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Doctrina

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Código Unívoco
1316
Revista
Familia & Niñez
Número
202
Título
LA APELACIÓN ANTE LAS CÁMARAS DE FAMILIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA -El trámite recursivo según el tribunal de origen, la materia apelada y la legislación aplicable-
Autor
Susana Squizzato
Texto

Sumario: 1. La competencia de las Cámaras de Familia. 2. El trámite del recurso de apelación ante las Cámaras de Familia. 3. Diferentes trámites según el tribunal de origen, la materia apelada y la legislación aplicable. 3.1. Apelación contra resolución dictada por un Juzgado de Familia de la ciudad de Córdoba (CPF, Ley n.º 10305). 3.2. Apelación contra resolución dictada por un Juzgado de Niñez y Adolescencia (Ley n.º 9944 y CPF) de la ciudad de Córdoba. 3.3. Apelación contra resolución dictada por un Juzgado de Violencia Familiar (Leyes n.º 9283 y 10400; y CPF) de la ciudad de Córdoba. 3.4. Apelación contra resolución dictada por un Juzgado de Violencia de Género (Ley n.º 10401 y CPF) de la ciudad de Córdoba. 3.5. Apelación contra resolución dictada por un Juzgado con competencia en Familia de las ciudades de Alta Gracia, Jesús María, Carlos Paz y Río Segundo (CPCC). 3.6. Apelación contra resolución dictada por un Juzgado con competencia en Niñez y Adolescencia (Ley n.º 9944 y CPCC) de las ciudades de Alta Gracia, Jesús María, Carlos Paz y Río Segundo. 3.7. Apelación contra resolución dictada por un Juzgado con competencia en Violencia Familiar (Leyes n.º 9283 y 10400; y CPCC) de las ciudades de Alta Gracia, Jesús María, Carlos Paz y Río Segundo. 3.8. Apelación contra resolución dictada por un Juzgado con competencia en Violencia de Género (Ley n.º 10401 y CPCC) de las ciudades de Alta Gracia, Jesús María, Carlos Paz y Río Segundo. 3.9. Apelación de honorarios contra resolución dictada por un Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de la ciudad de Córdoba (CA, Ley n.º 9459 y CPF). 3.10. Apelación de honorarios contra resolución dictada por un Juzgado con competencia en Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de las ciudades de Alta Gracia, Jesús María, Carlos Paz y Río Segundo (CA, Ley n.º 9459 y CPCC). 4. A modo de conclusión. 5. Bibliografía.



1. La competencia de las Cámaras de Familia

A modo de introducción cabe señalar que el presente comentario tiene por objeto repasar la actividad procesal que efectúan las Cámaras de Familia de Primera y Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba, pero reduciendo el análisis al trámite del recurso de apelación.

En el punto, es dable recordar que a partir de la vigencia del Código de Procedimiento de Familia (Ley n.º 10305, publicado en el BO el día 8/10/2015) se ha producido una profunda modificación en la órbita de competencia de estos tribunales. Ello es así porque al derogarse la Ley n.º 7676, mediante el art. 179 de la Ley n.º 10305, en adelante CPF, las Cámaras de Familia han dejado de ser -en términos generales- tribunales de sentencia1. En efecto, en la actualidad la principal actividad jurisdiccional que despliegan implica la decisión de los recursos de apelación (art. 20 inc. 3 del CPF) deducidos en contra de las resoluciones dictadas por los Juzgados de Familia de la ciudad de Córdoba.

Lo expuesto es sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 178 (Disposición transitoria) del mismo cuerpo legal, que en la práctica se traduce en el dictado de sentencias y resoluciones en los juicios o procedimientos en los que la Cámara se encontraba avocada (habiendo el nuevo CPF suprimido la competencia de la misma), tales como divorcios, filiaciones, adopciones, alimentos, entre otros.

A su vez, la competencia funcional de los referidos tribunales de alzada incluye el conocimiento de la ejecución de las decisiones del superior, de la recusación o excusación de sus miembros y de los Jueces de Familia, con exclusión del recusado o excusado; de los recursos deducidos contra las resoluciones dictadas por los Jueces de Familia y de las quejas por denegación de recursos y de las quejas por retardo de justicia contra los jueces inferiores (art. 20 del CPF).

En tal marco, no puede dejar de señalarse que las Cámaras de Familia también cumplen la función de tribunal de alzada en relación a las resoluciones que dictan los Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de la ciudad de Córdoba. En efecto, la Cámara de Familia resulta competente para resolver las apelaciones de conformidad a lo prescripto por el art. 122 de la Ley n.º 9944 (Normas transitorias), que establece la continuidad de la actuación por los órganos jurisdiccionales que las desempeñen al momento de la sanción de este plexo legal2-3 hasta tanto se instrumente la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar en la primera circunscripción4.

Por otra parte, actúan como tribunal de alzada respecto de los pronunciamientos que dictan los Tribunales de la Primera Circunscripción en tales materias, a saber: familia, niñez, adolescencia, violencia familiar y de género. En efecto, la competencia de las Cámaras de Familia alcanza a las ciudades de Alta Gracia, Jesús María, Carlos Paz y Río Segundo. Al respecto se ha sostenido que los Juzgados de las ciudades que se encuentran geográficamente situados en la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia (art. 12 de la Ley n.º 8000), reúnen en un único magistrado la calidad de Juez en lo Civil y Comercial; Juez de Conciliación y Juez de Familia, aplicando en la tramitación de las causas las leyes específicas de la materia de que se trate. Y al estar insertos en la estructura orgánica de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, su tribunal de alzada se determina en atención a la materia sobre la cual versa la causa en particular; esto es, si el magistrado ha actuado en su calidad de Juez de Familia su alzada serán, las Cámaras de Familia de la capital, asiento de la Primera Circunscripción5.

A todo lo reseñado, debe adicionarse la intervención como alzada respecto de los recursos de apelación de honorarios (art. 121 de la Ley n.º 9459) que con relación a las materias descriptas supra dictan todos los tribunales de la primera circunscripción judicial.



2. El trámite del recurso de apelación ante las Cámaras de Familia

De la simple lectura del resumen de la actividad jurisdiccional que cumplen las Cámaras de Familia de la ciudad de Córdoba se puede advertir que en el quehacer diario se aplican diferentes legislaciones que necesariamente impactan en el trámite que corresponde imprimirle a la apelación.

