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Jurisprudencia

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Código Unívoco
19111
Fecha
14/09/2016
Materia
Civil y Comercial
Revista
Civil y Comercial
Número
262
Tribunal
T.S.J. Sala Civil y Comercial
Resolución
Sentencia 90
Carátula
Warnier Nides, Celina y otros c/ Ciarmatori Duilio Enrique y otro - Ordinario - Daños y perjuicios - Recurso de casación (Expte. Nº 489991)
Título
DAÑOS Y PERJUICIOS. PREJUDICIALIDAD PENAL. Archivo de las actuaciones. Causales. Alcance. Efectos. RESPONSABILIDAD DERIVADA DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Presentencialidad. Archivo de las actuaciones. Causales. Alcance. Efectos. RESPONSABILIDAD POR RIESGO O VICIO DE LA COSA. Factor de atribución objetivo. Alcance. Efectos. CAUSA AJENA. Hecho de la propia víctima. Circulación con un vehículo en contra mano. Procedencia. Interpretación normativa.
Texto

El Caso: La parte interpone recurso de casación contra la Sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Familia de San Francisco, fundado en la causal prevista en el inc. 1°, art. 383, C. de P. C. El TSJ hizo lugar a la casación.



 


1. La asimilación efectuada en la sentencia en crisis entre el “archivo” de las actuaciones sumariales y el “sobreseimiento” del imputado, importa asumir una interpretación que dadas las particularidades que singularizan el caso exorbita el recto alcance que corresponde predicar del art. 1103 del Cód. Civil (actual art. 1777 Cód. Civ. y Com.).


 


2. El valor que cabe asignar al “archivo” de las actuaciones dispuesto en sede penal, y, por el otro, ha definido los alcances que ejerce este último sobre la sentencia a dictarse en sede civil (Sent. n° 127 de fecha 13/10/15, in re “LEDESMA MIGUEL GUSTAVO Y OTRO. C/ ARCOR S.A.I.C. Y OTROS ORDINARIO RECURSO DE CASACION”).


 


3. No todas esas decisiones tienen valor definitivo. En esa tesitura se distinguió la hipótesis en la que el archivo se dicte por la existencia de “obstáculos transitorios” para la persecución penal, supuesto que por no implicar la imposibilidad definitiva de reanudar el proceso, no reviste el carácter de definitivo. En cambio, cuando el archivo de las actuaciones se funda en la falta de relevancia penal o tipicidad del hecho, esto es, “cuando el hecho en ellas contenido no encuadre en una figura penal”, en tal caso, a la disposición de archivar la causa se le ha reconocido valor definitivo, impidiendo una nueva investigación por iguales hechos en contra del mismo imputado.


 


4. Frente a la víctima el archivo de las actuaciones por falta de tipicidad no adquiere el valor de definitivo, en la medida que esta última no haya tenido posibilidades de procurar un contralor jurisdiccional para intentar revertir la desestimación o el archivo ordenados por el Fiscal de Instrucción. Es que el querellante particular tiene siempre, en los casos de archivo incluido el derivado de la desestimación de la denuncia, la posibilidad de obtener el control del juez sobre la decisión del Fiscal de archivar las actuaciones, a través del mecanismo de la oposición (art. 338 C.P.P.) de lo que deberá ser informado. Y aún en la hipótesis en que la víctima no se haya constituido en querellante, se le deberá hacer conocer este derecho, a fin de que pueda controvertir el archivo dispuesto mediante el mecanismo de la oposición (Cfr. CAFFERATA NORES, José I. TARDITTI, Aida, “Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba”, t. II, Mediterránea, ps. 66/68 vta.).


 


5. Si quien acciona en sede civil no participó en el proceso penal, ni tuvo la posibilidad de recurrir, no cabe acordar efectos de cosa juzgada a la resolución que dispuso el archivo de la causa, dictada en sede penal.


 


6. La finalidad de evitar el escándalo jurídico de pronunciamientos contradictorios tiene que compatibilizarse con los derechos de los terceros, a quienes no puede oponérseles una resolución dictada en un proceso en el cual no han sido parte.


 


7. Cuando los accionantes en el presente proceso civil se constituyeran y fueran aceptados como partes querellantes en la causa penal o no se les haya acordado el derecho de poder controlar el archivo de la causa, de ello se sigue sin hesitación que la decisión asumida en tal sentido no les es oponible. Ello así aún cuando se aluda para la falta de tipicidad el desplazamiento hacia la víctima (culpa exclusiva), porque no puede tener valor de cosa juzgada aquello que la parte no pudo controlar. Por vía de consecuencia, contrariamente a lo decidido en la sentencia en crisis, el archivo decidido en el fuero represivo no resultaba vinculante para el juez civil. (art. 1103, Cód. Civil actual art. 1777 Cód. Civ. y Com.).


