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Jurisprudencia

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Código Unívoco
19113
Fecha
16/08/2016
Materia
Civil y Comercial
Revista
Civil y Comercial
Número
262
Tribunal
T.S.J. Sala Civil y Comercial
Resolución
Sentencia 83
Carátula
Suarez, Jorge Eduardo c/ Galvan, Carlos Andrés - Ordinario - Daños y perj. - Accidentes de tránsito - Recurso de casación - Expediente Nº 701263/36.
Título
DAÑOS Y PERJUICIOS. Daño patrimonial futuro. INTERESES. Clasificación. Dies a quo. Determinación.
Texto

El Caso: La citada en garantía deduce recurso de casación en contra de la Sentencia, invocando la causal contemplada en los incisos 3° y 4° del art. 383 del C.P.C.C. Para el impugnante, el fallo atacado se encuentra en contradicción con la última interpretación de la ley realizada por este Alto Cuerpo al resolver sobre un recurso de casación fundado en la causal prevista por el tercer inciso del art. 383 del C.P.C.C. en los autos caratulados: “NAVARRETE” (S. 230/2009), cuya copia debidamente juramentada acompaña. Explica que el Tribunal de Mérito postuló que los intereses moratorios aplicables al rubro de pérdida de chance corren desde la fecha del accidente; mientras que -a su juicio- en el precedente de esta Sala dictado in re “Navarrete”, se sostuvo que tales accesorios debían computarse a partir de la fecha de la sentencia. El TSJ admitió la casación.



 


1. Los intereses deben computarse desde la sentencia (cfr.: TSJ -Sala Civil- Cba., Sent. 230, 20/10/2009, in re “NAVARRETE EDUARDO RAÚL C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS - RECURSO DIRECTO”).


 


2. En nuestro ordenamiento jurídico, los intereses se clasifican en compensatorios, moratorios y punitorios según cuál sea su función jurídico económica.


 


3. Los intereses compensatorios o lucrativos son los que se deben por el goce del capital ajeno. Constituyen, los que “... se adeudan como contraprestación o precio por la utilización de un capital ajeno” (PIZARRO, Ramón - VALLESPINOS, Gustavo, Instituciones de Derecho Privado - Obligaciones, Hammurabi, Bs. As., 1999, T. 1, p. 403).


 


4. Los intereses moratorios se deben en concepto de indemnización por el menoscabo que sufre el acreedor frente a la mora del deudor en el pago de su obligación dineraria. Representan la reparación del retardo imputable al obligado. Su fundamento radica en la circunstancia de que el deudor -con su incumplimiento- priva ilegítimamente al acreedor de su derecho a percibir el capital y, como consecuencia de ello, debe reparar el daño causado.


 


5. Los intereses punitorios importan una sanción por el incumplimiento oportuno de una obligación.


 


6. Los intereses que integran la reparación de un daño causado extracontractualmente por regla son los denominados moratorios, y tienen por primordial objeto resarcir la falta de cumplimiento oportuno de la obligación de indemnizar.


 


7. Los intereses indemnizatorios o resarcitorios son también moratorios, pues al responsable se le impone la obligación de reparar el daño causado a partir del momento mismo de su producción, operando la mora automáticamente desde ese instante” (PIZARRO, Ramón D., Los intereses en la responsabilidad extracontractual, Sup.Esp. Intereses 02/07/2004, 75 Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales 01/01/2007, 1553; íb. ZAVALA DE GONZALEZ, Matilde MORENO, Graciela Melania, Los intereses en la responsabilidad civil, JA, 1985IV713; entre otros).


 


8. El fundamento de que los intereses indemnizatorios o resarcitorios sean moratorios radica en el principio rector de la responsabilidad civil cual es el de la reparación plena e integral, en cuya virtud la víctima debe ser resarcida de “todo” daño causado, de la manera más completa posible (art. 1083 CC).


 


9. En la responsabilidad civil rige el principio de reparación plena o integral para lo cual los intereses al ser accesorios de la obligación principal (reparación del daño) constituyen su expresión más concreta, pues tienden a preservar la integridad de la indemnización a que tiene derecho la víctima (arts. 106 y 1078 C.C.). Surge entonces la necesidad de reparar todos los rubros que componen la obligación principal, con su correspondiente interés” (TSJ Cba., Sala Penal, Sent. Nº 18 del 09/03/05). Sin embargo, la fuente de los intereses moratorios es distinta a la de la reparación a la que accede; mientras que los ítems resarcitorios se deben por causa del daño derivado del hecho lesivo primario, la obligación de pago de intereses moratorios responde a otro hecho dañoso, claramente distinto, cual es el no cumplimiento oportuno de la obligación de reparar el daño.


 


10. Los intereses no se deben en razón del daño básico o primordial que ha generado el nacimiento de la obligación resarcitoria principal, sino en función de un daño adicional: el daño moratorio desencadenado por la tardanza en la reparación” (Conf. ZAVALA DE GONZALEZ, Matilde MORENO, Graciela Melania, Los intereses en la responsabilidad civil, JA, 1985IV713). En consecuencia, la obligación de pago de intereses moratorios no es “necesaria” frente a un daño; por el contrario es “eventual” toda vez que sólo surge si media un intervalo temporal entre el daño a resarcir y el momento en que se compensa el menoscabo. En cambio, si el perjuicio no se ha producido, o si acaecido es inmediatamente compensado por el responsable, no se genera la obligación de pago de intereses resarcitorios.


 


11. Desde una perspectiva jurídica el daño es “pasado” cuando ya se ha producido al momento de dictarse la sentencia; en cambio, es “futuro” cuando todavía no se ha producido a ese tiempo, pero se presenta como una previsible prolongación o agravación de un daño actual, o como un nuevo menoscabo futuro, derivado de una situación de hecho actual (art. 1067 CC).