En el punto cabe aclarar que la referencia al trámite de la apelación que se efectúa seguidamente se limita a consideraciones relativas a los plazos y la forma de interposición, el corrimiento de traslados y los plazos para resolver. Escapa al presente comentario todo lo atinente al tipo de resolución apelada, taxatividad legal, principios de irrecurribilidad o impugnabilidad, legitimación y demás recaudos de admisibilidad formal y procedencia (arts. 126 del CPF y 355 del CPCC).

Efectuada esta salvedad, se puede afirmar que no será igual el trámite recursivo (en el sentido recién acotado) si la resolución apelada fue dictada por un Juzgado de Familia de Córdoba Capital, en el cual se aplica lo dispuesto por el CPF (y solo de manera supletoria el CPCC, por la remisión efectuada en el art. 177 del CPF), que por un tribunal también de la ciudad de Córdoba pero con competencia en Niñez y Adolescencia por aplicación de la Ley n.º 9944, de Violencia Familiar conforme los recaudos que establecen las Leyes n.º 9283 y 10400 y de Género en atención a lo dispuesto por la Ley n.º 10401. En estos tres últimos casos, el trámite del recurso tiene vicisitudes propias impuestas por la ley de fondo que deben matizarse con el Código de Procedimiento de Familia (y supletoriamente con el CPCC).

Repárese que como se puntualizó más arriba la competencia de la Cámara de Familia como tribunal de apelación de los referidos juzgados resulta del art. 122 de la Ley n.º 9944, que establece la continuidad de su actuación -en referencia a los órganos jurisdiccionales que las desempeñen al momento de la sanción de este plexo legal, esto es, al 4/5/2011- hasta tanto se instrumente la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar en la primera circunscripción (art. 63 de la Ley n.º 9944).

No obstante ello, lo cierto es que como alzada la Cámara aplicará distintas normativas conforme la materia apelada.

En cuanto a la legislación aplicable a las apelaciones interpuestas en contra de resoluciones dictadas por el juez de niñez y adolescencia, si bien el art. 112 de la Ley n.º 9944 establece la aplicación supletoria del CPCC, por intervenir como alzada las Cámaras de Familia y por tratarse de resoluciones dictadas por jueces de la ciudad de Córdoba capital, ambas Cámaras de Familia tienen sentado criterio uniforme en orden a que las apelaciones tramitan al amparo de las prescripciones del CPF6.

Es conteste con tal interpretación -en cuanto a la legislación procesal aplicable en la ciudad de Córdoba- lo preceptuado en el Capítulo VI, Disposiciones Complementarias, art. 34 de la Ley n.º 9283 que textualmente reza: “En todo lo que no esté previsto en la presente Ley, serán de aplicación subsidiaria el Código de Procedimiento Civil y Comercial, el Código de Procedimiento Penal y para la ciudad de Córdoba, la Ley de Fuero de Familia n.º 7676 y sus modificatorias”. En efecto, la propia legislación de violencia establece diferentes remisiones normativas conforme la sede de la cual emane la resolución. Ahora bien, siendo que la Ley de Fuero de Familia n.º 7676 y sus modificatorias fueron derogadas en forma íntegra por el art. 179 de la Ley n.° 10305, corresponde interpretar que el art. 34 remite a la legislación de familia vigente. Es en tal entendimiento que el Código de Procedimiento de Familia que rige en la ciudad de Córdoba Capital, será de aplicación supletoria al trámite recursivo de las medidas cautelares que dicten los jueces de violencia familiar de la sede capital (y el CPCC solo por la remisión del art. 177 del CPF).

Por el contrario, la normativa procesal de familia no será aplicable en los restantes tribunales, en los cuales deviene aplicable en todo lo no previsto el CPCC y, entre tales normas, la especial regulación de los recursos. Repárese que mientras en los tribunales de familia de la ciudad de Córdoba se aplica el Código de Procedimiento de Familia de la Provincia de Córdoba (Ley n.º 10305), en los Juzgados satélites de la primera circunscripción judicial, su aplicación se encuentra suspendida en virtud de la Ley n.º 8763, y, por ende, rige el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba (Ley n.º 8465 y sus modificatorias)7. Sobre este aspecto se ha sostenido que sin embargo, la suspensión dispuesta no significa que deba alterarse la determinación de cuál es su tribunal de alzada. Ello se compadece con la necesidad de especialización de la magistratura a la que respondió la creación del fuero de familia en la provincia. La competencia de alzada respecto de estos juzgados sigue siendo de las Cámaras de Familia de la Primera Circunscripción Judicial, las cuales deberán ajustarse en estos casos al procedimiento previsto en el CPCC desde que esa es la norma procesal aplicable al juicio de que se trata. La Ley n.º 8763 no altera la competencia del Juzgado de Primera Instancia ni de la Cámara, pero obliga a uno y otra a ajustar el procedimiento a lo dispuesto en el CPCC8.

Tal hipótesis se presenta cuando el pronunciamiento objeto de embate recursivo proviene de un Juzgado con competencia en Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de las ciudades de Alta Gracia, Jesús María, Carlos Paz y Río Segundo, en las que el trámite surgirá de la interpretación armónica del CPCC y de las leyes especiales.

Por último, en los recursos de apelación de honorarios del art. 121 del CA (Ley n.º 9459) que se interponen en contra de pronunciamientos dictados en causas vinculadas a las específicas materias enumeradas, que caen bajo la órbita del entendimiento de las Cámaras de Familia, también deben efectuarse adaptaciones procesales mínimas conforme la resolución emane de un tribunal de la ciudad de Córdoba (CPF) o de las restantes sedes (CPCC).