 


8. Resulta consolidada la jurisprudencia que habilita hacer excepción al principio objetivo de la derrota cuando existe divergencia jurisprudencial en torno de la materia de fondo decidida (conf., Conf. TSJ Sala CC, “Hernández, Emilio C. c/ Red Vial Centro S. A.”, 10/04/01, LLC 2002, 1211; TSJ Sala CC, “Pagani, Juan C. s/rec. de casación”, 12/03/04, LLC 2004 julio, 603; TSJ Sala CC, “E.P.E.C. c/ Abel Ignacio Calderón Daños y Perjuicios Recurso de Casación”, Auto N° 7, 03/02/05; CNFed. Civ. y Com., Sala II, “O.L.R. c/ Ministerio del Interior Policía Federal”, 17/7/97, LA LEY, 1997F, 201; CFed. Resistencia, “Municipalidad de Resistencia c/ Empresa Nac. de Telecomunicaciones”, 6/5/97, LL Litoral 1999289).


 


9. El Tribunal de Casación con otra integración y en un viejo precedente ha rechazando la asimilación entre “archivo” y “sobreseimiento” a los fines del art. 1103 Cód. Civil (conf. TSJ Sala CyC, “Linares Ricardo y otros c/ Julio Torres y otros ordinario recurso de casación”, Sent. N° 3, 26/02/03). En su mérito y habiéndose arribado a una solución contraria, ello justifica que las costas de esta vía extraordinaria sean impuestas por el orden casado.


 


10. El choque entre dos o más vehículos en movimiento (cualquiera sea su porte) pone en juego las presunciones de causalidad y responsabiliza a cada dueño o guardián por los daños sufridos por el otro con fundamento objetivo en el riesgo, de allí que debe aplicarse el art. 1113, párr 2° del Cód. Civil (actuales arts. 1722, 1757 y 1769, Cód. Civil y Com.). Es que todo vehículo en movimiento, es decir, acorde con su naturaleza y destino normal (la circulación), constituye una de las cosas especialmente peligrosas que reconoce la civilización actual. Consecuentemente, cuando como en el caso se acciona contra el dueño, guardián y/o conductor de un automotor que ha colisionado con otro rodado, media una inversión de la carga de la prueba, pesando sobre el demandado la necesidad de acreditar una causalidad del accidente que sea eximitoria de su responsabilidad. Por tanto, demostrado que un vehículo tuvo intervención en la producción de determinados perjuicios (es decir, estando de manifiesto un nexo de causalidad aparente que justifique una imputación provisoria de responsabilidad), es su propietario, o quien ejercía un poder de control sobre el rodado, quien debe poner de relieve que así ocurrió por intervenir una causa ajena a él no imputable.


 


11. La inversión de la carga de la prueba, y la consecuente necesidad de los demandados de acreditar la eximente de la causa ajena, se aplica inclusive a la hipótesis como la de autos de colisión entre dos vehículos en movimiento; aún en estos casos el actor no necesita probar la culpa del demandado para fundar la reclamación resarcitoria, y éste último sólo se libera poniendo de relieve la culpa de la víctima u otro factor eximitorio que rompa el nexo causal. Dicha tesitura es la que vienen sosteniendo la casi totalidad de los tribunales del país, incluida la Corte Suprema, y es la que tiene asumida desde antaño este Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, quien se ha expedido sosteniendo que: “En caso de colisión de dos vehículos en movimiento, el dueño o guardián de cada uno de los vehículos en la colisión debe responder por los daños causados al otro de manera integral, salvo que medie causal eximitoria debidamente acreditada. El art. 1113 del Cód. Civil, es claramente definitorio. El automóvil es una ‘cosa riesgosa’ y cuando con ella se provocan daños, debe responderse objetivamente, sin que sea menester probar la culpa del dueño o guardián. En consecuencia, en caso de accidente, cada uno debe soportar el daño causado al otro, a menos que logre probar la fractura de la relación causal. No existe razón alguna que justifique en el supuesto de daños recíprocos provocados por dos vehículos en movimiento apartarse del régimen legal de responsabilidad para el supuesto de daño causado por el riesgo de las cosas. La ley de fondo previó para esos supuestos un factor de atribución basado en criterios objetivos, no existiendo razón alguna que permita apartarse de tal régimen por la sola circunstancia de que hayan intervenido dos cosas riesgosas y no una sola” (TSJ, Sala CyC, Sent. nº 28 del 30/11/93, in re: “Espíndola, Elvio H. y otro c/ Loritz A. Roasenda Orindario R. de Revisión”, publicada en SJ, n°. 974, 3/3/94).