 


12. El daño es “pasado” cuando se emplaza entre el hecho lesivo y la sentencia, y “futuro” cuando acaece con posterioridad a tal acto procesal. Como se anticipara, el daño futuro puede presentarse como un perjuicio sucesivo (prolongación de un menoscabo ya existente) o bien como un nuevo daño no existente al momento de dictarse sentencia, pero que conforme el curso natural y ordinario de las cosas se producirá después de ella. La distinción apuntada no es sólo académica o pedagógica, sino que tiene incidencia en materia de prueba (generalmente es superior la certeza exigible respecto del daño pasado) cuantificación del capital (si se utilizan técnicas matemáticas los períodos indemnizatorios pasados se suman mientras que los futuros exigen factores de amortización que eviten rentas perpetuas), y -esencialmente en lo relativo al cómputo de los intereses moratorios.


 


13. La pérdida de chance productiva derivada de la incapacidad laboral: la lesión a la incolumidad de la persona no es resarcible per se, toda vez que las aptitudes del ser humano no están en el comercio, ni pueden cotizarse directamente en dinero, por tanto carecen de un valor económico intrínseco (aunque -indirectamente el valor pueda encontrarse en cuanto instrumentos de adquisición de ventajas económicas). Consecuentemente, el daño patrimonial derivado de tal incapacidad gira alrededor de los beneficios materiales que la persona -afectada en su plenitud y capacidad hubiera podido lograr de no haber padecido la lesión incapacitante. Entre las aptitudes de la persona humana que pueden verse lesionadas, encontramos la denominada “aptitud laborativa o productiva”. Tal aptitud constituye un atributo del ser humano cuya disminución o pérdida puede constituir un detrimento o frustración de ingresos o de expectativas de ellos.


 


14. La incapacidad “laborativa” (distinta de la “vital”) como aquella en la que se computan “las potencialidades productivas del sujeto, es decir la dimensión económica o material de su existencia” (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Resarcimiento de Daños. Daños a las personas, Hammurabi, Bs. As., 1990, T. 2a,p. 295). Conforme pautas de la experiencia, esta lesión a la capacidad laborativa de una persona puede dar nacimiento -a más de a un eventual daño moral y emergente a un lucro cesante y/o una chance productiva, según los casos.


 


15. El daño material por incapacidad laborativa genérica no sólo atiende a la situación actual de la víctima, sino que engloba asimismo su porvenir y sus posibilidades productivas futuras. Al igual que el lucro cesante, la pérdida de chance puede ser actual o futura. La primera es aquella ya producida al momento de dictarse la sentencia; mientras que la segunda todavía no se ha producido al tiempo de dictarse sentencia, pero se presenta como una previsible prolongación o agravación de un daño actual o como un nuevo menoscabo futuro, derivado de una situación de hecho actual. La pérdida de chance futura está dada por la frustración de posibilidades productivas futuras a raíz de la incapacidad sufrida por la víctima, calculada desde la fecha de la sentencia hasta que finalice el lapso resarcible correspondiente (según la incapacidad sea transitoria o permanente)


 


16. Puede presentarse chance frustrada a título de menoscabos ya consumados antes de la sentencia (chance pasada); y también es factible que la chance consista en el resarcimiento de desmedros que sólo se hubieran alcanzado en un porvenir, o que se proyectan más allá de la condena (chance futura).


 


17. No hay diversidad en orden al tiempo de ocurrencia: al igual que el lucro cesante, la pérdida de chance puede haber operado en el pasado, o bien futura (...) o bien verificarse una mixtura: en parte ya frustrada, y en otro período subsecuente, extendida al porvenir” (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Perjuicios económicos por muerte, Astrea, Bs. As., 2008, T. II, ps. 304 y 305).


 


18. Tal aclaración sobre el tiempo de vigencia de la pérdida de chance productiva posee relevancia indemnizatoria, resultándole aplicable a la distinción las mismas consideraciones ya expuestas al diferenciar el daño actual (o pasado) y el futuro. Efectivamente, la distinción sobre el tiempo de la chance tendrá incidencia en materia de prueba, de cuantificación del capital y desde la perspectiva del cómputo de los intereses moratorios.


 


19. La valuación o liquidación de la chance productiva constituye un tema complejo, y ha dado lugar a diversas soluciones de estimación (criterios cualitativos o no matemáticos y criterios cuantitativos o matemáticos). Sin embargo, en el ámbito provincial, el criterio mayoritario ha sido el de asumir un sistema de liquidación de la chance productiva similar al empleado para el cálculo del lucro cesante aunque efectuando luego una reducción adicional por tratarse de chance. En consecuencia, la liquidación se efectúa atendiendo a lo que hubiera correspondido como indemnización de haber existido un lucro cesante en lugar de la pérdida de una chance, aplicando a ello un porcentual de reducción (porcentual más o menos elevado según la probabilidad de lo esperado).


 


20. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han ofrecido un sistema de liquidación distinto según se trate de lucro cesante pasado o futuro. Para el primero (pasado) se ha procurado aplicar el denominado “cómputo lineal de las ganancias perdidas”, que consiste en multiplicar el porcentaje del ingreso correlativo a la entidad de la incapacidad, por el número de períodos temporales útiles transcurridos entre el hecho lesivo y la fecha de la sentencia. La validez de tal procedimiento se ha justificado en el hecho de que, en estos casos, “el crédito pertinente ya nació y fue exigible a partir del momento en que tuvo lugar cada pérdida de ganancia; por lo tanto, no queda entonces sino multiplicar todas las pérdidas consumadas en el patrimonio de quien acciona” (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Resarcimiento de daños. Daños a las personas, ob. cit., T. 2a, p. 447). En cambio, para el segundo (lucro cesante futuro), toda vez que el resarcimiento se realiza por anticipado, ha prevalecido el sistema de renta capitalizable, conforme el cual se tiene en cuenta -por un lado la productividad del capital y la renta que puede producir, y -por el otro que el capital se extinga o agote al finalizar el lapso resarcitorio.


 


21. Para efectuar la liquidación de la pérdida de chance, se aplica usualmente la denominada fórmula “Marshall”, o en su versión abreviada denominada “Las Heras”. La aludida fórmula se enuncia como C = a x b (“C” es el monto indemnizatorio, “a” la disminución patrimonial periódica a computar en el caso a lo que se le suma un interés puro y “b” equivale al lapso total de períodos a resarcir, para cuyo cálculo se utiliza una tabla de coeficientes correlativos).


