumidor en el marco de una nulidad relativa que exige su actuación.

La Cámara Segunda13 insiste en el carácter manifiesto de la nulidad absoluta y formula que ella no se da cuando no resulta del título mismo sino que es necesario una prueba extrínseca, si es que tal prueba extrínseca surge la existencia de un defecto sobre el cual el juez no puede ejercer su apreciación.

Asimismo, agrega que no existe equiparación entre la declaración oficiosa de incompetencia (arg. art 36 in fine Ley 24240), que se funda en un verdadero fraude a la ley, con la declaración oficiosa de nulidad de un pagaré por supuesto incumplimiento de los recaudos previstos en la primera parte de idéntica directiva (arg. art. 36 primera parte Ley 24240).

Aquí se encuentra una ilustrativa definición del marco del orden público al establecer -con apoyo en lo expresado por Paolantonio14- que es de significativa amplitud, y la inclusión de una norma en su seno de manera genérica como lo hace el art. 65 de la ley 24.240, no es un impedimento para requerir una acción positiva de la parte afectada. Por ello, no sólo resulta posible aceptar la presencia de normas singulares que no revistan la nota de orden público en una legislación que se asigne esa característica, sino que resulta incorrecto equiparar el carácter de orden imperativo de la norma con su aplicación de oficio, o la prohibición de su ulterior renuncia.

Se agrega aquí también un argumento de índole económico al formular que el interés es meramente privado y que el rechazo de la ejecución podría incluso resultarle perjudicial al mismísimo consumidor que se ha intentado proteger, ya que el rechazo de la ejecución no impide la continuación del curso de intereses de la deuda, ni le ahorra un futuro proceso de conocimiento que demandará mucho más tiempo y más gastos causídicos que finalmente podrían recaer sobre las espaldas del consumidor.

Realiza en última instancia un análisis en esta última dirección: “No podemos dejar de reflexionar acerca del consecuencialismo de los pronunciamientos, que bajo el loable propósito de proteger al vulnerable, con más eficacia inclusive que la que resulta del texto legal y del interés del propio perjudicado, solo logran encarecer el costo del crédito en perjuicio del público en general, ante la inseguridad que genera el recupero de carteras morosas, y así condenar a los cumplidores que necesitan de los servicios financieros para atender a sus propias necesidades, a tasas de interés más elevadas. La mora es un fenómeno que también perjudica al interés social y extiende al conjunto de la sociedad sus efectos negativos, los que recaen sobre otros consumidores que cumplen regular mente sus obligación es, y que n o tendrán posibilidad de evadir los efectos perniciosos del exceso de protección que se brinde a los incumplidores”.

En esta línea, el tribunal reflexiona en que la necesidad de realizar un proceso de conocimiento para el cobro llevará irremediablemente a un encarecimiento y una retracción de la oferta de recursos financieros.

La Dra. Zalazar, en un voto de la mayoría de la Cámara Quinta15, formuló en sentido similar que “en el contexto actual, no es exagerado predicar que difícilmente algún proveedor quiera contratar con quien resulta titular de “superderechos”, que lo hacen prácticamente invencible”.

En una postura contraria a las desarrolladas, se destaca un fallo de alzada de la ciudad de Mar del Plata16, en el que se rechazó la demanda por entender que el título era nulo por no cumplir los requisitos de la normativa consumeril. Sin embargo, el pronunciamiento no supera la distinción efectuada por las cámaras locales en torno a la nulidad ni tampoco se explicita otra razón que no sea la de orden público -cuestión también tratada en este acápite-.

Puede concluirse del repaso de los pronunciamientos en que la nulidad absoluta no puede ser sustentada en el orden público de la norma consumeril, ya que dicho carácter hace a la imperatividad pero no a su aplicación de oficio, máxime ante la inexistencia de su carácter manifiesto y de la necesaria remisión a constancias extratitulares.

Por ello, no se trata de un fraude a la ley por parte del proveedor sino de un instrumento abstracto susceptible de ejecución.