 


12. La circunstancia de que en la producción del suceso que nos ocupa haya intervenido una cosa riesgosa (camión y motocicleta), prima facie sindica como responsable al conductor del rodado mayor e indirectamente a su dueño, sin necesidad de que deba determinarse la culpabilidad de quien manipulaba el vehículo. Esto así, en virtud del art. 1113, 2° párrafo, 2° supuesto Cód. Civil, en cuanto consagra la presunción de causalidad entre el hecho que protagonice el uso de la cosa riesgosa y el daño producido.


 


13. La aplicación del art. 1113 del Cód. Civil no impide la apreciación del comportamiento de la víctima en el caso, conductor de la motocicleta, pues la propia conducta del damnificado se puede convertir en causa exclusiva o concausa del daño, no pareciendo razonable en tal supuesto trasladar total o parcialmente las consecuencias a un tercero. Así lo establece la propia norma enunciada (art. 1113 Cód. Civil) y el art. 1111, ib. (actual art. 1729, Cód. Civil y Com.), que prevén la posibilidad de que el tercero se exima de responsabilidad -total o parcialmente si demuestra que ha mediado una conducta de la víctima con operatividad causal en el hecho lesivo.


 


14. Si bien lo decidido en el fuero penal al tiempo de archivarse las actuaciones sumariales no hace cosa juzgada en el presente proceso civil en los términos del art. 1103 del Cód. Civil, actual art. 1777 Cód. Civil y Com., ello de ninguna manera implica que las pruebas rendidas en ese proceso no puedan ser analizadas a la luz de la sana crítica racional.


 


15. Quien en el juicio civil ofrece y acompaña las constancias del sumario penal como prueba, luego de resultarle desfavorable no puede impugnarla alegando que no tuvo participación ni oportunidad de controlar lo obrado en el fuero represivo (TSJ, Sala CyC, Sent. N° 58/12; 36/15).


 


16. La télesis del art. 283 C. de P. C. se dirige a brindar al juzgador una herramienta útil para desconocer la eficacia convictiva de aquellos dictámenes que se presenten claramente inidóneos, conforme a lo que indican las reglas de la lógica o del pensamiento y de la experiencia (TSJ, Sala CyC. Sent. 188/01, 118/06). Sin embargo, tratándose de la valoración de cuestiones de orden técnico brindadas por un especialista, son obvias en principio, las limitaciones del juez en orden a la refutación de las conclusiones a las que haya arribado el perito. Por ello puede decirse que el juez no puede, desde su condición de componedor del conflicto jurídico, enervar una conclusión propia de ciencias, artes, técnicas y prácticas ajenas al derecho, sin un parámetro técnico, objetivo e impersonal, que así lo indique. Precisamente esta situación se verifica cuando lo dictaminado por el perito oficial ha sido contradicho por otra prueba que tiene el mérito de haber sido colectada momentos después del luctuoso evento y por oficiales públicos, lo que permite otorgarle un especial mérito probatorio, con lo cual las conclusiones del auxiliar de justicia no pueden asumirse como válidas.


 


17. Hay causalidad adecuada (arts. 901 a 906 Cód. Civil, actuales arts. 1726 y 1727 Cód. Civil y Com.) cuando una condición es por su naturaleza, en el curso habitual de las cosas y según la experiencia de la vida, capaz de producir el efecto que se ha realizado.


 


18. El hecho de que la víctima haya circulado a contramano hace que no pueda atribuirse causalmente al codemandado la producción del accidente, siquiera en una porción, al importar la comisión de una falta grave de tránsito (argum. art. 48, inc. c., Ley n° 24.449). Máxime si lo hizo de noche y circulado en el momento del evento con 180 mg de alcohol en sangre, que si bien no alcanza a superar el límite máximo permitido (art. 48, inc. a, Ley n° 24.449, texto conforme Ley n° 24.788) conforme las máximas de la experiencia, cuanto menos, hacía más dificultosa cualquier maniobra de esquive que se pudiera intentar.