 


22. Tal diferenciación de sistemas para la valuación del lucro cesante, según sea pasado o futuro, tiene igualmente incidencia -por razones de lógica elemental- en la determinación del punto de inicio del cómputo de los intereses moratorios. En efecto, en la liquidación del lucro cesante pasado (conforme el método lineal) los intereses corren desde que cada cuota o período debió ser abonado.


 


23. El lucro cesante pasado (y de pérdida de chances pasadas) se produce desde el vencimiento de cada periodo computable a los fines de la reparación, siendo ese el momento en el cual se genera el daño, que marca el comienzo del curso de los intereses moratorios (PIZARRO, Ramón D., Los intereses en la responsabilidad extracontractual).


 


24. Para el caso del lucro cesante futuro, los intereses comienzan a correr desde la fecha que fija la sentencia de primera instancia para el pago de dicha indemnización, toda vez que recién a partir de allí se torna exigible el pago anticipado de la obligación resarcitoria.


 


25. En materia de daño futuro (daño emergente, lucro cesante y pérdida de chances) los intereses no pueden ser computados sino desde la fecha que fija la sentencia de primera instancia para el pago de dicha indemnización. Es una consecuencia lógica del carácter futuro del perjuicio (que no deja de ser tal por el hecho de que se lo valore y cuantifique anticipadamente al dictarse sentencia) y de la naturaleza moratoria que tiene dicho interés.


 


26. La circunstancia de que la fórmula Marshall utilizada para la liquidación del lucro cesante futuro incluya una tasa de interés puro entre el 6% y el 8% anual: el interés contemplado en la fórmula matemáticofinanciera no resulta del fruto de la mora. A diferencia de lo que suele creerse, el interés puro que se utiliza en la denominada fórmula Marshall no es un interés moratorio ni redimensiona la indemnización. No es moratorio, porque su finalidad no es la de resarcir el no cumplimiento oportuno de la obligación de reparar, sino que su objeto es esencialmente de amortización, pues procura coadyuvar a la obtención del resultado pretendido en la fórmula, esto es, un capital que se agote al finalizar el período contemplado. Tampoco acrecienta el quantum resarcitorio. Por el contrario, el interés que integra la base del cálculo de la fórmula pone un coto a la indemnización, cercenando progresivamente el capital acorde con el factor de amortización. Ejemplifica lo expuesto el advertir que si a la fórmula se le adita una tasa de interés mayor al 6% anual que suele utilizarse, la indemnización resulta menor.


 


27. En materia de daño material futuro (lucro cesante o chance) derivado de la incapacidad sufrida por la víctima, valuado el rubro conforme la fórmula Marshall, los intereses moratorios recién comenzarán a correr desde la fecha que fija la sentencia de primera instancia para el pago de dicha indemnización. Ello así, en virtud de la futuridad del perjuicio y la naturaleza moratoria de los intereses resarcitorios.


 


28. Siendo los intereses resarcitorios, intereses verdaderamente “moratorios”, aparece necesario que -en oportunidad de establecer el dies a quo de su cómputo el juzgador efectúe una cuidadosa determinación del momento de producción de cada detrimento. Ello así por cuanto sólo una vez producido cada débito resarcitorio surge la obligación de indemnizarlo y, consecuentemente, la eventualidad de que exista demora en el cumplimiento de aquella. Tal labor viene impuesta por el principio de reparación integral y plena, principio según el cual la indemnización no debe ser inferior a lo que se debe, pero tampoco superior al daño efectivamente causado.


 


29. Los intereses resarcitorios se computarán desde la fecha de comisión del hecho ilícito sólo cuando la consecuencia dañosa que se indemniza coincida temporalmente con el hecho que la engendró. Si ello no es así, porque -v.gr. el daño apareció temporalmente con posterioridad al hecho generador, o si -por ejemplo se trata de un daño sucesivo o progresivo (que determina débitos resarcitorios diferenciables, cronológicamente y autónomos en su cuantía) los intereses (que, reitero, son moratorios) no pueden devengarse desde la fecha del hecho ilícito, sino que deberá discriminarse la fecha real de su acaecimiento y recién desde allí computarse.


 


30. Si el daño -o parte del daño aún no se ha producido ¿a título de qué se otorgan los intereses desde una fecha anterior? Si la pérdida de chance es “futura” (posterior al fallo) y su valuación se realiza utilizando la denominada fórmula Marshall, los intereses moratorios recién comenzarán a correr desde la fecha que fija la sentencia de primera instancia para el pago de dicha indemnización.


 


31. La solución que predican correcta guarda perfecta coherencia con los postulados que el Nuevo Código Civil y Comercial vigente a partir del 1º de Agosto de 2.015 ha incorporado en el art. 1748; pues allí claramente se establece que en el ámbito de la responsabilidad civil, el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio. Esto significa que, en diversos supuestos, ya no será necesariamente la fecha del hecho ilícito la que marque el dies aquo en el cómputo de los intereses moratorios; antes bien, se devengarán desde la fecha de cada perjuicio. Y teniendo en cuenta que la pérdida de chance futura proveniente de una incapacidad tal y como es un daño que se consolida con la sentencia, sólo cuando el deudor no cumple con la condena impuesta en el plazo establecido en la providencia, habrá incurrido en mora que deberá ser resarcida a título de interés moratorio.


 


TSJ -Sala Civil- Cba., Sent. 83, 16/8/2016, “Suarez, Jorge Eduardo c/ Galvan, Carlos Andrés - Ordinario - Daños y perj. - Accidentes de tránsito - Recurso de casación - Expediente Nº 701263/36”


 


PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación?


SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde?


Conforme al sorteo que en este acto se realiza, los Señores Vocales votan en el siguiente orden: Dres. María Marta Cáceres de Bollati, Carlos Francisco García Allocco y Domingo Juan Sesin.