Paolantonio17 señala al respecto que: “la referencia al fraude a la ley que implicaría el recurso al pagaré en las operaciones de crédito al consumo es totalmente injustificada. No deja de llamar la atención que, en lo que ahora interesa, el artículo 36 de la ley 24.240 mantuvo algo más de quince años de vigencia sin que siquiera se sugiriera la existencia del conflicto normativo que la reforma de 2008 (acotada en lo esencial a la prohibición de prórroga de competencia) pareciera haber causado”.



IV.2. La causa de la obligación en el pagaré de consumo

Los argumentos expuestos anteriormente podrían ser superados si el demandado consumidor efectivamente alegue la nulidad relativa del pagaré bajo el ropaje de una excepción de inhabilidad de título. Podría entenderse también que el Ministerio Público Fiscal oponga dicha excepción.

Ahora bien, aun así, ello implicaría indagar en la causa de la obligación en el marco de un proceso ejecutivo en el que está vedada dicha facultad a las partes. Ello también ha sido argumentado por los tribunales.

En efecto, la Cámara Segunda18 sustentó: “Inhabilitar por inferencias presuntivas la ejecuciones de títulos cambiarios violenta gravemente principios elementales de derecho cambiario y del ordenamiento procesal, ya que la invocación del derecho del consumidor como un derecho superior que deba regir por sobre las relaciones económicas y las instituciones jurídicas que gobiernan el derecho privado, con la sola alegación de supuestos abusos y desmesuras, no resulta una aplicación conveniente al sistema jurídico”.

Por su parte, el Dr. Aranda, en un voto de la Cámara Quinta19, se expidió: “Debo ratificar mi posición en torno a la imposibilidad de discutir la causa de la obligación en el juicio ejecutivo (salvo -y restrictivamente- en los títulos auto creados o ante la inexistencia o ilicitud del crédito), por así disponerlo expresamente el art. 549 del CPC, norma que no distingue si la ejecución involucra al librador del título y a su beneficiario o a terceros intervinientes en el mismo. Soslayar esta disposición o hacer distinciones donde la ley no lo hace, no resulta admisible. En el presente caso indagar sobre la relación de consumo subyacente implicaría ventilar la causa de la obligación pues no se vislumbra de qué modo podemos determinar si existe una violación de los derechos del demandado consumidor si no se entra a analizar y desmenuzar la causa fuente de la obligación. Lo dicho alcanza para desestimar el recurso impetrado”.

Estos argumentos conducen a que en definitiva el afectado pueda en un marco de conocimiento mayor -juicio de repetición- solicitar la nulidad del contrato y la devolución de lo pagado. Incluso podría pensarse en el inicio de la acción ordinaria -concomitante al embargo en el decreto de admisión- y como medida cautelar innominada solicitar la suspensión del proceso ejecutivo.

En contra de dicha postura, encuentra lugar un voto en disidencia20 del Dr. Ferrer quien refiere en miras a la protección del consumidor que “es imperativo permitir la indagación causal y dejar de lado la abstracción cambiaria, que no es un principio legal de orden superior sino que, debe ceder cuando sea necesario para resguardar otros derechos constitucionales de mayor jerarquía”.

En abono a dicha postura, el Dr. Fernández ha expresado que “sostener, a ultranza, los caracteres de literalidad, autonomía y abstracción del pagaré, constituye, desde la óptica que analizo, un anacronismo y desconoce la función propia de tal instrumento”.

La Dra. Zalazar, en el voto que completa la mayoría21, ha formulado que: “el art. 549 del Código Procesal, expresamente tiene dispuesto que la excepción de inhabilidad de título se limitará a sus requisitos extrínsecos, lo que excluye las defensas fundadas en la causa de la obligación. (…) La regla liminar en orden a la admisibilidad de excepciones en el juicio ejecutivo, es que éstas deben acotarse al análisis de la ejecutividad del título, lo que excluye las defensas fundadas en la causa de la obligación ejecutada. No es dable, en el acotado marco de este proceso ejecutivo, ingresar al análisis de la causa de los pagarés en ejecución a los fines de dilucidar si la relación fundamental que les dio origen satisface o no los requisitos establecidos por el art. 36 de la LDC, toda vez que ello desnaturaliza la finalidad económica de los documentos cambiarios, cuya literalidad y autonomía han sido establecidas”.

