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Jurisprudencia

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Código Unívoco
19177
Fecha
28/06/2016
Materia
Civil y Comercial
Revista
Otro Medio
Número
Tribunal
T.S.J. Sala Civil y Comercial
Resolución
Sentencia 75
Carátula
CRESPO VICTOR RICARDO C/ BOURNOT HECTOR ORDINARIOS OTROS RECURSO DIRECTO (Civil) (EXPTE. Nº 2738286/36)
Título
Daños y perjuicios .Intereses moratorios: Similitud entre el art. 622 del CC y el art. 768 del CCCN. Presunción de existencia de daño resarcible a partir de la mora. Pretensión accesoria no implícita. Deben ser peticionados en la demanda.
Texto

SENTENCIA NUMERO: SETENTA Y CINCO.


 


En la ciudad de Córdoba, a los VEINTIOCHO días del mes de JUNIO de dos mil dieciséis, siendo las ONCE Y QUINCE hs., se reúnen en audiencia pública, los Sres. Vocales integrantes de la Sala Civil y Comercial del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Dres. María Marta Cáceres de Bollati, Carlos Francisco García Allocco y Domingo Juan Sesín, bajo la presidencia de la primera, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “CRESPO VICTOR RICARDO C/ BOURNOT HECTOR ORDINARIOS OTROS  RECURSO DIRECTO (Civil) (EXPTE. Nº 2738286/36)”, procediendo en primer lugar a fijar las siguientes cuestiones a resolver.


PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso directo?.


SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿que pronunciamiento corresponde?.


Conforme al sorteo que en este acto se realiza, los Sres. Vocales votan en el siguiente orden: Dres. María Marta Cáceres de Bollati, Carlos Francisco García Allocco  y Domingo Juan Sesín.


 


A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:


I. El Señor Víctor Crespo –mediante apoderada, deduce recurso directo en autos “CRESPO, VÍCTOR RICARDO C/ BOURNOT, HÉCTOR – ORDINARIO – OTROS – RECURSO DIRECTO (Civil)” Expte. nº 2738286/36), en razón que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación de esta Ciudad le denegó el recurso de casación intentado por la causal contemplada en el inciso 1° del art. 383 del C.P.C.C. (Auto Interlocutorio número ciento cincuenta y cinco de fecha 11 de mayo de 2.015), oportunamente deducido contra la Sentencia número uno fechada el 10 de febrero del año 2.015.


Dictado y firme el proveído de autos (fs. 122) queda el recurso en estado de ser resuelto.


II. El contenido de la presentación directa admite el siguiente compendio:


Luego de reseñar lo acontecido en la causa, y de relacionar el contenido del memorial casatorio y la denegatoria, el quejoso sostiene que la repulsa no ha ponderado correctamente los motivos de su impugnación.


Considera que la Cámara Aquo se limitó en forma arbitraria a decir de manera genérica y desvinculada de los concretos agravios que había esgrimido en el embate repelido, que la impugnación constituía mera discrepancia subjetiva con los fundamentos de la decisión.


Destaca que en el punto 4.8 del memorial casatorio denunció que la sentencia incurre en violación al principio de congruencia, en ausencia de razón suficiente, en falta de fundamentación lógica y legal, en excesivo rigorismo formal, y que el fallo no atiende las concretas constancias de la causa en orden al daño moral y a los intereses.


Asevera que estos vicios han sido afirmados en forma concreta y puntual, indicándose además la trascendencia de los mismos, en especial en orden al rubro intereses, cuya lesión al derecho de propiedad alega configurada al no haberse condenado a su pago pese a que en varios actos procesales ha incluido expresamente el pedido de los mismos.


Puntualiza que no existió, de su parte, renuncia a la percepción de los intereses, y que la decisión importa un enriquecimiento sin causa del demandado que ha provocado un daño al actor. Más adelante afirma que la jurisprudencia que utilizó el Tribunal Aquo para justificar la improcedencia del rubro no se adecua al caso sometido a juzgamiento por tener una base fáctica absolutamente diferente.


Con relación al daño moral, manifiesta haber denunciado en su memorial de casación que el fallo incurría en omisión de considerar que, de las constancias del expediente que dice acompañar, surge que se ha acreditado el incumplimiento contractual, y que a partir de ello también se demostró el daño moral con prueba directa e indirecta. Dice haber reseñado en forma pormenorizada los elementos de convicción que lo acreditaban.