 


A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:


I. La citada en garantía -mediante sus apoderados Dres. Julio C. Secondi y Jorge Palacio- deduce recurso de casación en autos “SUAREZ, JORGE EDUARDO c/ GALVAN, CARLOS ANDRÉS - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ. - ACCIDENTES DE TRÁNSITO - RECURSO DE CASACIÓN - EXPEDIENTE Nº 701263/36”, en contra de la Sentencia número cuarenta y cuatro, dictada el día 23 de mayo de 2013 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación de esta ciudad, invocando la causal contemplada en los incisos 3° y 4° del art. 383 del C.P.C.C.


En Sede de Grado, la impugnación se sustanció con traslado a la contraria, el que fuera evacuado por los apoderados del actor -Dres. Carlos E. Celador y María E. Celador- a fs. 449/452 de autos. Mediante Auto número trescientos noventa y ocho de fecha 28 de octubre de 2013 el Tribunal A-quo concedió el recurso articulado.


Elevadas las actuaciones a esta Sede, dictado y firme el proveído de autos (fs. 473 vta.) queda el recurso en estado de ser resuelto.


II. Las censuras que integran el memorial recursivo admiten el siguiente compendio:


La casacionista inicialmente sostiene que el fallo atacado se encuentra en contradicción con la última interpretación de la ley realizada por este Alto Cuerpo al resolver sobre un recurso de casación fundado en la causal prevista por el tercer inciso del art. 383 del C.P.C.C. en los autos caratulados: “NAVARRETE, Raúl c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - Ordinario - Daños y perj. - Recurso directo (N 01/06)” (S. 230/2009), cuya copia debidamente juramentada acompaña.


Explica que el Tribunal de Mérito postuló que los intereses moratorios aplicables al rubro de pérdida de chance corren desde la fecha del accidente; mientras que -a su juicio- en el precedente de esta Sala dictado in re “Navarrete”, se sostuvo que tales accesorios debían computarse a partir de la fecha de la sentencia.


Precisa que la divergencia interpretativa radica sobre una cuestión de fondo, esto es, el dies a quo para el cómputo de los intereses por la indemnización que se manda a pagar por la incapacidad parcial y permanente del actor, la cual se acoge -según dice- en base a la fórmula matemático-financiera fijada por este Alto Cuerpo in re: “Marshall, Daniel - P.S.A. Homicidio culposo”.


Esgrime que la contradicción interpretativa entre la doctrina judicial unificada y el fallo impugnado es evidente.


Por otra parte, asevera que existe identidad fáctica entre los casos confrontados, pues en sendas causas -arguye- se está frente a una pretensión de resarcimiento de la incapacidad padecida en razón de un accidente de tránsito y se trata de fijar los intereses a abonar por las obligaciones en mora, a cuyo cumplimiento -añade- se condena judicialmente en concepto de chance futura, de conformidad a los parámetros fijados por la fórmula “Marshall” o su versión abreviada “Las Heras-Requena”.


Puntualiza que la interpretación sobre el derecho de fondo y la decisión adoptada en sendos pronunciamientos es contradictoria. En este sentido, señala que el temperamento asumido por esta Sala es correcto pues se tuvo en cuenta los distintos tipos de intereses (resarcitorios y moratorios) y su aplicación a las circunstancias pasadas, futuras o mixtas.


Prosigue señalando que la Cámara A-quo no explicitó ningún argumento suficiente para refutar las razones dadas por este Alto Cuerpo al unificar la jurisprudencia contradictoria existente en la materia. Aclara que el Tribunal de grado hizo lugar al rubro reclamado en concepto de pérdida de chance, a pesar de que -relata- el actor lo calificó jurídicamente como lucro cesante en su demanda. Afirma que en el aludido precedente esta Sala sostuvo que el nomen juris asignado a la indemnización por incapacidad genérica como lucro cesante o pérdida de chance, en cuanto sea calculada mediante la fórmula “Marshall”, carece de relevancia a los fines de constituir una diferencia fáctica que imposibilite formalmente la admisibilidad de la presente causal casatoria. Transcribe a continuación algunos de sus considerandos.


Finalmente, y por idénticos motivos deduce también recurso de casación al amparo de la causal contemplada en el inc. 3° del art. 383 del C.P.C.C., en tanto -según dice- en el pronunciamiento en crisis se propone una interpretación de la ley contraria a la pronunciada por esta Sala in re: “NAVARRETE, Raúl c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - Ordinario - Daños y perj. - Recurso directo (N 01/06)”, mediante la sentencia N° 230 de fecha 20/10/2009.


III. Previo ingresar al tratamiento del recurso, cabe poner de resalto que si bien en el recurso de casación, el recurrente invoca las causales previstas en los incs. 3° y 4° del artículo citado, corresponde ingresar por la órbita de este último inciso, en tanto la interpretación de la ley formulada en el precedente dictado por la Sala Civil y Comercial, arrimado como antitético, fue sentada en ocasión de un recurso fundado en el inc. 3°, ibídem.


IV. Siguiendo con el tratamiento de la impugnación ensayada, corresponde a este Alto Cuerpo verificar si, a su respecto, se hallan cumplidos los recaudos formales que condicionan la apertura de la instancia extraordinaria, desde que, como juez supremo de las formas procesales, puede juzgar sobre el cumplimiento adecuado de las mismas y decidir, en cada caso, si son potencialmente aptas para lograr el fin que con ellas se persigue (cfr. S. Nº 44 del 20/4/2005, entre muchos otros pronunciamientos).


En ejercicio de tal prerrogativa, estimo pertinente aclarar que la casación por sentencias contradictorias se erige en instrumento eficaz para la determinación de reglas de derecho uniformes, en presencia de interpretaciones antagónicas de la ley, por lo que su viabilidad se supedita al cumplimiento de las exigencias instituidas como inherentes, entre ellas, que las soluciones jurídicas disímiles hayan sido brindadas en oportunidad de resolver hipótesis fácticas similares.