3. Diferentes trámites según el tribunal de origen, la materia apelada y la legislación aplicable

A continuación se puntualizan algunas diferencias en los trámites de la apelación según el tribunal de origen, la materia apelada y la legislación aplicable, todo conforme la jurisprudencia emanada de las Cámaras de Familia:



3.1. Apelación contra resolución dictada por un Juzgado de Familia de la ciudad de Córdoba (CPF, Ley n.º 10305)

El recurso de apelación en contra de la resolución dictada por un Juzgado de Familia de la ciudad de Córdoba debe interponerse fundado dentro del plazo fatal de diez (10) días siguientes a la notificación de la resolución recurrida (art. 144 del CPF), esto es, excluido el día de la notificación (art. 50 del CPCC) y añadido el plazo de gracia de las dos primeras horas de oficina del día hábil siguiente (art. 53 del CPCC)9. El juez de primera instancia luego de efectuar el control de admisibilidad provisorio (plazo de interposición, legitimación, resolución recurrible, interposición fundada, entre otros, art. 126 del CPF10), procede a elevar (art. 145 del CPF) las actuaciones o un cuerpo de copias de apelación (según corresponda, en atención al efecto del recurso de apelación, arts. 132 y 150 del CPF) a la Cámara de Familia, “por sorteo como recurso de apelación” o “por asignación directa”, si alguna de las Cámaras ha prevenido11.

Avocada la alzada, se corren los traslados de ley, a la contraria y, en su caso, al Asesor o Fiscal interviniente, por el plazo fatal de diez (10) días hábiles. En efecto, el art. 146 del CPF establece que una vez recibidos los autos y previo examen de admisibilidad formal (control definitivo), la Cámara de Familia correrá traslado de la expresión de agravios a la contraria para que los conteste o en su caso adhiera al recurso. De igual manera se procederá de modo sucesivo con todas las partes del proceso y el Ministerio Público Pupilar y Fiscal, si correspondiera.

Evacuados los traslados o vencidos los plazos, se dicta el decreto de “autos” (art. 149 del CPF) o de “autos para sentencia” (art. 152 del CPF), dependiendo de la clase de resolución a dictar, sea un auto o una sentencia. En el primer caso, firme dicha providencia la causa pasa a fallo por el plazo fatal de treinta (30) días hábiles. En el segundo supuesto, esto es, cuando lo apelado es un sentencia (tal el caso de la nulidad del matrimonio, divorcio, filiación, adopción, privación de la responsabilidad parental, entre otros12), una vez firme la providencia que llama autos para sentencia se dispone el orden y la votación por sorteo y se certifica el pase a voto por el plazo de diez (10) días cada vocal. Concluido el estudio pasan a acuerdo para fijar los puntos por cinco (5) días y cada vocal fundará su voto en el orden sorteado o adherirá al del otro. Sin perjuicio de ello, el presidente puede ordenar el estudio conjunto de la causa en el plazo de veinte (20) días. Logrado el acuerdo, en cinco (5) días se redacta y suscribe la sentencia (art. 152 del CPF).

Para el supuesto en que se haya interpuesto recurso de reposición y apelación en subsidio, rechazada la reposición el tribunal de primera instancia debe proveer lo que corresponda al recurso incoado en subsidio (aplicación supletoria del art. 364 del CPCC), que en el caso se traduce en correr traslado al apelante a los fines de que exprese agravios (art. 144 de la Ley nº 10305) con relación al recurso de apelación incoado en subsidio, por el plazo fatal de diez (10) días hábiles desde la notificación de dicha providencia; y recién luego procede a elevar los obrados, previo efectuar el correspondiente control de admisibilidad provisorio. Continuando la sustanciación ante la alzada de la misma manera recién enunciada13.

Resta señalar que suele acontecer -en la alzada- que al correrse traslado de la expresión de agravios a la contraria (por el plazo fatal de diez (10) días), la misma lo evacue y además interponga recurso de apelación por adhesión (arts. 146 y 147 del CFP). De la adhesión se correrá traslado al apelante, demás partes del proceso y al Ministerio Público Pupilar y Fiscal, en su caso, por igual plazo. Si hubiera más de una adhesión se correrá un solo traslado de todas ellas a las partes del proceso y a los representantes del Ministerio Público Pupilar y Fiscal, si correspondiera.



3.2. Apelación contra resolución dictada por un Juzgado de Niñez y Adolescencia (Ley n.º 9944 y CPF) de la ciudad de Córdoba

En contra de la resolución que adopta el Juzgado de Niñez y Adolescencia al efectuar el control de legalidad de las medidas excepcionales (art. 48 de la Ley n.º 9944), la niña, niño o adolescente con abogado del niño si hubiera intervenido, los representantes legales, familiares o responsables con sus letrados, el ministerio pupilar y demás partes en el proceso pueden interponer el recurso de apelación, en forma fundada y dentro del plazo fatal de cinco (5) días hábiles desde la notificación de la resolución. La apelación es concedida con efecto no suspensivo de conformidad a lo previsto por el art. 57 de la Ley n.º 994414.

Si bien, como se recordó más arriba el art. 112 de la Ley n.º 9944 remite en forma supletoria al CPCC, lo cierto es que siendo que la Cámara de Familia de la ciudad de Córdoba es el tribunal de alzada para todos los recursos incoados en contra de los pronunciamientos que emanen de dichos tribunales, sean en materia de niñez y adolescencia, o de violencia familiar o de género hasta que se instrumenten las respectivas Cámaras (arts. 63 inc. c), 68 y 122 de la Ley n.º 9944), se ha interpretado en forma coherente el sistema legal junto a la normativa de violencia familiar que habilita la aplicación de la legislación procesal de familia a dichas apelaciones.

Puede reseñarse un pronunciamiento en el cual la alzada hizo saber que -sin perjuicio del trámite impreso al recurso de apelación impetrado conforme la derogada Ley n.º 7676 en cuyo marco la apelante expresó agravios, los que fueron contestados por la representante complementaria- el procedimiento habrá de continuar ante esta Cámara de Familia conforme la normativa vigente (Ley n.º 10305), oportunidad en que habrá de correrse el traslado faltante15.

De allí que el tribunal de primera instancia, luego de efectuar el control provisorio de admisibilidad (art. 126 del CPF), en lo atinente al plazo de interposición en cinco (5) días y que la apelación se encuentre fundada (a más de controlar los demás recaudos de admisibilidad) debe elevar los obrados ante la Cámara de Familia. La alzada luego de avocada, procede a correr los traslados de ley por el plazo fatal de diez (10) días a las demás partes y participantes, quienes podrán adherir a la apelación (arts. 146 y 147 del CPF).