Pregona que las cuestiones esgrimidas son todas de naturaleza formal, y deduce de ello que el Tribunal Aquo debió conceder la impugnación extraordinaria. Acusa, finalmente, que la repulsa incurre en una extralimitación en sus facultades, al haberse introducido en el análisis relativo a la viabilidad sustancial del recurso articulado.


III. Entrando al análisis del recurso directo, la atenta lectura de las constancias incorporadas a la queja y su compulsa con el contenido del resolutorio atacado, determinan que la impugnación ha sido correctamente inadmitida por la Cámara Aquo.


Para justificar esta inicial afirmación, debemos comenzar advirtiendo que la casación se proyectó en doble perspectiva fustigando, en capítulos separados, la desestimación del daño moral y el rechazo del interés moratorio.


Respetando el orden propuesto se examinarán a continuación las censuras casatorias, cuya evidente improcedencia confirmará la corrección del juicio adverso de admisibilidad propuesto en la repulsa.


Doy razones.


IV. Daño moral:


La decisión adoptada por el Tribunal del Grado en este aspecto –según los votos que componen mayoría se asienta esencialmente: a) en la calificación jurídica del daño moral por incumplimiento contractual como “daño indirecto”; b) en la asunción de la postura jurídica que sostiene que el daño moral contractual no se presume, y que por ende debe ser probado por quien lo alega; c) en la conclusión fáctico jurídica de que en autos no se ha demostrado la existencia del daño alegado conforme a lo argumentado en el escrito inicial del pleito; y d) finalmente, en que las molestias comprobadas en la causa son mínimas o corrientes y, por ende, no resultan indemnizables a título de daño moral en tanto su resarcimiento importaría un exceso.


Asimismo, para justificar la falta de acreditación de los hechos alegados en la demanda como fundamento del reclamo por daño moral, el Mérito consideró, más concretamente, que no se probó que la situación económica del actor permita inferir que el único dinero disponible para edificar haya sido el proveniente de la indemnización laboral, que ese haya sido el dinero utilizado para la obra, ni que el actor o su esposa hayan sufrido malestar espiritual alguno como consecuencia de lo acontecido. Además, destacó la falta de cuestionamiento, en el escrito de apelación, de lo decidido en torno a que la demora y frustración del contrato habría sido también una consecuencia de las modificaciones introducidas por el propio actor a la obra originariamente contratada.


Frente a esta sólida estructura motivacional, la estrategia recursiva que muestra el memorial casatorio se revela por demás insuficiente.


Repárese que los únicos reproches que presentan cierto viso de formalidad son los que denuncian omisión de valorar el material probatorio obrante en la causa; en cuyo sustento enuncia los elementos de juicio supuestamente preteridos y pretende explicar su contenido. Sin embargo a la hora de justificar la procedencia de la impugnación no desarrolla argumentalmente de qué manera tales elementos de juicio resultan prueba suficiente del estado anímico o espiritual del accionante o de su esposa, ni explica por qué ellas demostrarían que el único dinero del que disponía el actor para construir haya sido el proveniente de la indemnización laboral, o que esos hayan sido los fondos utilizados para la realización de la obra. Tampoco se ensaya en casación ningún argumento que rebata la falta de cuestionamientos al segmento de la sentencia inferior que atribuye incidencia causal a las modificaciones que el propio actor introdujo en la obra.


En efecto, el recurrente destaca que los testigos declararon haber comenzado a trabajar con posterioridad a la rescisión del contrato, que el traslado a la vivienda fue cuando aún no estaba concluida, que la cisterna sufrió daños y que se debieron realizar reparaciones, que tales reparaciones se acreditan también con el presupuesto y la escritura pública reconocida. Algunas de estas circunstancias encuentran, efectivamente, sustento fáctico en tanto emergen de las constancias que adjunta en copia a la queja (fs. 15 a 24 y 32 a 36).


Pero el recurrente también afirma que estas pruebas acreditan el daño moral proveniente de las molestias, angustias e incertidumbres provocadas por el incumplimiento, pero se cuida de no decir que los testigos o el escribano actuante hayan referido al estado anímico o espiritual del dueño de la obra. Y ello es así, porque ninguno de estos sujetos introducen mención alguna a su respecto.


Lo expuesto perjudica definitivamente la impugnación.