 


19. Circular por la mano contraria, es decir en dirección opuesta a la que corresponde según las normas aplicables, se erige en una de las más graves infracciones de tránsito que pueden cometer los conductores, puesto que lo enfrenta directamente al tránsito que viene legítima y reglamentariamente por su mano. Así esta grave contravención convierte al infractor en obstáculo ilegal e imprevisible que se interpone en la línea de avance de quienes centran su atención en los rodados que circulan en el mismo sentido y es por ello, que se ha sostenido que no cabe exigirle a estos últimos una previsión fuera de lo que normalmente son las contingencias del tránsito (CN Civ., Sala J, 9/12/13, “Cortes Adrián H. c/ Mantovano Héctor Roberto s/ daños y perjuicios”, MJJ83986).


 


20. El principio de confianza obra como un límite entre los deberes de precaución de los actores del tránsito. De tal suerte, a cada uno le incumbe responder por la propia previsión y cuidado, no siendo positivamente exigible que un conductor deba prevenir los comportamientos antinormativos de otros como lo es, en el caso, circular a contramano” (Cam CyC Pergamino, 18/8/95, “Montero Julio c/ Rochi Jorge s/ Daños y perjuicios”, el DialWE04D).


 


21. la conducta temeraria y desaprensiva del actor que invadió la mano contraria es suficientemente demostrativa de que no se guiaba con el pleno dominio del vehículo (art. 39, inc. b, Ley n° 24.449), obrando con el cuidado y la previsión que las circunstancias de tiempo y lugar imponían (argum. art. 512 y 902, Cód. Civil).


 


22. En la generalidad de los casos, el vehículo que ingresó en contramano es porque su conductor ha perdido el dominio del móvil que guiaba. Evidentemente, establecer quién ha incurrido en dicha infracción brinda la solución del caso, pues constituye la causa eficiente de la producción del hecho y con ella la correspondiente responsabilidad resarcitoria” (CNCiv., Sala C, 29/11/05, “Delgado Antonio F. c/ Vera Maximino”; CNCiv., Sala K, 11/04/96, “Reyes Jorge A. c/ Flaibani Alejandro E.”; fallos citados en DARAY, “Derecho de daños en accidentes de tránsito”, t. I, 2° ed., Astrea, p. 278 y 283).


 


23. Carece de toda incidencia vista desde un plano causal la velocidad a que se conducía el camión, ya que la conducción de la motocicleta a contramano fue la causa adecuada y exclusiva del daño.


 


24. La sola conducción a contramano ha sido considerada en algunos casos por la jurisprudencia como suficiente para generar una responsabilidad exclusiva, pues siempre supone una conducta imprudente, además de constituir una infracción reglamentaria (art. 512 y 1109 del C. Civil)” (MEILIJ, “Responsabilidad civil en los accidentes de tránsito”, Nova Tesis, p. 54/55; LOPEZ MESA, Marcelo J., “Responsabilidad civil por accidentes de automotores”, Rubinzal Culzoni, p. 488; DARAY, “Derecho de daños en accidentes de tránsito”, t. I, 2° ed., Astrea, p. 282).


 


25. Si la víctima se introdujo a contramano es claro que su conducta culpable resultó determinante de la colisión y, en consecuencia, suficiente como para tener por probada la causal exculpatoria que alegara la demandada.


 


26. Los arts. 1111 y 1113 2° parte del Cód. Civil (actual art. 1729, Cód. Civil y Com.) establecen que el hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna, aunque esta sea objetiva.


 


27. El codificador regló expresamente a la falta imputable a la propia víctima como causal eximente de responsabilidad civil, puesto que es justo que quien causa su propio daño, soporte las consecuencia de su intervención protagónica en el hecho perjudicial (SAGARNA, Fernando A., “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Bueres Highton Dir., t. 3 A, Hammurabi, p. 417). Situación que queda configurada y resulta suficiente para rechazar la demanda, puesto que en la especie el hecho de la víctima ha roto el nexo de causalidad adecuado entre el actuar de los accionados y el daño.


 


TSJ -Sala Civil- Cba., Sent. 90, 14/9/2016, “Warnier Nides, Celina y otros c/ Ciarmatori Duilio Enrique y otro - Ordinario - Daños y perjuicios - Recurso de casación (Expte. Nº 489991)”


 


PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la actora?.


SEGUNDA CUESTION:¿Qué pronunciamiento corresponde?.


 


Conforme al sorteo que en este acto se realiza, los Sres. Vocales votan en el siguiente orden: Dres. María Marta Cáceres de Bollati, Domingo Juan Sesín y M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel.