Un argumento más es expuesto por la Cámara Octava22 y es que la posibilidad de indagar en la causa de la obligación tiene carácter restrictivo sólo en los casos de títulos autocreados -también llamados títulos administrativos- o ante la inexistencia o ilicitud del crédito conforme la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia23. Se fundamenta también que el art. 549 no ha sido derogado ni por la Ley de Defensa del Consumidor, ni por el Código Civil y Comercial.

La Cámara Novena24 se asienta en que admitida la emisión del documento, no corresponde ir más allá de las constancias de autos. En otras palabras, el tribunal de alzada está sustentando el fallo en la doctrina del Tribunal Superior en autos “Winer25” y ratificada in re “Miatello26”.

En este apartado, como se ha desarrollado, la discusión luce con singular complejidad. Se entiende que la nulidad de un acto jurídico -en este caso, el pagaré- excede el perímetro propio de discusión del juicio ejecutivo. Ello importa ordinarizar un juicio ejecutivo por la sola voluntad del demandado. Desde esta perspectiva, no resulta excesivo insistir en que si el deudor quiere perseguir la nulidad del acto lo canalice por la vía apropiada para ello.



IV.3. El enfoque de la inhabilidad del título sin estar sustentada en la nulidad

Se encuentra una tercera argumentación en contra de la habilidad del pagaré de consumo sustentada no en la nulidad del acto jurídico sino en la falta de cumplimiento de los requisitos sustanciales de la norma.

Es, quizás, la argumentación con mayor dificultad para quienes sostienen la tesis de la abstracción cambiaria.

La Cámara Cuarta27 ha expresado: “Me resulta intrascendente el debate acerca de si, cuando el pagaré no cumple con los recaudos legales ya analizados, estamos en presencia de una nulidad absoluta (y por ende, declarable oficiosamente) o relativa (que requiere alegación de parte interesada). Mas simplemente, juzgo la habilidad ejecutiva del pagaré, a la luz de la legislación de consumo y, como el de autos no cumple con esta última, concluyo en que el título no justifica la vía ejecutiva. Con ello se supera la objeción, sustentada normativamente, según la cual se prevé que sea el deudor el que alegue la violación legal “del contrato” y se faculta al juez a recomponerlo. Si no lo hace, pudiendo hacerlo (v.gr. adjuntando la documentación respaldatoria del negocio causal, respetuoso de las reglas de consumo) no se le niega el derecho al cobro, pero deberá debatir la cuestión sobre la base de la prueba de la existencia y adecuación normativa y axiológica de la relación de consumo, canalizable a través de un proceso declarativo”.

Ferrer, en su disidencia28, expone una argumentación similar al referir que: “cabe concluir que los pagarés instrumentados para la titulización de una deuda surgida a partir de una operación de crédito o financiera para el consumo -como los de autos-, cuando no reúnan todos los requisitos imperativos del art. 36 LDC, no serán hábiles o eficaces para sustentar autónomamente un proceso de ejecución, en tanto y en cuanto no se aleguen las circunstancias causales de esa relación de consumo y se acompañen los demás documentos de donde surjan cumplidos todos los recaudos mencionados en esta normativa. El objetivo perseguido por la norma contenida en el art. 36 de la LDC, otorgándole al consumidor información suficiente y a los jueces la posibilidad de contar con elementos de juicio relevantes para en definitiva, controlar el negocio jurídico causal celebrado entre proveedor y consumidor, a los fines de evitar cualquier clase de abuso o el fraude a la ley”.

En estos casos, se admite la posibilidad de que el título sea integrado con otras constancias documentales que permitan tener por cumplimentado el art. 36 de la LDC. Ello se relaciona con lo que Junyent Bas29 llama “doble documentación” en base a que al momento de contratar no sólo se suscribe el título valor sino también el mutuo -causa de la obligación-.

En esta misma dirección, Ossola y Varizat30 entienden que a partir de la documentación respaldatoria que cumpla con los requisitos del art. 36 de la LDC puede arribarse a la habilidad del título.

La réplica ante estos argumentos puede ordenarse de la siguiente manera.

La creación de nuevos títulos está supeditada a una ley que fije los requisitos sustanciales para que ellos tengan la fuerza ejecutiva. De otra forma, un documento que recepte una obligación de dar suma de dinero, líquida o fácilmente liquidable y exigible puede traer directamente o indirectamente aparejada ejecución. Ahora bien, si se estipulan mayores requisitos sustanciales, necesariamente deben estar regulados por ley.