No debe olvidarse que la falta de consideración de un elemento probatorio sólo posee virtualidad para provocar la anulación del decisorio cuando, en el entorno de la fundamentación contenida en la providencia cuestionada, aquél aparece con eficacia decisiva para la dilucidación de la causa, de modo tal que, de haber sido tomado en cuenta hubiese justificado una decisión contraria a la adoptada. En ese sentido, para apreciar la dirimencia de la prueba omitida, el interesado debe recurrir al llamado “método de inclusión mental hipotética”, tarea intelectivaargumental que consiste en proyectar, mentalmente, las consecuencias que el medio convictivo prescindido habría provocado sobre el razonamiento lógico seguido en el acto sentencial, y demostrar argumentalmente tal incidencia.


Y lo cierto es que, fuera de proclamar que el daño moral ha sido acreditado, nada desarrolla el recurrente para demostrar argumentalmente que así haya ocurrido.


Es más, si prescindiéramos de la falta de técnica recursiva, la solución sería igualmente adversa, ya que ninguna de las pruebas que se alegan prescindidas poseen prima facie aptitud para modificar el sentido de lo resuelto; por cierto siempre dentro del esquema jurídico que asumiera el Tribunal Aquo en orden a la carga de la prueba del daño moral por incumplimiento contractual.


Nótese que se trata de una actuación notarial, un presupuesto, y declaraciones testimoniales; elementos de juicio que dan cuenta de los trabajos realizados en la obra, las modalidades de la contratación, el tiempo que insumió y las vicisitudes que la misma sufrió, pero nada aportan acerca de la influencia que ello generó en el estado anímico del actor.


El desarrollo argumental que completa este capítulo de la impugnación casatoria no redime la inviabilidad de las omisiones que se acaban de analizar. En efecto, el memorial ilustra que el interesado cuestiona el argumento sentencial que ofrece el voto mayoritario en torno al deber, de quien encara una obra, de soportar las contingencias normales de su ejecución; y comparte en cambio la solución que postula el voto disidente, ofreciendo su propia interpretación y juzgamiento de la responsabilidad derivada del incumplimiento contractual.


Tales reparos se revelan de suyo insuficientes para invalidar la resolución, pues –tal como indica la repulsa solo muestran la discrepancia del interesado con el sentido de la decisión, lo que demuestra su falta de idoneidad para habilitar la limitada competencia que la Ley Ritual atribuye a este Alto Cuerpo por el carril del inciso 1º del art. 383 del C.P.C.C.


Es criterio inveterado de esta Sala que el tribunal de casación civil, por la vía del inciso 1° art. 383 C.P.C. puede controlar si existe una fundamentación en derecho formalmente válida, pero no su acierto intrínseco, el que sólo puede ser traído a esta Sede extraordinaria por vía de los incisos 3° y 4° del art. 383 citado. Ello es así, toda vez que la casación no ampara el criterio opuesto que pueda tener el recurrente con respecto a la opinión jurisdiccional vertida por la Cámara Aquo, la que podrá –o no ser acertada, pero en cualquier caso es incensurable en casación por la vía propuesta al estar referida a la justicia de la decisión, materia que no puede ser rexaminada por la Sala, que a los efectos del recurso extraordinario no constituye una tercera instancia” (Confr. Auto 156/00, entre muchos otros).


V. Deuda de intereses:


Tampoco merece recibo el capítulo impugnativo que fustiga el rechazo de los intereses que, bajo el argumento de la falta de pedimento en el escrito inaugural del pleito, fuera así decidido por el Juez Inferior y confirmado por la Cámara Aquo.


Tal como se indica en el fallo atacado, esta Sala ha sostenido que la regla de derecho sustancial que contiene el (actualmente derogado) art. 622 del C. Civil, en tanto consagra una suerte de presunción de existencia de daño moratorio frente a la falta de cumplimiento oportuno imputable al deudor, encuentra como límite el principio dispositivo. Principio que, enlazado con el debido respeto a la congruencia, rige en toda plenitud en el marco del proceso civil, y en cuya virtud los Tribunales no pueden conceder más de lo que ha sido pedido por el interesado (Sent. Nº 241/2005; Sent. nº 131/2012; Sent. nº 136/13; entre otras). Iterando sobre lo expuesto, debemos tener en cuenta que la presunción que emerge del referido art. 622 del C.C. no ha sido modificada por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ya que el artículo 768 del actual ordenamiento regula en términos generales lo concerniente a los intereses moratorios, estableciendo que a partir de su mora el deudor “debe” los intereses correspondientes. Vale decir, en este singular aspecto concerniente a la presunción de existencia de daño resarcible a raíz de la mora, el régimen legal en uno y otro sistema normativo luce prácticamente idéntico.