En el sub-examine, tales recaudos lucen debidamente satisfechos. En efecto, la confrontación de los pronunciamientos pretendidamente antagónicos evidencia el cumplimiento de los dos presupuestos formales aludidos. Ello así, por cuanto en ambos casos, en el marco de un acción resarcitoria proveniente de un hecho ilícito, se ha condenado al accionado a abonar los daños futuros derivados de la incapacidad productiva sufrida por la víctima a título de “pérdida de chances”, correspondiendo determinar el dies a quo del curso de los intereses moratorios. Ello evidencia que los supuestos de hecho sometidos a juzgamiento guardan suficiente analogía fáctica.


Por otra parte, en el sub-lite, se entendió que tratándose de un daño causado a la persona en su integridad física, el inicio del curso de los intereses moratorios sobre el resarcimiento acordado como pérdida de chance es la fecha de la afectación incapacitante; lo cual ilustra una hermenéutica jurídica que se muestra contradictoria con la doctrina legal emanada de este Alto Cuerpo -en anterior composición- en el precedente “Navarrete”.


En consideración a ello y resultando que existe un mismo supuesto fáctico sometido a distinto tratamiento jurídico, la habilitación de la competencia de esta Sala por la causal del inc. 4° del art. 383 del C.P.C. resulta inobjetable.


V. La solución de la materia controvertida.


El núcleo del presente decisorio radica en determinar el dies a quo en el cómputo de los intereses moratorios de la pérdida de chances futuras derivadas de la incapacidad laboral genérica sufrida por la víctima de un hecho ilícito.


Con respecto a esta cuestión, esta Sala -en anterior composición- ya ha tenido oportunidad de expedirse con motivo de un recurso de casación basado en la causal prevista en el art. 383, inc. 3º, ib., y ha sentado doctrina en el sentido de que los intereses deben computarse desde la sentencia (TSJ Sala C. y C., in re “NAVARRETE EDUARDO RAÚL C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS - RECURSO DIRECTO (N 01/06)”, Sent. N° 230 del 20/10/2009); doctrina judicial que considero intrínsecamente acertada.


VI. Siendo ello así, a fin de fundar el presente pronunciamiento reeditaré las consideraciones y argumentos que se enunciaron en el precedente mencionado.


VI.a. En esa tarea, se comenzó señalando que, en nuestro ordenamiento jurídico, los intereses se clasifican en compensatorios, moratorios y punitorios según cuál sea su función jurídico económica.


Los compensatorios o lucrativos son los que se deben por el goce del capital ajeno. Constituyen, al decir de Pizarro y Vallespinos, los que “...se adeudan como contraprestación o precio por la utilización de un capital ajeno” (PIZARRO, Ramón - VALLESPINOS, Gustavo, Instituciones de Derecho Privado - Obligaciones, Hammurabi, Bs. As., 1999, T. 1, p. 403). Los moratorios se deben en concepto de indemnización por el menoscabo que sufre el acreedor frente a la mora del deudor en el pago de su obligación dineraria. Representan la reparación del retardo imputable al obligado. Su fundamento radica, entonces, en la circunstancia de que el deudor -con su incumplimiento- priva ilegítimamente al acreedor de su derecho a percibir el capital y, como consecuencia de ello, debe reparar el daño causado. Los punitorios, finalmente, importan una sanción por el incumplimiento oportuno de una obligación.


Los intereses que integran la reparación de un daño causado extracontractualmente -por regla- son los denominados moratorios, y tienen por primordial objeto resarcir la falta de cumplimiento oportuno de la obligación de indemnizar. Así lo han apuntado juristas de prestigio afirmando que: “los intereses indemnizatorios o resarcitorios son también moratorios pues al responsable se le impone la obligación de reparar el daño causado a partir del momento mismo de su producción, operando la mora automáticamente desde ese instante” (PIZARRO, Ramón D., Los intereses en la responsabilidad extracontractual, Sup.Esp. Intereses 02/07/2004, 75 - Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales 01/01/2007, 1553; íb. ZAVALA DE GONZALEZ, Matilde - MORENO, Graciela Melania, Los intereses en la responsabilidad civil, JA, 1985-IV-713; entre otros).


El fundamento de ello radica en el principio rector de la responsabilidad civil cual es el de la reparación plena e integral, en cuya virtud la víctima debe ser resarcida de “todo” daño causado, de la manera más completa posible (art. 1083 CC). Sobre el tópico, la Sala Penal de este Alto Cuerpo ha sostenido antes que ahora que: “En la responsabilidad civil rige el principio de reparación plena o integral para lo cual los intereses al ser accesorios de la obligación principal (reparación del daño) constituyen su expresión más concreta, pues tienden a preservar la integridad de la indemnización a que tiene derecho la víctima (arts. 106 y 1078 C.C.). Surge entonces la necesidad de reparar todos los rubros que componen la obligación principal, con su correspondiente interés” (TSJ Cba., Sala Penal, Sent. Nº 18 del 09/03/05).


Sin embargo, la fuente de los intereses moratorios es distinta a la de la reparación a la que accede; mientras que los ítems resarcitorios se deben por causa del daño derivado del hecho lesivo primario, la obligación de pago de intereses moratorios responde a otro hecho dañoso, claramente distinto, cual es el no cumplimiento oportuno de la obligación de reparar el daño. Así lo enseña autorizada doctrina, señalando que: “Los intereses no se deben en razón del daño básico o primordial que ha generado el nacimiento de la obligación resarcitoria principal, sino en función de un daño adicional: el daño moratorio desencadenado por la tardanza en la reparación” (Conf. ZAVALA DE GONZALEZ, Matilde - MORENO, Graciela Melania, Los intereses en la responsabilidad civil, JA, 1985-IV-713).


En consecuencia, la obligación de pago de intereses moratorios no es “necesaria” frente a un daño; por el contrario es “eventual” toda vez que sólo surge si media un intervalo temporal entre el daño a resarcir y el momento en que se compensa el menoscabo.


En cambio, si el perjuicio no se ha producido, o si acaecido es inmediatamente compensado por el responsable, no se genera la obligación de pago de intereses resarcitorios.


VI.b. Luego de ello, se explicó la distinción del daño del daño pasado y futuro.