 


A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:


I. El Dr. Luis A. Morelli, en representación de la parte actora, interpone recurso de casación en estos autos caratulados: “WARNIER NIDES CELINA Y OTROS C/ CIARMATORI DUILIO ENRIQUE Y OTROS ORDINARIO  RECURSO DE CASACION” (EXPTE. N° 489991), contra la Sentencia número ochenta y nueve de fecha treinta de mayo de dos mil trece, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Familia de San Francisco, fundado en la causal prevista en el inc. 1°, art. 383, C. de P. C..


Corrido traslado de la impugnación a la parte demandada y la citada en garantía, éstas lo evacuan a través del Dr. Oscar Daniel Izquierdo (fs. 501/511).


Mediante Auto Interlocutorio número trescientos cincuenta y cinco del veintiocho de noviembre de dos mi trece la Cámara a quo concede parcialmente la casación deducida, sólo por la causal de "quebrantamiento de formas" (fs. 515/517).


Elevadas las actuaciones a esta Sede, dictado y firme el proveído de autos (fs. 520 vta.) queda el recurso en condición de ser resuelto.


II. La articulación recursiva, en los límites en que ha sido habilitada, es susceptible del siguiente compendio:


Sostiene el recurrente que a pesar que esta Sala acogió un anterior recurso de casación por haberse aplicado indebidamente el art. 1103 del Cód. Civil, inexplicablemente la resolución atacada incurre en el mismo vicio, ya que vuelve a basar su fallo exclusivamente en la orden de Fiscalía de archivar las actuaciones penales, en abierto alzamiento de las directivas sentadas por este Alto Cuerpo.


En efecto, destaca que si compara la sentencia anulada y la aquí impugnada se trata de lo mismo, desde que la a quo se basa en las consideraciones que precisamente motivaron el acogimiento del anterior recurso de casación.


Agrega que también resulta inexplicable la cita efectuada en el fallo en crisis de un pronunciamiento de esta Sala (Sentencia n° 327/11), donde se afirmó que si en sede penal se indaga la culpa de la víctima el tribunal del crimen excede los límites de sus atribuciones legales, las que en este aspecto se encuentran circunscriptas a verificar la existencia o inexistencia de culpa en el procesado, ya que esto justamente es lo que hizo el Ministerio Público Fiscal, como lo destacó y reprochó la Sala en el anterior fallo anulatorio.


III. Ingresando al análisis de la impugnación deducida cabe adelantar que la misma resulta procedente, por cuanto en el sub júdice se advierte configurado un vicio que afecta formalmente al acto sentencial bajo anatema.


En efecto, la asimilación efectuada en la sentencia en crisis entre el “archivo” de las actuaciones sumariales y el "sobreseimiento" del imputado, importa asumir una interpretación que dadas las particularidades que singularizan el caso exorbita el recto alcance que corresponde predicar del art. 1103 del Cód. Civil (actual art. 1777 Cód. Civ. y Com.).


Respecto de esta materia, como nos encargamos de señalar en el fallo que habilitó el reenvío, este Tribunal goza de amplia competencia para controlar la corrección de la sentencia impugnada porque la controversia planteada entre las partes y allí decidida constituye una cuestión de carácter procesal (conf. considerando III, fs. 415/vta).


Damos razones.


IV. Sobre el particular, recientemente esta Sala con una integración especial por un lado ha determinado el valor que cabe asignar al “archivo” de las actuaciones dispuesto en sede penal, y, por el otro, ha definido los alcances que ejerce este último sobre la sentencia a dictarse en sede civil (Sent. n° 127 de fecha 13/10/15, in re “LEDESMA MIGUEL GUSTAVO Y OTRO. C/ ARCOR S.A.I.C. Y OTROS ORDINARIO RECURSO DE CASACION”).


Allí primeramente se estableció que no todas esas decisiones tienen valor definitivo.


En esa tesitura se distinguió la hipótesis en la que el archivo se dicte por la existencia de “obstáculos transitorios” para la persecución penal, supuesto que por no implicar la imposibilidad definitiva de reanudar el proceso, no reviste el carácter de definitivo.


En cambio, cuando el archivo  de las actuaciones se funda en la falta de relevancia penal o tipicidad del hecho, esto es, “cuando el hecho en ellas contenido no encuadre en una figura penal”, en tal caso, a la disposición de archivar la causa se le ha reconocido valor definitivo, impidiendo una nueva investigación por iguales hechos en contra del mismo imputado.


Ahora bien y ello deviene esencial para el presente, también se determinó que frente a la víctima el archivo de las actuaciones por falta de tipicidad no adquiere el valor de definitivo, en la medida que esta última no haya tenido posibilidades de procurar un contralor jurisdiccional para intentar revertir la desestimación o el archivo ordenados por el Fiscal de Instrucción.