En esta dirección, no existe un título de crédito de consumo regulado sino que forma parte más de una común denominación de un fenómeno que no importa en sí mismo una institución jurídica de la cual deba predicarse una habilidad diferenciada.

De tal guisa, si para aceptar la fuerza ejecutiva de un documento -por ejemplo, un titulo autocreado o administrativo- se precisa de una ley que fije su creación, a fortiori para requerir exigencias extras en un título de crédito, ellas deben estar reguladas como requisitos sustanciales de habilidad.

Por supuesto que esta línea argumental no implica dejar a un lado la normativa protectoria sino que nos conduce a aplicarla en un marco de conocimiento -acción ordinaria- y no en el juicio ejecutivo en el que el examen del juzgador es extrínseco. Ningún gravamen traería al consumidor accionar en la forma ordinaria y hasta solicitar la suspensión del juicio ejecutivo, medida cautelar que sí debería ser ordenada bajo el prisma del derecho del consumo.



V. Conclusiones

A partir de la presente investigación, se ha procurado delinear algunas nociones generales en torno al pagaré de consumo como fenómeno propio de esta sociedad capitalista.

En esta dirección, se intentó realizar un análisis escalonado de las implicancias de circunscribir al pagaré en una relación de consumo. Se ponderó ciertas presunciones elaboradas por los tribunales en torno a la consideración del pagaré como parte de una relación de consumo. Se concluyó, en tal sentido, que debe hacerse un examen prudente a la hora de circunscribir al pagaré en una relación de consumo, pues el exceso en la apreciación importa alterar la igualdad entre los comerciantes al aplicar prerrogativas en el polo pasivo.

Transitado dicho estadio, se examinaron las posturas jurisprudenciales en torno a la habilidad del pagaré de consumo.

En primer lugar, se arribó a la conclusión de que la nulidad absoluta no puede ser sustentada en el orden público de la norma consumeril, ya que dicho carácter hace a la imperatividad pero no a su aplicación de oficio, máxime ante la inexistencia de su carácter manifiesto y de la necesaria remisión a constancias extratitulares.

En un segundo orden, se entendió que la nulidad relativa del pagaré invocada por el demandado excede el perímetro propio de discusión del juicio ejecutivo, pues se indaga en la causa de la obligación, actividad vedada en el marco del juicio ejecutivo. Ello importaría ordinarizar un juicio ejecutivo por la sola voluntad del demandado.

Por último, en orden a la inhabilidad del título sustentada en la falta de cumplimiento de los requisitos sustanciales, debe entenderse que la estricta singularidad del título jurídico impone una adecuada regulación que supedite el cumplimiento de dichos requisitos a la fuerza ejecutiva.

No se pretende desconocer los derechos del consumidor -que, en definitiva, quedan a salvo en un juicio de conocimiento concomitante- sino de salvaguardar el derecho de defensa diseñado para cada trámite procesal y por qué no la seguridad jurídica del ejecutante.

Quizás en un enfoque de lege ferenda deba supeditarse el cumplimiento de tales requisitos a la habilidad del título valor. El reconocimiento legislativo del pagaré de consumo arrojará luz al respecto. Sin embargo, hasta tanto ello no ocurra, no pueden realizarse interpretaciones que vulneran el marco propio de las vías procesales.

En última instancia, el Tribunal Superior de Justicia determinará los alcances del art. 36 LDC en el caso de los pagaré de consumo.



VI. Referencias bibliográficas

Farina, Juan M., Defensa del Consumidor y Usuario, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 37.

Junyent Bas, Francisco & Garzino, M. Constanza, “El “pagaré de consumo”, En: Stiglitz, Gabriel y Hernández, Carlos A. (dirs.), Tratado de derecho del consumidor, Buenos Aires, La Ley, 2015, Tomo II, p. 233 a 302.

Junyent Bas, Francisco (2013a), “Los llamados pagarés de consumo”, Semanario Jurídico, no. 1929, pp. 705-719.