En cuanto a la fatalidad de los plazos para contestar el traslado de la expresión de agravios, puede señalarse un caso en el cual la alzada rechaza un recurso de reposición interpuesto por improcedente en contra del proveído que no hace lugar a la contestación de agravios por extemporánea. Ello con fundamento en la facultad de contralor del cumplimiento de las normas procesales vigentes en garantía del debido proceso y la defensa en juicio. En dicha oportunidad se sostuvo que los plazos procesales establecidos por el Código de Procedimiento de Familia de Córdoba son fatales (art. 15 inc. 4 de la Ley n.º 10305) y, por ende, una vez cumplidos producen sin más la caducidad de la facultad procesal prevista por la ley para las partes y el tribunal16, sin necesidad de petición de decaimiento del derecho. Con tal fundamento se descartó la pretensión de considerar el plazo para evacuar el traslado como no fatal, conforme lo dispone el CPCC (como por ejemplo en trámites ordinarios, arts. 372 y 373 del CPCC).

Finalmente, contestados los agravios o vencido el plazo para hacerlo, se dicta el decreto de “autos” (art. 149 del CPF) o de “autos para sentencia” (art. 152 del CPF), dependiendo la clase de resolución a dictar sea un auto o una sentencia.

Por lo demás, si el recurso de apelación se dirige en contra de otras resoluciones dictadas por el sentenciante de niñez y adolescencia (guarda, adopción, entre otras), el trámite que corresponde aplicar es el previsto por el CPF17 (ver punto 3.1. precedente).



3.3. Apelación contra resolución dictada por un Juzgado de Violencia Familiar (Leyes n.º 9283 y 10400; y CPF) de la ciudad de Córdoba

El art. 21 de la Ley n.º 9283 -de Violencia Familiar-, modificado por el art. 13 de la Ley n.° 10400 (publicada el 25/11/2016) prescribe que las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan, modifiquen o dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes o impongan sanciones, son apelables dentro del plazo de tres (3) días hábiles. A continuación explicita que la apelación contra resoluciones que concedan medidas preventivas urgentes se concederá sin efecto suspensivo. Mientras que la apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de tales medidas se concederá con efecto suspensivo.

Como se expuso supra efectuando un análisis coherente del sistema debe interpretarse que el art. 34 de la Ley n.º 9283 en tanto remite a la ley de familia derogada (Ley n.º 7676) resulta extensible a la legislación de familia actualmente vigente. Es en tal entendimiento que el Código de Procedimiento de Familia (CPF) que rige en la ciudad de Córdoba Capital será de aplicación supletoria al trámite recursivo de las medidas cautelares que dicten los jueces de violencia familiar de la sede capital, incluidas las cuestiones de género en la modalidad doméstica (conforme lo prescripto por el art. 2 de la Ley n.º 10401).

Lo dicho, no es una cuestión menor desde que si la normativa aplicable es la Ley n.º 10305 las disposiciones emergentes del CPCC solo resultan de aplicación supletoria, y ante la ausencia de previsión específica de la normativa foral, conforme lo dispone el art. 177 del CPF. De allí que un recurso de apelación que no fue fundado al interponerse en el plazo de tres (3) días hábiles, será considerado inadmisible (arts. 126 y 144 del CPF) en primera instancia o desistido (art. 131 del CPFC) ante la Cámara si fue elevado; ello por la falta de fundamentación en tiempo oportuno.

Tal interpretación fue plasmada en el Acuerdo Reglamentario n.º 1546, Serie A, del 11/2/2019, del TSJ Cba, al señalar que el recurso de apelación deberá interponerse por escrito fundado en el término de tres (3) días desde la resolución establecida en la audiencia del art. 22 de la Ley n.º 9283, por ante el mismo juez que la dictó.

En tal caso, el juez de primera instancia luego de efectuar el control de admisibilidad provisorio (art. 126 del CPF) procede a elevar las actuaciones o un cuerpo de copias de apelación (según corresponda, en atención al efecto del recurso de apelación, art. 21 de la Ley n.º 9283 -de Violencia Familiar-, modificado por el art. 13 de la Ley n.° 10400 y art. 150 del CPF).

Avocado, el tribunal existe unanimidad entre las dos Cámaras de Familia en orden a que el traslado a las demás partes y participantes del recurso de violencia familiar debe efectuarse por el plazo de tres (3) días hábiles. Ello resulta de una interpretación armónica de lo dispuesto por el art. 21 de la Ley n.º 9283 y los arts. 126, 144 y 146 del CPF. Así, se concede igual plazo que para fundar la apelación que para contestarla a los fines de garantizar la igualdad de las partes en el proceso (art. 16 de la CN). Es que precisamente el traslado de la expresión de agravios mantiene la igualdad entre las partes en el juicio, esto es, permite que se las escuche a todas y responde a uno de los principios constitucionales (debido proceso).

Idéntico criterio se pregona para aquellos supuestos en que la parte recurrente haya incoado recurso de reposición y apelación en subsidio. Así, desestimada que fuera la revocatoria corresponde al tribunal de primera instancia correr el traslado al apelante por el plazo fatal de tres (3) días para que exprese sus agravios; y recién proceder a la elevación de los obrados.

Hecha esta salvedad, avocada la alzada, corridos los traslados y contestados los agravios o vencido el término para hacerlo, la causa pasa a estudio para la decisión del artículo, debiendo pronunciarse la Cámara de Familia en el término de treinta (30) días a partir de que quede firme el decreto de autos (art. 149 del CPF).



3.4. Apelación contra resolución dictada por un Juzgado de Violencia de Género (Ley n.º 10401 y CPF) de la ciudad de Córdoba

El recurso de apelación contra las resoluciones de violencia de género debe interponerse en tres (3) días hábiles (art. 21 de la Ley n.º 10401) desde la notificación de la resolución recurrida y fundado (art. 144 del CPF) ante el mismo tribunal que dictó el pronunciamiento, quien luego de efectuar el control de admisibilidad provisorio del recurso (art. 126 del CPF), debe proceder sin más a elevar las actuaciones a la Cámara de Familia.