Es que el querellante particular tiene siempre, en los casos de archivo incluido el derivado de la desestimación de la denuncia, la posibilidad de obtener el control del juez sobre la decisión del Fiscal de archivar las actuaciones, a través del mecanismo de la oposición (art. 338 C.P.P.) de lo que deberá ser informado. Y aún en la hipótesis en que la víctima no se haya constituido en querellante, se le deberá hacer conocer este derecho, a fin de que pueda controvertir el archivo dispuesto mediante el mecanismo de la oposición (Cfr. CAFFERATA NORES, José I. TARDITTI, Aida, “Codigo Procesal Penal de la Provincia de Córdoba”,  t. II, Mediterránea, ps. 66/68 vta.).


En suma, si quien acciona en sede civil no participó en el proceso penal, ni tuvo la posibilidad de recurrir, no cabe acordar efectos  de cosa juzgada a la resolución que dispuso el archivo de la causa, dictada en sede penal.


La finalidad de evitar el escándalo jurídico de pronunciamientos contradictorios tiene que compatibilizarse con los derechos de los terceros, a quienes no puede oponérseles  una resolución dictada en un proceso en el cual no han sido parte.


V. Por aplicación de tales pautas y no surgiendo de las constancias obrantes en autos que los accionantes en el presente proceso civil (esposa e hijos del Sr. Quevedo que falleciera en el accidente) se constituyeran y fueran aceptados como partes querellantes en la causa penal o no se les haya acordado el derecho de poder controlar el archivo de la causa, de ello se sigue sin hesitación que la decisión asumida en tal sentido no les es oponible.


Ello así aún cuando se aluda para la falta de tipicidad el desplazamiento hacia la víctima (culpa exclusiva), porque no puede tener valor de cosa juzgada aquello que la parte no pudo controlar.


Por vía de consecuencia, contrariamente a lo decidido en la sentencia en crisis, el archivo decidido en el fuero represivo en el sub júdice no resultaba vinculante para el juez civil. De modo que lo decidido en este punto infringe la recta interpretación del art. 1103, Cód. Civil (actual art. 1777 Cód. Civ. y Com.).


VI. En mérito de todo lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso impetrado y anular la sentencia casada.


Así voto.


 


A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:


Adhiero a los fundamentos expuestos por la Señora Vocal María Marta Cáceres de Bollati. Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la primera cuestión planteada.


 


A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL, DIJO:      


Comparto el análisis desarrollado por la Señora Vocal del primer voto.


Así voto.


 


A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:


Atento la conclusión arribada al tratar la cuestión anterior, propongo:


I. Hacer lugar al recurso de casación impetrado al amparo del inc. 1 del art. 383 del C. de P. C., y en consecuencia, anular la decisión recurrida en todo cuanto decide.


II. Las costas por la actuación en esta sede extraordinaria se imponen por el orden causado.


En efecto, resulta consolidada la jurisprudencia que habilita hacer excepción al principio objetivo de la derrota cuando existe divergencia jurisprudencial en torno de la materia de fondo decidida (conf., Conf. TSJ Sala CC, “Hernández, Emilio C. c/ Red Vial Centro S. A.”, 10/04/01, LLC 2002, 1211; TSJ Sala CC, “Pagani, Juan C. s/rec. de casación”, 12/03/04, LLC 2004 julio, 603; TSJ Sala CC, “E.P.E.C. c/ Abel Ignacio Calderón  Daños y Perjuicios  Recurso de Casación”, Auto N° 7, 03/02/05; CNFed. Civ. y Com., Sala II, “O.L.R. c/ Ministerio del Interior Policía Federal”, 17/7/97, LA LEY, 1997F, 201; CFed. Resistencia, “Municipalidad de Resistencia c/ Empresa Nac. de Telecomunicaciones”, 6/5/97, LL  Litoral 1999289).


Por aplicación de tales pautas, conviene señalar que esta Sala con otra integración y en un viejo precedente ha rechazando la asimilación entre “archivo” y “sobreseimiento” a los fines del art. 1103 Cod. Civil (conf. TSJ Sala CyC, “Linares Ricardo y otros c/ Julio Torres y otros ordinario recurso de casación”, Sent. N° 3, 26/02/03). En su mérito y habiéndose arribado a una solución contraria en la especie, ello justifica que las costas de esta vía extraordinaria sean impuestas por el orden casado.


Por ello, no cabe regular honorarios en esta oportunidad a los letrados intervinientes en vista de lo dispuesto por el art. 26, ley 9459.