Junyent Bas, Francisco (2013b), “En torno a los llamados “pagarés de consumo”. A propósito de las operaciones de crédito y la titulización de operaciones cambiarias”, DCCyE 2013 (agosto), 01/08/2013, 179, cita online: AR/DOC/2880/2013.

Junyent Bas, Francisco, “Una nueva “vuelta de tuerca” sobre el pagaré de consumo”, Semanario Jurídico, no. 2108 (07.06.2017), p. 961.

Ossola, Federico & Varizat, Andrés, “Procedimientos judiciales y administrativos: régimen vigente y experiencia habida en la Provincia de Córdoba” En: Stiglitz, Gabriel y Hernández, Carlos A. (dirs.), Tratado de derecho del consumidor, Buenos Aires, La Ley, 2015, Tomo IV, p. 807 a 862.

Paolantonio, Martín E., “Monólogo de fuentes: el pagaré de consumo”, L.L., miércoles 20 de mayo de 2015.

Rodríguez Junyent, Santiago, “El “Test de Relación de Consumo” a los fines de la inhibición de oficio del art. 36 de la LDC”, Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa, La Ley, Año V, Nº 1, Febrero de 2014, p. 60.

Stiglitz, Gabriel y Hernández, Carlos A. (dirs.), Tratado de derecho del consumidor, Buenos Aires, La Ley, 2015.



Notas

1Junyent Bas explica que el pagaré de consumo no es una nueva institución jurídica, sino que se trata de una denominación utilizada para describir un típico título de crédito, un “pagaré”, cuya causa-fuente está constituida por una “relación de consumo” (2017).

2 Cfr. Farina, 1995, p. 37.

3 Junyent Bas, 2017.

4 En la ciudad de Córdoba pueden nombrarse, ejemplificativamente, al Juzgado de 6º Nominación, 30º Nominación (anterior integración), 38º Nominación y 48º Nominación -que presume la relación de consumo pero no declara inhábil la ejecución- así como los fiscales civiles.

5En este sentido, Rodríguez Junyent, 2014.

6 Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba el dictamen fiscal de la Dra. María Lourdes Ferreyra de Reyna en autos “Filippa, Julián C/ Castellano, Ariel Francisco y Otro - Presentación Múltiple - Ejecutivos Particulares - Expte. 5973402”, entre tantos otros.

7 Cám. Civ. y Com. de Cba. de 4ta.Nominación, Sent. Nº 157 de fecha 15.12.2016 en autos “Cetti, Aldo Aníbal c/ Cesar, Jorge Oscar - Presentación Múltiple - Ejecutivos Particulares - Recurso de Apelación - Expte. Nº 2642665/36”.

8 De igual manera, la Cám. Civ. y Com. de Cba. de 6ta. Nominación en autos “Compañía Social de Créditos S.R.L. c/ Heredia, Néstor Javier- Ejecutivo por cobro de cheques, letras o pagares”(Sent. N° 42 de fecha 15/05/17) formuló que: “Esta circunstancia per se, no habilita a que, sin más recaudos, a partir de débiles indicios y amparados en el principio in dubio pro consumidor, nos transportemos al otro extremo del péndulo y presumamos que, ante la duda a todo tipo de título de crédito, le subyace una relación de consumo. Deben extremarse los recaudos a fin de procurar soluciones justas y fundadas”.

9 En igual sentido, Cám. Civ. y Com. de Cba. de 6ta. Nominación en autos “Compañía Social de Créditos S.R.L. c/ Heredia, Néstor Javier- Ejecutivo por cobro de cheques, letras o pagares”(Sent. N° 42 de fecha 15/05/17).

10Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sent. Nº 155 de fecha 23.08.12 en autos “Banco Hipotecario S.A. c/ Aguirre, María Celia y Otra - Ejecución Hipotecaria - Recurso Directo”.

11 Pueden exceptuarse algunos casos como la Cám. Civ. y Com. de Cba. de 6ta. Nominación en autos “Compañía Social de Créditos S.R.L. c/ Heredia, Néstor Javier - Ejecutivo por cobro de cheques, letras o pagares”(Sent. N° 42 de fecha 15/05/17), en el que se estableció que la profesión del actor no es suficiente para considerar la relación de consumo.