El art. 21 de la Ley n.º 40401 prescribe que las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan, modifiquen o dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes o impongan sanciones, son apelables dentro del plazo de tres (3) días hábiles. La apelación contra resoluciones que concedan medidas preventivas urgentes se concederá sin efecto suspensivo. Mientras que la apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de tales medidas se concederá con efecto suspensivo.

La aplicación del CPF surge del mismo texto legal, pues luego de enunciar las medidas cautelares y de aseguramiento, que entre otras, pueden disponerse en los procedimientos relacionados con violencia hacia las mujeres por cuestiones de género (salvo en la modalidad doméstica, art. 11 de la ley n.º 10401), en el art. 12 prescribe que serán adoptadas inaudita parte cuando la urgencia lo amerite; caso contrario, tramitarán por la vía del incidente del art. 99 de la Ley n.º 10305.

De allí que interpuesta en tiempo y forma una apelación en contra del pronunciamiento dictado, el juzgador procederá a elevar los obrados o su cuerpo de copias (conforme el efecto del recurso) “por sorteo como recurso de apelación” o “por asignación directa”, si alguna de las Cámaras ha prevenido.

Avocada la alzada, se corren los traslados de ley, a la contraria y, en caso, al Asesor o Fiscal interviniente, por el plazo fatal de tres (3) días hábiles, conforme el criterio sentado en el punto 3.3 precedente.

Evacuados los traslados o vencidos los términos se dicta el decreto de autos. Firme dicha providencia la causa pasa a fallo por el plazo fatal de 30 días hábiles.

En el punto puede recordarse un proveído en el cual la alzada, tras aseverar que siendo que el trámite del recurso es de orden público y, por ende, no es susceptible de ser modificado por las partes ni por la a quo, deja sin efecto los proveídos dictados por el juez por el cual corre los traslados de primera instancia. En dicha oportunidad se consideró que “El tribunal interviniente, luego de habilitar el receso judicial extraordinario, concede dicho recurso y en lugar de proceder a elevar las actuaciones a los fines de la sustanciación del recurso de apelación ante la alzada, conforme la normativa supletoria vigente (art. 25 de la Ley n.° 10401 y arts. 145 y 146 del Código de Procedimiento de Familia), procede a correr los traslados de ley por su orden a la denunciante y al denunciado, por el plazo de diez (10) días, y no por tres (3) días según lo interpretado por ambas Cámaras de Familia en torno a los arts. 21 de la Ley n.° 10401 y 146 del CPF, en atención a la necesidad de resguardar la igualdad de las partes en el proceso”18, motivo por el cual se dejan sin efectos los proveídos dictados.



3.5. Apelación contra resolución dictada por un Juzgado con competencia en Familia de las ciudades de Alta Gracia, Jesús María, Carlos Paz y Río Segundo (CPCC)

En tales casos la apelación se debe interponer en el plazo fatal de cinco (5) días siguientes al de la notificación de la sentencia mediante diligencia o por escrito, sin requerirse la fundamentación en dicho acto (art. 366 del CPCC). Si el juzgador estima que los recaudos de admisibilidad (art. 355 del CPCC) se encuentran cumplimentados, procederá a concederlo, notificando a las partes y participantes a los fines de que constituyan domicilio ante la alzada a los fines de la prosecución del trámite dado que el superior tiene asiento en otra sede (arts. 367 y 368 del CPCC), y elevando los autos en tres (3) días de notificada la concesión (art. 369 del CPCC) o sus copias (art. 369 del CPCC).

Luego de recibidos (art. 370 del CPCC), la alzada se avoca y dispone el traslado a la parte apelante para que exprese agravios en el plazo fatal de diez (10) días (art. 371 del CPCC) y al apelado para que los conteste en el plazo de diez (10) días y, en su caso, adhiera (art. 372 del CPCC). Dicho término será fatal si el trámite es abreviado19, y no fatal si es ordinario. Por lo demás, el art. 377 del CPCC dispone que evacuados los traslados o en su caso producida la prueba, se pasarán los autos a estudio. Si se diligenció prueba las partes podrán presentar sus alegatos y una vez firme el decreto a estudio y vencido el plazo del art. 378 del CPCC, el expediente es entregado por el secretario a los miembros del tribunal por veinte (20) días cada uno, en el orden que indique el sorteo, pudiendo el presidente ordenar el estudio conjunto de la causa en veinte (20) días (art. 379 del CPCC). Concluido el estudio, pasan los autos a acuerdo por cinco (5) días y se dicta la resolución o se fija audiencia pública para dictar sentencia en cinco (5) días (arts. 380, 381 y 382 del CPCC).

En suma, la Cámara de Familia entiende en los recursos de apelación deducidos en contra de las resoluciones dictadas por los jueces con competencia en familia de los tribunales satélites aplicando el CPCC, y no el CPF, cuya vigencia sigue restringida -en lo que aquí interesa- a los tribunales de la ciudad de Córdoba20.



3.6 Apelación contra resolución dictada por un Juzgado con competencia en Niñez y Adolescencia (Ley n.º 9944 y CPCC) de las ciudades de Alta Gracia, Jesús María, Carlos Paz y Río Segundo

Cuando el recurso de apelación se dirige en contra de un pronunciamiento emanado de un tribunal con competencia en Niñez y Adolescencia de las ciudades de Alta Gracia, Jesús María, Carlos Paz y Río Segundo el trámite recursivo queda regido por la Ley n.º 9944 y por el CPCC.

En efecto, debe respetarse lo dispuesto por el art. 57 de la Ley n.º 9944 en cuanto a su interposición fundada en el plazo de cinco (5) días ante el juez que dictó la resolución cuestionada. El tribunal luego de controlar el cumplimiento de tales recaudos (art. 355 del CPCC) concede el recurso de apelación sin efecto suspensivo, notifica a las partes y participantes a los fines de que constituyan domicilio ante la alzada para la prosecución del trámite dado que el superior tiene asiento en otra sede (arts. 367 y 368 del CPCC), y eleva los autos en tres (3) días de notificada la concesión (art. 369 del CPCC).

Recibidos por la Cámara de Familia se avoca y corre los traslados de ley por el plazo de diez (10) días a la parte apelada, de los agravios vertidos en primera instancia por el apelante, y demás participantes, continuando el trámite conforme lo disponen los arts. 370 y sig. del CPCC.