III. A fin de evitar el dispendio de una nueva etapa procesal y en virtud del tiempo transcurrido tratándose de la segunda anulación acaecida en la especie, se procede a fallar sin reenvío los recursos de apelación pendientes y que fueran interpuestos por ambas partes (art. 390, C. de P. C.).


IV. A fs. 309/336 (Cpo. II) obra el escrito expresión de agravios de los demandados y la citada en garantía mediante apoderado.


1. Denuncia que la sentencia en crisis se funda en una pericia mecánica que adolece de falta de fundamentación y desconoce otros elementos de prueba que acreditarían que contrariamente a lo decidido en realidad fue la motocicleta quien invadió la hemicalzada por la que se conducía el camión, provocándose con ello el accidente por exclusiva culpa de la víctima con virtualidad para cortar el nexo causal (agravios primero a cuarto).


Concretamente aducen que el acta de inspección ocular y el croquis demostrativo del lugar, realizados con motivo de las actuaciones penales labradas en razón del fallecimiento de quienes se conducían en el rodado menor y que fundaron el archivo por parte del Sr. Fiscal interviniente, desvirtúan lo informado por el perito, quien concluyó sosteniendo que fue el camión quien invadió la hemicalzada por la que circulaban los Sres. Quevedo y Paredes.


De tales elementos colige que se encuentra acreditado que el camión nunca salió de su mano y, en cambio, la motocicleta abandonó la suya para invadir la del camión, impactándolo del costado derecho de éste y sobre su mano de circulación.


Señala que el perito informa que el camión era conducido a 112 km/h en el instante previo al impacto, pretendiendo fundar su opinión en la distancia existente entre el punto de impacto y el de detención. Entienden que esta afirmación carece de asidero científico ya que nada dice si esa distancia de frenado es considerada correcta cuando el cambión viaja vacío o con carga.


Respecto de la conducta del Sr. Quevedo (quien manejaba la motocicleta), encuentran determinante la elevadísima cantidad de alcohol en sangre que tenía (180 mg) ya que en su entendimiento ello le impedía conducir con la debida prudencia y sobre su mano. Fustigan que este dato no fue considerado por el perito y el juzgador.  Agregan que la demora en obtener las muestras de sangre alegada por la parte actora, lejos de perjudicarla la favorece, pues el transcurso del tiempo produce una cantidad menor de alcohol que la que efectivamente existía y nunca a la inversa.


Destaca que el perito omite considerar la elevada velocidad en que se conducía la motocicleta, siendo que la experiencia indica que una moto de esa cilindrada puede circular a igual o mayor velocidad que el camión (fs. 313vta. y 322).


2. De otro costado, critican la cuantificación de los daños (agravio quinto).


Por un lado, en razón de que la a quo fija la expectativa vida en 75 años para determinar el lucro cesante futuro, lo cual no se ajusta a derecho por cuanto tratándose de empleados en relación de dependencia debe calcularse hasta la edad jubilatoria, pues de allí en adelante los ingresos corresponden a los haberes jubilatorios sin perjuicio que alcance o supere la expectativa de vida.


Por el otro, entienden que para que el rubro lucro cesante no se erija en un enriquecimiento desmedido, la inferior debió deducir de los ingresos mensuales la pensión que la viuda percibe por el fallecimiento de su esposo y sobre el saldo practicar los cálculos de la fórmula Marshall.


Finalmente denuncian que lo mandado a pagar por daño moral resulta exorbitante, que la reparación del cien por ciento (100%) del mismo se elevaría a los $ 150.000. cuando el total del daño emergente apenas alcanza un tercio de dicha suma.


3. En último término, censuran la tasa de interés mandada a pagar (agravio sexto), postulando que no debe aplicarse la peticionada por la actora sino la tasa pasiva promedio del BCRA más el 1% mensual.


Hace reserva del caso federal.


V. Por su parte, a fs. 337/345 (Cpo. II) expresa agravios la parte actora a través de apoderado.


1. Se queja que se le haya atribuido al Sr. Quevedo responsabilidad concurrente en un cincuenta por ciento, siendo que adjudica total y exclusiva responsabilidad del accidente y de los daños provocados a los demandados.


a. Afirma que yerra la a quo al atribuirle culpa a la víctima adjudicándole la existencia de alcoholemia, en tanto que aún en el caso que se hubiera determinado en la proporción de 180 mg por litro en sangre del Sr. Quevedo, la misma es absolutamente inocua y no causa efecto alguno ya que está por debajo del máximo permitido (200 mg conforme el art. 48, ley n° 24.449 y 400 mg. Según art. 41, ley n° 9169).