Desde una perspectiva jurídica el daño es “pasado” cuando ya se ha producido al momento de dictarse la sentencia; en cambio, es “futuro” cuando todavía no se ha producido a ese tiempo, pero se presenta como una previsible prolongación o agravación de un daño actual, o como un nuevo menoscabo futuro, derivado de una situación de hecho actual (art. 1067 CC). En palabras más simples, el daño es “pasado” cuando se emplaza entre el hecho lesivo y la sentencia, y “futuro” cuando acaece con posterioridad a tal acto procesal.


Como se anticipara, el daño futuro puede presentarse como un perjuicio sucesivo (prolongación de un menoscabo ya existente), o bien como un nuevo daño no existente al momento de dictarse sentencia, pero que -conforme el curso natural y ordinario de las cosas- se producirá después de ella.


La distinción apuntada no es sólo académica o pedagógica, sino que tiene incidencia en materia de prueba (generalmente es superior la certeza exigible respecto del daño pasado), cuantificación del capital (si se utilizan técnicas matemáticas los períodos indemnizatorios pasados se suman mientras que los futuros exigen factores de amortización que eviten rentas perpetuas), y -esencialmente- en lo relativo al cómputo de los intereses moratorios.


Toda vez que en esta oportunidad sólo nos interesa lo relativo a los intereses resarcitorios no ahondaremos en los otros dos puntos enunciados, y dejamos el tercero (que es el nudo gordiano del presente decisorio) para más adelante.


VI.c. Posteriormente se conceptualizó la pérdida de chance productiva derivada de la incapacidad laboral.


En esa tarea, se recordó como primera medida que -conforme jurisprudencia inveterada de este Alto Cuerpo y tal como lo tienen decidido la mayoría de nuestros Tribunales locales- la lesión a la incolumidad de la persona no es resarcible per se, toda vez que las aptitudes del ser humano no están en el comercio, ni pueden cotizarse directamente en dinero, por tanto carecen de un valor económico intrínseco (aunque -indirectamente- el valor pueda encontrarse en cuanto instrumentos de adquisición de ventajas económicas).


Consecuentemente, el daño patrimonial derivado de tal incapacidad gira alrededor de los beneficios materiales que la persona -afectada en su plenitud y capacidad- hubiera podido lograr de no haber padecido la lesión incapacitante.


Entre las aptitudes de la persona humana que pueden verse lesionadas, encontramos la denominada “aptitud laborativa o productiva”. Tal aptitud constituye un atributo del ser humano cuya disminución o pérdida puede constituir un detrimento o frustración de ingresos o de expectativas de ellos.


Por ello, la doctrina define a la incapacidad “laborativa” (distinta de la “vital”) como aquella en la que se computan “las potencialidades productivas del sujeto, es decir la dimensión económica o material de su existencia” (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Resarcimiento de Daños. Daños a las personas, Hammurabi, Bs. As., 1990, T. 2a,p. 295).


Conforme pautas de la experiencia, esta lesión a la capacidad laborativa de una persona puede dar nacimiento -a más de a un eventual daño moral y emergente- a un lucro cesante y/o una chance productiva, según los casos.


Por lo demás, no debe perderse de vista que el daño material por incapacidad laborativa genérica no sólo atiende a la situación actual de la víctima, sino que engloba asimismo su porvenir y sus posibilidades productivas futuras.


También se puntualizó que, al igual que el lucro cesante, la pérdida de chance puede ser actual o futura.


La primera es aquella ya producida al momento de dictarse la sentencia; mientras que la segunda todavía no se ha producido al tiempo de dictarse sentencia, pero se presenta como una previsible prolongación o agravación de un daño actual o como un nuevo menoscabo futuro, derivado de una situación de hecho actual. La pérdida de chance futura está dada por la frustración de posibilidades productivas futuras a raíz de la incapacidad sufrida por la víctima, calculada desde la fecha de la sentencia hasta que finalice el lapso resarcible correspondiente (según la incapacidad sea transitoria o permanente).


Así, puede presentarse chance frustrada a título de menoscabos ya consumados antes de la sentencia (chance pasada); y también es factible que la chance consista en el resarcimiento de desmedros que sólo se hubieran alcanzado en un porvenir, o que se proyectan más allá de la condena (chance futura).


Sobre el tópico, autorizada doctrina ha sostenido que “...no hay diversidad en orden al tiempo de ocurrencia: al igual que el lucro cesante, la pérdida de chance puede haber operado en el pasado, o bien futura (...) o bien verificarse una mixtura: en parte ya frustrada, y en otro período subsecuente, extendida al porvenir” (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Perjuicios económicos por muerte, Astrea, Bs. As., 2008, T. II, ps. 304 y 305).


Tal aclaración sobre el tiempo de vigencia de la pérdida de chance productiva posee relevancia indemnizatoria, resultándole aplicable a la distinción las mismas consideraciones ya expuestas al diferenciar el daño actual (o pasado) y el futuro. Efectivamente, la distinción sobre el tiempo de la chance tendrá incidencia en materia de prueba, de cuantificación del capital y desde la perspectiva del cómputo de los intereses moratorios.


VI.d. Siguiendo con el razonamiento propuesto, se relacionó la manera como había sido valuada la chance productiva.


Se aclaró que la valuación o liquidación de la chance productiva constituye un tema complejo, y ha dado lugar a diversas soluciones de estimación (criterios cualitativos o no matemáticos y criterios cuantitativos o matemáticos). Sin embargo, en el ámbito provincial, el criterio mayoritario ha sido el de asumir un sistema de liquidación de la chance productiva similar al empleado para el cálculo del lucro cesante aunque efectuando luego una reducción adicional por tratarse de chance. En consecuencia, la liquidación se efectúa atendiendo a lo que hubiera correspondido como indemnización de haber existido un lucro cesante en lugar de la pérdida de una chance, aplicando a ello un porcentual de reducción (porcentual más o menos elevado según la probabilidad de lo esperado).


Con independencia de que este Alto Cuerpo comparta o no tal pauta de liquidación (cuestión ajena a la competencia material ahora habilitada), lo cierto es que en los fallos traídos en confrontación se ha seguido tal mecanismo de cálculo.


Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia han ofrecido un sistema de liquidación distinto según se trate de lucro cesante pasado o futuro.


Para el primero (pasado) se ha procurado aplicar el denominado “cómputo lineal de las ganancias perdidas”, que consiste en multiplicar el porcentaje del ingreso correlativo a la entidad de la incapacidad, por el número de períodos temporales útiles transcurridos entre el hecho lesivo y la fecha de la sentencia. La validez de tal procedimiento se ha justificado en el hecho de que, en estos casos, “el crédito pertinente ya nació y fue exigible a partir del momento en que tuvo lugar cada pérdida de ganancia; por lo tanto, no queda entonces sino multiplicar todas las pérdidas consumadas en el patrimonio de quien acciona” (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Resarcimiento de daños. Daños a las personas, ob. cit., T. 2a, p. 447).


En cambio, para el segundo (lucro cesante futuro), toda vez que el resarcimiento se realiza por anticipado, ha prevalecido el sistema de renta capitalizable, conforme el cual se tiene en cuenta -por un lado- la productividad del capital y la renta que puede producir, y -por el otro- que el capital se extinga o agote al finalizar el lapso resarcitorio. Para efectuar tal liquidación, este Tribunal Superior de Justicia -desde antaño- aplica usualmente la denominada fórmula “Marshall”, o en su versión abreviada denominada “Las Heras”. La aludida fórmula se enuncia como C = a x b (“C” es el monto indemnizatorio, “a” la disminución patrimonial periódica a computar en el caso a lo que se le suma un interés puro y “b” equivale al lapso total de períodos a resarcir, para cuyo cálculo se utiliza una tabla de coeficientes correlativos).


Tal diferenciación de sistemas para la valuación del lucro cesante, según sea pasado o futuro, tiene igualmente incidencia -por razones de lógica elemental- en la determinación del punto de inicio del cómputo de los intereses moratorios.


En efecto, en la liquidación del lucro cesante pasado (conforme el método lineal) los intereses corren desde que cada cuota o período debió ser abonado.


En este sentido, se enseña que: “El lucro cesante pasado (y de pérdida de chances pasadas) se produce desde el vencimiento de cada periodo computable a los fines de la reparación, siendo ese el momento en el cual se genera el daño, que marca el comienzo del curso de los intereses moratorios” (PIZARRO, Ramón D., Los intereses en la responsabilidad extracontractual...ob. cit.).


Para el caso del lucro cesante futuro, en cambio, los intereses comienzan a correr desde la fecha que fija la sentencia de primera instancia para el pago de dicha indemnización, toda vez que recién a partir de allí se torna exigible el pago anticipado de la obligación resarcitoria.


Sobre el punto, se ha postulado que: “...en materia de daño futuro (daño emergente, lucro cesante y pérdida de chances), los intereses no pueden ser computados sino desde la fecha que fija la sentencia de primera instancia para el pago de dicha indemnización. Es una consecuencia lógica del carácter futuro del perjuicio (que no deja de ser tal por el hecho de que se lo valore y cuantifique anticipadamente al dictarse sentencia) y de la naturaleza moratoria que tiene dicho interés” (PIZARRO, Ramón D., Los intereses en la responsabilidad extracontractual...ob. cit.).


No obsta a tal solución, la circunstancia de que la fórmula Marshall utilizada para la liquidación del lucro cesante futuro incluya una tasa de interés puro entre el 6% y el 8% anual. Es que el interés contemplado en la fórmula matemático-financiera no resulta del fruto de la mora.


A diferencia de lo que suele creerse, el interés puro que se utiliza en la denominada fórmula Marshall no es un interés moratorio ni redimensiona la indemnización. No es moratorio, porque su finalidad no es la de resarcir el no cumplimiento oportuno de la obligación de reparar, sino que su objeto es esencialmente de amortización, pues procura coadyuvar a la obtención del resultado pretendido en la fórmula, esto es, un capital que se agote al finalizar el período contemplado. Tampoco acrecienta el quantum resarcitorio. Por el contrario, el interés que integra la base del cálculo de la fórmula pone un coto a la indemnización, cercenando progresivamente el capital acorde con el factor de amortización. Ejemplifica lo expuesto el advertir que si a la fórmula se le adita una tasa de interés mayor al 6% anual que suele utilizarse, la indemnización resulta menor.


En definitiva, en materia de daño material futuro (lucro cesante o chance) derivado de la incapacidad sufrida por la víctima, valuado el rubro conforme la fórmula Marshall, los intereses moratorios recién comenzarán a correr desde la fecha que fija la sentencia de primera instancia para el pago de dicha indemnización. Ello así, en virtud de la futuridad del perjuicio y la naturaleza moratoria de los intereses resarcitorios.


VI.e. A partir de tales consideraciones, se formularon las siguientes conclusiones hermenéuticas:


1. Siendo los intereses resarcitorios, intereses verdaderamente “moratorios”, aparece necesario que -en oportunidad de establecer el dies a quo de su cómputo- el juzgador efectúe una cuidadosa determinación del momento de producción de cada detrimento.


Ello así por cuanto sólo una vez producido cada débito resarcitorio surge la obligación de indemnizarlo y, consecuentemente, la eventualidad de que exista demora en el cumplimiento de aquella.


Tal labor viene impuesta por el principio de reparación integral y plena, principio según el cual la indemnización no debe ser inferior a lo que se debe, pero tampoco superior al daño efectivamente causado.


2. En su mérito, los intereses resarcitorios se computarán desde la fecha de comisión del hecho ilícito sólo cuando la consecuencia dañosa que se indemniza coincida temporalmente con el hecho que la engendró.


Si ello no es así, porque -v.gr. el daño apareció temporalmente con posterioridad al hecho generador, o si -por ejemplo- se trata de un daño sucesivo o progresivo (que determina débitos resarcitorios diferenciables, cronológicamente y autónomos en su cuantía) los intereses (que, reitero, son moratorios) no pueden devengarse desde la fecha del hecho ilícito, sino que deberá discriminarse la fecha real de su acaecimiento y recién desde allí computarse.