A diferencia de lo que acontece por aplicación del CPF respecto a las apelaciones contra resoluciones de jueces de la ciudad de Córdoba (30 días de estudio, art. 149; o 10 días cada uno, art. 152 del CPF), los autos pasan a estudio por el plazo de veinte (20) días para cada vocal, en el orden que indique el sorteo, pudiendo el presidente ordenar el estudio conjunto de la causa en veinte (20) días (art. 379 del CPCC). Luego cinco (5) días a acuerdo y vencido el plazo se fija audiencia a los fines de la lectura de la sentencia (art. 382 del CPCC). Como se observa son mayores los plazos para el dictado de la resolución, salvo que se disponga un estudio conjunto.



3.7. Apelación contra resolución dictada por un Juzgado con competencia en Violencia Familiar (Leyes n.º 9283 y 10400; y CPCC) de las ciudades de Alta Gracia, Jesús María, Carlos Paz y Río Segundo

Contra la resolución dictada por un Juzgado con competencia en Violencia Familiar de las demás sedes de la primera circunscripción judicial el recurso de apelación también debe interponerse en el plazo fatal de tres (3) días hábiles desde su notificación (art. 21 de la Ley n.º 9283 -de Violencia Familiar-, modificado por el art. 13 de la Ley n.° 10400). No obstante ello, la fundamentación del recurso tendrá lugar recién ante la alzada en oportunidad del corrimiento del traslado a la parte apelante para que exprese sus agravios (art. 371 del CPCC) por el plazo de diez (10) días. Ello es así dado que en el régimen recursivo del CPCC basta la interposición mediante diligencia o por escrito, sin requerirse la fundamentación en dicho acto (art. 366 del CPCC).

Al respecto, se ha sostenido al admitir un recurso directo que la normativa citada no prevé expresamente que la interposición de la apelación deba ser fundada, por lo que no le asiste razón al a quo en denegar la apelación en razón de no haberse expresado agravios ante su tribunal, ya que de conformidad a lo dispuesto por el art. 371 del CPCC (aplicable al caso en virtud de la remisión que hace el art. 34 LVF), es el tribunal de apelaciones quien debe correr traslado al apelante para que exprese los agravios21.

En otras palabras, cuando el recurso de apelación ha sido interpuesto en tres (3) días hábiles por escrito o por diligencia ante el juez con competencia en violencia familiar de las sedes del interior, y ha sido concedido (previa notificación para constituir domicilio en la alzada), se elevan los autos y luego de recibidos se dispone el traslado a la parte apelante para que exprese agravios, al apelado para que los conteste y se pasan los autos a estudio (arts. 366 y sig. del CPCC). En este sistema recursivo si bien la apelación debe interponerse en el plazo fatal de tres (3) días ante el juez de primera instancia (art. 21 de la Ley n.º 9283), los traslados en la alzada se corren por el plazo de diez (10) días, desde que a diferencia de lo que ocurre respecto del sistema capitalino, no se produce ninguna desigualdad entre las partes, porque el apelante recién funda el recurso al corrérsele el traslado del art. 371 del CPCC.

Por lo demás, evacuados los traslados se pasan los autos a estudio (art. 377 del CPCC), el expediente es entregado por el secretario a los miembros del tribunal por veinte (20) días cada uno, en el orden que indique el sorteo, pudiendo el presidente ordenar el estudio conjunto de la causa en veinte (20) días (art. 379 del CPCC).



3.8. Apelación contra resolución dictada por un Juzgado con competencia en Violencia de Género (Ley n.º 10401 y CPCC) de las ciudades de Alta Gracia, Jesús María, Carlos Paz y Río Segundo

El trámite recién reseñado resulta igualmente aplicable a las apelaciones en contra de medidas adoptadas en materia de violencia de género. En efecto, el camino procesal surge de la interpretación armónica de la ley de violencia de género y el CPCC. Así, en el plazo de tres (3) días debe interponerse la apelación ante el juez interviniente pero sin fundamentación (art. 21 de la Ley n.º 10401), porque el traslado para que exprese agravios el apelante será corrido en la alzada por el plazo de diez (10) días (art. 371 del CPCC). Los autos pasan a estudio y se dicta la resolución, conforme los arts. 377 y sig. del CPCC.

No empece lo dicho la consideración efectuada supra en torno a que el art. 12 de la Ley n.º 10401 remite al trámite incidental de la Ley n.º 10305. Ello desde que el CPF no se aplica en las sedes referidas22.



3.9. Apelación de honorarios contra resolución dictada por un Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de la ciudad de Córdoba (CA, Ley n.º 9459 y CPF)

El art. 121 del CA es claro al establecer que los recursos ordinarios, en el caso la apelación, se deben articular en el plazo de cinco (5) días y deben fundarse ante el inferior en el escrito de interposición, bajo pena de inadmisibilidad. No obstante ello, lo cierto es que la labor del tribunal no concluye con la concesión del recurso, desde que también en primera instancia se debe notificar el decreto o resolución que lo concede y dentro de los cinco (5) días la contraria puede contestar o adherir. Si se plantea la adhesión, se debe conferir una vista por cinco (5) días a la contraria para que conteste. Recién vencidos tales plazos fatales (perentorios) la causa se eleva de oficio al superior.

Recibidos los obrados, la Cámara de Familia debe resolver el recurso sin sustanciación alguna (art. 122 del CA). En cuanto a los plazos para dictar la resolución, por aplicación del código de procedimiento, la alzada dicta el decreto de “autos” (art. 149 del CPF) y una vez firme dicha providencia la causa pasa a fallo por el plazo fatal de treinta (30) días hábiles.

Desde la doctrina se enseña que el trámite comentado resulta aplicable cuando lo impugnado es solo la regulación de honorarios (haya existido o no incidente regulatorio), pues si se apela simultáneamente lo resuelto sobre el fondo, el procedimiento es el que corresponde a la apelación sobre la cuestión principal, que deberá ajustarse a la norma procesal aplicable al fuero de que se trate. Tampoco es de aplicación dicho trámite recursivo cuando la apelación se dirige contra otras resoluciones adoptadas con respecto a la liquidación de honorarios23.