12 Cám. Civ. y Com. de Cba. de 1a. Nominación en autos “Más Beneficios S.A. c/ Santillán, Rodolfo Antonio - Ejecutivo por cobro de Cheques, Letras o Pagares - Recurso de Apelación”- Expte. N° 2648111/36 (Sent. Nº 101 de fecha 06/10/16). La Cám. Civ. y Com. de Cba. de 8va. Nominación argumentó en similar sentido en autos “Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Bicentenario Limitada c/ Carames Mónica del Valle- ejecutivo- Recurso de apelación” (Sent. N° 68. 6/06/17).

13 Cám. Civ. y Com. de Cba. de 2da. Nominación en autos “Banco Hipotecario S.A. c/ Carranza Pablo Alejandro - Ejecutivo por cobro de cheques, letras o pagares- Recurso de apelación” (Sent. N° 73 de fecha 25/08/15).

14 Paolantonio, 2015.

15 Cám. Civ. y Com. de Cba. de 5ta. Nominación en autos “Cañete Sebastián c/ Cañada Adolfo Nemesio y otro - Ejecutivo por cobro de cheques, letras o pagares” (Sent. N° 103 de fecha 15/06/14).

16 Cám. Civ. y Com., Sala III, Mar del Plata, Sent. de fecha 06.11.12 en autos “Carlos Giudice S.A. c/ Ferreyra, Marcos de la Cruz s/ Ejecutivo”, expte. n.º 152243, RSD 226/12.

17 Paolantonio, 2015.

18 Cám. Civ. y Com. de Cba. de 2da. Nominación en autos “Banco Hipotecario S.A. c/ Carranza Pablo Alejandro - Ejecutivo por cobro de cheques, letras o pagares- Recurso de apelación” (Sent. N° 73 de fecha 25/08/15).

19 Cám. Civ. y Com. de Cba. de 5ta. Nominación en autos “Cañete Sebastián c/ Cañada Adolfo Nemesio y otro - Ejecutivo por cobro de cheques, letras o pagares” (Sent. N° 103 de fecha 15/06/14).

20 Idem.

21 Cám. Civ. y Com. de Cba. de 5ta. Nominación en autos “Cañete Sebastián c/ Cañada Adolfo Nemesio y otro - Ejecutivo por cobro de cheques, letras o pagares” (Sent. N° 103 de fecha 15/06/14).

22 Cám. Civ. y Com. de Cba. de 8va. Nominación argumentó en similar sentido en autos “Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Bicentenario Limitada c/ Carames Mónica del Valle- ejecutivo- Recurso de apelación” (Sent. N° 68 de fecha 6/06/17).

23TSJ Cba. Sala Civ. Com., in re: “Aguas Cordobesas S.A. c/ Eduardo Ezequiel Latzina -Ejecutivo- Recurso de Casación-”, Sent. N° 80- 29/08/2.007); TSJ, in re: “Juárez Peñalba y otros c/ Baldasarre de González -Ejecución Hipotecaria”; Sent. N° 32- 18/04/97).

24 Cám. Civ. y Com. de Cba. de 9na. Nominación en autos “Banco Macro S. A. contra Soriano, Marcelo David - Ejecutivo por Cobro de Cheques, Letras o Pagarés- Recurso de Apelación - Expte. 2661478/36” (Sent. N° 2 de fecha 10/02/17).

25 TSJ Cba., Sala Civ. y Com, 4/II/1997.

26 TSJ Cba., Sala Civ. y Com., 20/XII/2000, Sent. nº 190.

27 Cám. Civ. y Com. de Cba. de 4ta.Nominación, Sent. Nº 157 de fecha 15.12.2016 en autos “Cetti, Aldo Anibal c/ Cesar, Jorge Oscar - Presentación Múltiple - Ejecutivos Particulares - Recurso de Apelación - Expte. Nº 2642665/36”.

28 Cám. Civ. y Com. de Cba. de 5ta. Nominación en autos “Cañete Sebastián c/ Cañada Adolfo Nemesio y otro - Ejecutivo por cobro de cheques, letras o pagares” (Sent. N° 103 de fecha 15/06/14).

29 El autor formula la distinción en numerosas obras (2013a, 2013b, 2015 y 2017).

30 Ossola y Varizat, 2015.

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