A ello, este Alto Cuerpo añadió, en posición que una vez más refrendamos, que aunque los intereses constituyan una pretensión accesoria, no por ello reviste el carácter de implícita, de modo que si en la demanda no han sido peticionados, no integran la relación jurídicoprocesal.


Ese es, indudablemente, el sistema que emerge del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de nuestra Provincia, en cuanto califica como “prestación accesoria” a los intereses (art. 332 inc. 2°).


Se trata, pues, de derechos patrimoniales disponibles, por lo cual rige en toda su extensión el principio dispositivo, que impone al actor peticionar lo que entiende le corresponde en derecho, sin que su inactividad pueda ser suplida oficiosamente por el Tribunal (en este sentido: Cám. 4ª CC Cba.,  Sent. Nº 150 del 07/10/2003, in re "Olmedo Mercado, Jorge A. c/ Clara Cohn y otro  Ordinario", publicado en Diario Jurídico de Córdoba, 20/10/2003, Año 2 – Nº 362; Cám. 6ª CC Cba., Sent. Nº 233 del 15/11/2012 in re “Davila, Manuel Fermin c/ Libertad S.A.  Ordinario – Daños y Perj. – Otras formas de respons. extracontracual – Otras causas de remisión”).


De manera tal que no existe posibilidad alguna de que el Órgano Jurisdiccional mande a pagar un capítulo litigioso que no fue expresamente solicitado en la demanda.


Pues bien, la doctrina que emana de los considerandos que anteceden ha sido expresamente tenida en cuenta por el voto mayoritario del resolutorio en crisis; doctrina que, además, ha sido correctamente aplicada en dicho fallo. Ello así, pues basta la lectura del escrito inicial del pleito glosado a fs. 7 a 14 de la presente queja, para descubrir que el demandante no incluyó en el libelo introductorio reclamo alguno que persiga el pago de los intereses moratorios derivados del incumplimiento contractual. Es más, contrariamente a lo que pregona el recurrente, seguramente ha de haber sido por ello que la contraparte nada dijo sobre esta materia a la hora de contestar la demanda; precisamente porque al no haberse reclamado la deuda de intereses, la accionada no estaba constreñida a defenderse de algo que no integró la litis originaria.


En nada alteran los argumentos que, con ahínco, desarrolla el presentante en el memorial casatorio en torno a la “implícita” introducción de la pretensión de intereses que infiere de los términos de la pieza procesal. Inadvierte el quejoso que, tal como se indica más arriba y en el pronunciamiento fustigado, ni siquiera su adjetivación como “pretensión accesoria” le priva del deber de ser pedido con arreglo al principio dispositivo que impera en el proceso civil local. De suyo, condenar a pagar un rubro que no ha sido expresamente reclamado, derivaría en un fallo violatorio del principio de congruencia.


Siendo ello así, luce intrínsecamente acertado el argumento de la denegatoria de casación, en cuanto advierte que el presentante sólo muestra su disconformidad con el temperamento seguido por este Alto Cuerpo en diversos precedentes y aplicado por el Tribunal de Grado –voto mayoritario en el caso sometido a juzgamiento. Pues tal actividad impugnativa no resulta suficiente para provocar la apertura de la Instancia extraordinaria.


VI. Con lo hasta aquí expuesto queda suficientemente respondido y fundado el rechazo del recurso de queja articulado por el actor.


Así voto.


 


A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, DIJO:


Adhiero a los fundamentos expuestos por la Señora Vocal María Marta Cáceres de Bollati. Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la primera cuestión planteada.


 


A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESÍN, DIJO:


Comparto el análisis desarrollado por la Señora Vocal del primer voto.


Así voto.


 


A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:


A mérito de la respuesta dada al primer interrogante propongo: rechazar el recurso directo articulado.


Así voto.


 


A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL, DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, DIJO:


Comparto la solución propiciada por la Vocal preopinante, por lo que voto en igual sentido.


 


A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:


Adhiero a la conclusión propuesta por la Señora Vocal del primer voto.


Así voto.


 


Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial,


 


RESUELVE:


Rechazar el recurso directo articulado.


Protocolícese y hágase saber.


 


Fdo: Cáceres de Bollati – Sesín - García Allocco

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