3.10. Apelación de honorarios contra resolución dictada por un Juzgado con competencia en Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de las ciudades de Alta Gracia, Jesús María, Carlos Paz y Río Segundo (CA, Ley n.º 9459 y CPCC)

Cuando se interpone un recurso de apelación de honorarios en contra de un pronunciamiento dictado por un Juzgado con competencia en Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de las ciudades de Alta Gracia, Jesús María, Carlos Paz y Río Segundo, lo prescripto por el art. 121 del CA (Ley n.º 9459) se completa con lo dispuesto en el CPCC.

La apelación debe incoarse por escrito, en forma fundada, esto es, con expresión de agravios, en el plazo fatal de cinco (5) días hábiles y ante el mismo tribunal que dictó la resolución atacada. El juzgador, luego de efectuar el examen de admisibilidad provisorio (art. 355 del CPCC), concede el recurso interpuesto, el cual será notificado a la contraria en los términos previstos por el mencionado art. 121 del CA, debiendo adicionarse la previsión de que constituyan domicilio ante la alzada a los fines de la prosecución del trámite dado que el superior tiene asiento en otra sede (arts. 367 y 368 del CPCC).

Cursada la notificación respetiva la contraria pueda contestar o adherir al recurso de apelación principal, de lo cual a su vez se dará vista por cinco (5) días a la otra parte. Vencidos los términos fatales se eleva de oficio al superior.

La Cámara de Familia debe resolver sin sustanciación, procediendo a dictar la resolución conforme los plazos previstos por el CPCC. Así, conforme lo dispone el art. 377 del CPCC se pasarán los autos a estudio y una vez firme el decreto a estudio y vencido el plazo del art. 378 del CPCC, el expediente es entregado por el secretario a los miembros del tribunal por veinte (20) días cada uno, en el orden que indique el sorteo, pudiendo el presidente ordenar el estudio conjunto de la causa en veinte (20) días (art. 379 del CPCC). Concluido el estudio, pasan los autos a acuerdo por cinco (5) días y se dicta la resolución.



4. A modo de conclusión

El presente comentario ha querido efectuar un breve recorrido por la actuación jurisdiccional de las Cámaras de Familia de Primera y Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba. En modo alguno puede considerarse que el acotado tema planteado ha sido desarrollado en plenitud. Por el contrario se han esbozado solo algunos lineamientos generales que pueden extraerse de la jurisprudencia citada, de las diversas legislaciones procesales y de fondo aplicables, como así también de los Acuerdos Reglamentarios dictados por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba.

Lo hasta aquí consignado busca visibilizar una pequeña parte de la labor que despliegan las Cámaras de Familia de la ciudad de Córdoba, y a su vez, poder brindar una guía de los diferentes carriles procesales que surcan la actividad recursiva distinguiéndolos según el tribunal de origen, la materia apelada y la legislación aplicable.

Por último, se recuerda que ambas Cámaras de Familia se encuentran desintegradas, motivo por el cual los criterios jurisprudenciales expuestos podrán variar cuando dichos tribunales se integren nuevamente, amén de que habiendo transcurrido solo cinco (5) años de la entrada en vigencia del CPF (BO 8/10/2015), queda mucho camino por recorrer y pueden surgir nuevas miradas sobre la misma cuestión plasmada.



5. Bibliografía

Faraoni, Fabian E.; Susana Squizzato y Juan Pablo Ríos. “Comentario al art. 126 del Código de Procedimiento de Familia de la Provincia de Córdoba”. En Código de Procedimiento de Familia de la Provincia de Córdoba. Comentado - Concordado, dirigido por Nora Lloveras; Olga Orlandi y Fabian E. Faraoni. Tomo II. Córdoba: Editorial Mediterránea, 2017.

Fernández, Raúl E. Impugnaciones ordinarias y extraordinarias en el CPCC de Córdoba. Córdoba: Alveroni Ediciones, 2012.

Ferrer, Adán L. Código arancelario comentado y anotado. Córdoba: Alveroni, 2009.

Rossi, Julia; María Garzón Lascano y Geraldine Báez. “Comentario al art. 2”. En Código de Procedimiento de Familia de la Provincia de Córdoba. Comentado - Concordado, dirigido por Nora Lloveras, Olga Orlandi y Fabian E. Faraoni. Tomo I. Córdoba: Editorial Mediterránea, 2017.

Rossi, Julia; María Garzón Lascano y Geraldine Báez. “Comentario al art. 20”. En Código de Procedimiento de Familia de la Provincia de Córdoba. Comentado - Concordado, dirigido por Nora Lloveras, Olga Orlandi y Fabian E. Faraoni. Tomo I. Córdoba: ed. Mediterránea, 2017.





Notas

* Abogada. Facultad de Derecho, UNC. Especialista en Derecho de Familia. Facultad de Derecho, UNR. Prosecretaria Letrada de la Cámara de Familia de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba.–

1 A mayor abundamiento se recomienda la lectura de Julia Rossi, María Garzón Lascano y Geraldine Báez, “comentario al art. 20”, en Código de Procedimiento de Familia de la Provincia de Córdoba. Comentado - Concordado, dirigido por Nora Lloveras, Olga Orlandi y Fabian E. Faraoni. Tomo I. (Córdoba: ed. Mediterránea, 2017), 196.

2 Ley n.º 9944, Sancionada el 04/05/2011, Promulgada el 03/06/2011 y modificada por la Ley n.° 10637 (BO 05/07/2019).

3 Lo expuesto encuentra su antecedente en el Acuerdo Reglamentario n.º 536, Serie A, de fecha 28/3/2000, del TSJ de Córdoba, donde se estableció la competencia en materia de apelación de la Cámara de Familia de Primera Nominación; dicho acuerdo fue derogado por el n.º 661, Serie A, de fecha 07/4/2003 que a su vez prescribió que hasta que se crearan la Cámaras de Menores, los recursos de apelación se distribuirían en forma equitativa entre las dos Cámara de Familia; y el Acuerdo Reglamentario n.º 675, Serie A, de fecha 30/7/2003, estableció la tramitación de oficio de tales causas.

4 Cám. 2° Flia. Córdoba, A. n.º 7, 11/02/2019, en autos: “B., A. A. - Guarda preadoptiva - Exp. N.º … - Recurso directo - Cambio de efecto” (Expte. N.º …).