Si el daño -o parte del daño- aún no se ha producido ¿a título de qué se otorgan los intereses desde una fecha anterior?


VI.f. Finalmente, se dictaminó en lo que constituye la materia sujeta a unificación que si, en cambio, la pérdida de chance es “futura” (posterior al fallo) y su valuación se realiza utilizando la denominada fórmula Marshall, los intereses moratorios recién comenzarán a correr desde la fecha que fija la sentencia de primera instancia para el pago de dicha indemnización.


VII. A las consideraciones precedentes, que han sido fruto de una labor jurisdiccional por parte de los Vocales que integraran esta Sala en lo Civil y Comercial, solo puedo añadir que la solución que predican correcta guarda perfecta coherencia con los postulados que el Nuevo Código Civil y Comercial vigente a partir del 1º de Agosto de 2.015 ha incorporado en el art. 1748; pues allí claramente se establece que en el ámbito de la responsabilidad civil, el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio.


Esto significa que, en diversos supuestos, ya no será necesariamente la fecha del hecho ilícito la que marque el dies a-quo en el cómputo de los intereses moratorios; antes bien, se devengarán desde la fecha de cada perjuicio. Y teniendo en cuenta que la pérdida de chance futura proveniente de una incapacidad -tal y como ha sido juzgada en los casos sujetos a unificación- es un daño que se consolida con la sentencia, sólo cuando el deudor no cumple con la condena impuesta en el plazo establecido en la providencia, habrá incurrido en mora que deberá ser resarcida a título de interés moratorio.


VIII. Conforme lo expuesto y resultando que la sentencia recurrida no se ajusta a la doctrina establecida, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido y revocar la sentencia en lo relativo a la determinación del dies a quo de los intereses moratorios propios del rubro pérdida de chance futura derivada de la incapacidad laboral sufrida por el actor.


IX. Las costas devengadas en esta Sede extraordinaria deben ser soportadas por el orden causado, atento la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre la cuestión hermenéutica debatida (arg. art. 130 in fine CPCC)


No corresponde regular honorarios a los letrados de la parte vencida en esta oportunidad (arg. art. 26 contrario sensu, ley 9459).


Así voto.


 


A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, DIJO:


Adhiero a los fundamentos brindados por la Señora Vocal María Marta Cáceres de Bollati. Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la primera cuestión planteada.


 


A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESÍN, DIJO:


Comparto los fundamentos expuestos por la Señora Vocal del primer voto.


Así voto.


 


A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:


A mérito de la respuesta dada al primer interrogante propongo:


I. Hacer lugar al recurso de casación articulado y, en su mérito, anular parcialmente la sentencia número cuarenta y cuatro, dictada el día 23 de mayo de 2013 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación de esta ciudad, solo en cuanto dispone que los intereses sobre el rubro de pérdida de chances por incapacidad laboral sufrida por el actor se computen desde la fecha del hecho lesivo.


II. Las costas devengadas en esta Sede extraordinaria deben ser soportadas por el orden causado.


III. Con el objeto de evitar el dispendio de una nueva etapa procesal, se estima prudente prescindir del reenvío y decidir el punto que ha sido materia de revocación con arreglo a la doctrina sentada y conforme las constancias de la causa.


En uso de la prerrogativa que el ordenamiento adjetivo confiere a esta Sala (arg. art. 390 in fine, C. de P.C.), cabe recordar que, contra la resolución dictada en primera instancia (Sentencia Nº 381 de fecha 12/10/2011, fs. 347/353), la citada en garantía dedujo recurso de apelación, esgrimiendo que los intereses moratorios correspondientes a la indemnización mandada a pagar en concepto de pérdida de chance futura debían correr desde la fecha de la sentencia y no desde el día en que acaeció el hecho ilícito generador de la lesión a su capacidad (fs. 392 vta./395 vta.).


Conforme la doctrina sustancial sentada por esta Sala, la decisión asumida por el inferior no es correcta. Sobre el punto, las apreciaciones vertidas al resolver el recurso de casación y la conclusión que se alcanzó al respecto, constituyen respuesta suficiente para agotar el conocimiento de la apelación y decidir el acogimiento del agravio bajo la lupa.


En consecuencia, corresponde acoger el recurso de apelación, revocar parcialmente la sentencia de primer grado, y establecer que el cómputo de los intereses correspondientes al rubro pérdida de chance futura debe correr desde la fecha que fija la sentencia de primera instancia para el pago de dicha indemnización (en el caso, diez días luego de su dictado).


No corresponde modificar la imposición de costas de segunda instancia, atento a que la cuestión debatida giró en torno a un sólo aspecto -dies a quo de una condena accesoria (intereses)- de uno de los rubros mandados a pagar (pérdida de chance futura).


 


A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, DIJO:


Adhiero a la solución propuesta por la Señora Vocal del primer voto.


Voto en idéntico sentido.


 


A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESÍN, DIJO:


Coincido con el sentido resolutivo que postula la Doctora María Marta Cáceres de Bollati, por lo que me pronuncio en el mismo sentido.


 


Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial,


 


RESUELVE:


I. Hacer lugar al recurso de casación articulado al amparo de la causal prevista en el inc. 4° del art. 383 del C.P.C.C. y, en consecuencia, anular parcialmente la sentencia número cuarenta y cuatro dictada el día 23 de mayo de 2013 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación de esta ciudad, solo en cuanto dispone que los intereses sobre el rubro de pérdida de chance futura por incapacidad laboral sufrida por el actor se computen desde la fecha del hecho lesivo.


II. Imponer las costas de la instancia extraordinaria por su orden.


III. Acoger parcialmente el recurso de apelación deducido por la citada en garantía y, en su mérito, revocar parcialmente la sentencia de primer grado, estableciendo que el cómputo de los intereses correspondientes al rubro pérdida de chance futura debe correr desde la fecha que fija la sentencia de primera instancia para el pago de dicha indemnización (en el caso, diez días luego de su dictado).


Protocolícese e incorpórese copia.


 


Fdo.: CÁCERES DE BOLLATI - GARCÍA ALLOCCO - SESIN.

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