5 TSJ Córdoba, Sala Electoral, A.I. n.º 32, 21/12/2000, en autos “D., N. A. s/ Filiación - Recurso de apelación - Cuestión de competencia”.

6 Este criterio, de aplicación del procedimiento de familia, ya se había sostenido durante la vigencia de la derogada Ley n.º 7676 por la Cám. 1° Flia. Córdoba, en autos: “G.,D. G. - Control de legalidad” al sostener que “…no previendo expresamente la normativa especial el ámbito de tramitación de la vía impugnativa intentada en autos, resulta preciso recurrir -a tales efectos- a un criterio de interpretación coherente con el sistema normativo. En ese marco, de conformidad a lo dispuesto por el art. 887 del CPCC (art. 12 de la Ley n.º 9944), corresponde aplicar de manera analógica lo dispuesto a los fines de la tramitación del recurso de apelación por las Leyes n.º 7676 y 9283. También la Cám. 2° Flia. Córdoba, en A. n.º 23, 3/5/2015, “B., M. R. en autos: I., L. - I., J. M. - M., L. - Control de legalidad - Ley 9944 art. 56 - Exp. … - Recurso directo” (Exp. N.º …), había expresado que “el recurso directo ha sido planteado en los términos prescriptos por el art. 402 y sig. del CPCC, siendo que a dicha impugnación corresponde aplicarle de manera analógica los recaudos establecidos en la Ley n.º 7676. Ello es así por resultar extensivo al recurso de queja la reciente jurisprudencia de la Cámara de Familia de Primera Nominación en autos “G., D. G. - Control de legalidad”, que fuera expresamente citada por el a-quo, conforme la cual al no prever la normativa especial (Ley n.º 9944) el ámbito de tramitación del recurso de apelación corresponde aplicar de manera analógica la Ley n.º 7676; ello a los fines de brindar un criterio de interpretación coherente con el sistema normativo”.

7 Cám. 2° Flia. Córdoba, A. n.º 22, 16/3/2017, en autos “L. K., M. U. - F., A. - Divorcio vincular - No contencioso - Recurso de apelación” (Expte. …).

8 TSJ Córdoba, Sala Electoral, A.I. n.º 32, 21/12/2000, en autos “D., N. A. s/ Filiación - Recurso de apelación - Cuestión de competencia”.

9 Raúl E. Fernández, Impugnaciones ordinarias y extraordinarias en el CPCC de Córdoba (Córdoba: Alveroni Ediciones, 2012), 82.

10 Fabian E. Faraoni; Susana Squizzato; Juan Pablo Ríos, “Comentario al art. 126 del Código de Procedimiento de Familia de la Provincia de Córdoba”, en: Código de Procedimiento de Familia de la Provincia de Córdoba. Comentado - Concordado, Tomo II, dirigido por Nora Lloveras; Olga Orlandi y Fabian E. Faraoni (Córdoba: Editorial Mediterránea, 2017), 37.

11 Se recomienda consultar el Manual Operativo del Fuero de Familia aprobado mediante el Acuerdo reglamentario número 1547, Serie “A”, de fecha 11/02/2019, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

12 Arts. 428, 429, 438, 442, 480, 547, 548, 569, 570, 594, 609, 610, 614, 618, 622, 629 y 700 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN).

13 Cám. 2° Flia. Córdoba, 29/02/2016, en autos: “F., C. C/ F., J. C. - Acciones de Filiación - Contencioso” (Exp. Nº …), y 15/3/2016, “D., A. A. y otro -Solicita Homologación” (Exp. Nº …); y también Cám. 1° Flia. Córdoba, A. n.º 102, 23/6/2016, en autos: “G., R. c/ M., G. K. - Medidas Urgentes - Recurso directo”, publicado en Actualidad Jurídica online, código unívoco 18919.

14 Cám. 2° Flia. Córdoba, A. n.º 164, 30/11/2018, en autos: “Cuerpo de copias en apelación en autos “A. G., C. Y. - Control de legalidad (SAC …)” (Expte. N.° …)”.

15 Cám. 2° Flia. Córdoba , proveído de fecha 24/02/2017, en autos: “Exp. nº 3464334-Cpo de copias en S., M. M. M.-R., A. G.-CDL-Exp. 2108268-Recurso de apelación”.

16 Cám. 2° Flia. Córdoba, proveído del 1/10/2020, en autos: “S. V., J. P. - Control de legalidad (Expte. ppal. …) - Cuerpo de copia (Menores prev.)- Expediente: …”.

17 Cám. 2° Flia. Córdoba, A. n.º 141, 2/11/2017, en autos: “A., M. E. - Control de legalidad- (…) - Recurso directo - (Exp. …)”.

18 Cám. 2° Flia. Córdoba, proveído de fecha 24/9/2020, en autos: “P. M. - Denuncia de violencia de género - Cuerpo de apelación”.

19 TSJ Córdoba, A. n.º 113, 10/5/2010, “Apesechea c/ Paredes”, en Diario Jurídico del 3/6/2010.

20 Se recuerda que mediante el Acuerdo Reglamentario n.° 584, del 27/8/2019, Serie A, del TSJ Cba se afectaron desde el 1/9/2019 los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil Comercial y Familia de Primera y Quinta Nominación de la Segunda Circunscripción con sede en Río Cuarto, para que concentren la competencia de familia y, en consecuencia, también aplican el CPF en dichos tribunales.

21 Cám. 1° Flia. Córdoba, A. n.º 82, 23/7/2019, en autos: “T., A. - Denuncia por violencia familiar - Recurso directo - Ley 9283”, Expte. N.º ...

22 Julia Rossi, María Garzón Lascano y Geraldine Báez, “Comentario al art. 2”, en Código de Procedimiento de Familia de la Provincia de Córdoba. Comentado - Concordado, Tomo I, dirigido por Nora Lloveras, Olga Orlandi y Fabian E. Faraoni (Córdoba: Editorial Mediterránea, 2017), 38.

23 Adán Luis Ferrer, Código arancelario comentado y anotado (Córdoba: Alveroni, 2009), 290, 298, 300 y sig.

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