Por ello y teniendo en cuenta que el conductor de la motocicleta no se encontraba alcoholizado en la ocasión del accidente, el planteo de nulidad impetrado por su parte de la pericia efectuada sobre la sangre del occiso hecha en sede penal deviene abstracta.


De allí que según su visión cobran relevancia las testimoniales rendidas sobre la condición de abstemio del Sr. Quevedo, específicamente de la Sra. Barobe, propietaria del bar que fuera la última parada en su trayecto a la muerte.


b. Critica que se le haya atribuido culpa a la víctima a partir de la maniobra efectuada por el Sr. Quevedo, sin tener en cuenta que la misma es derivación de la invasión de la mano de circulación por parte del conductor del camión (conducido por el Sr. Ciarmatori).


En efecto, entiende que la interpretación del primer juez es parcial y se limita a tener en cuenta sólo la invasión de la cabina del camión de 1,6 mts. sobre la mano contraria, y no la del chasis o resto del convoy que conforme lo expresado por el perito en accidentología ocupaba totalmente la hemicalzada de circulación de la motocicleta. Contingencia que obligó al conductor de la moto a desviarse hacia la izquierda del camión donde se produjo el impacto.


Si a ello se suma la excesiva velocidad en que circulaba el rodado mayor, 112 km/h según el perito, entiende que carece de fundamento la atribución de culpa a la víctima, siendo que ante la ausencia de testigos presenciales se debe acudir a lo dictaminado por el profesional, que es quien mejor puede describir la mecánica del accidente. Máxime, agrega, si la parte contraria no ofreció perito contraloreador, ni tampoco objetó las conclusiones y fundamentos periciales en la oportunidad que indica el art. 279, C. de P. C..


c. Se agravia que se haya atribuido responsabilidad a la víctima por no haber utilizado casco, en tanto que en el expediente penal obra acta labrada de la entrega a la esposa del fallecido de restos del casco, con lo cual tratándose de un instrumento público queda desvirtuado lo decidido por el primer juez.


En suma entiende que no encontrándose el Sr. Quevedo afectado por estado de ebriedad o alcoholemia, siendo la maniobra efectuada por la víctima derivación de la obstrucción total de la mano de circulación de la motocicleta y habiendo el conductor de la motocicleta portado casco protector, caen todos los argumentos con los cuales se pretende sustentar culpas concurrentes, resultando responsables exclusivos en la causación de los daños y perjuicios los demandados en un cien por ciento.


2. De otro costado, arguye que para un justo resarcimiento del lucro cesante en caso de muerte de la víctima aportante, corresponde detraer sobre el coeficiente sueldo de la fórmula económica financiera el 20% en que se estima el consumo de la propia víctima.


Fustiga por tanto que la a quo se haya apartado de dicho criterio que es uniformemente aceptado y haya detraído el 40% del sueldo, lo cual es exagerado y carece de fundamentación que lo avale. Además de que esa detracción no fue planteada por los demandados en oportunidad de contestar la demanda, por lo que mal podía pronunciarse el primer juez sin violentar los términos de la litis (principio de congruencia).


VI. En cabal cumplimiento de los principios lógico jurídicos de verificabilidad y racionalidad se estima conveniente efectuar un tratamiento conjunto de ambos recursos, desde que en definitiva aunque naturalmente con miradas contrapuestas ambos tienden a fustigar, por un lado, la relación de causalidad asignada a las partes en el evento dañoso y, por el otro, la cuantificación de los daños mandados a pagar a los responsables.


VII. En lo que hace a la mecánica del hecho conviene recordar que la a quo estableció en la sentencia apelada que la conducta de ambos protagonistas del accidente había contribuido causalmente en partes iguales (50%) en la producción del luctuoso evento, que tuvo como consecuencia el deceso de los Sres. Albino Esteban Quevedo y Lorena del Valle Paredes.


Por un lado, en razón de que el conductor del camión (Sr. Luis Enrique Ciarmatori): a) invadió parcialmente en 1,60 mts. conforme lo dictaminó el perito oficial la mano de circulación contraria donde se conducía el rodado menor; b) debía exigírsele una mayor diligencia tratándose de un chofer profesional, lo que supone mayor conocimiento para realizar las maniobras necesarias en caso de presentarse un imprevisto a fin de lograr evitarlo o evadirlo; c) la circunstancia de transitar en horario nocturno le imponía extremar la precaución a fin de mantener el total control del vehículo dada la escasa visibilidad; d) se conducía a 112 km/h, según el informe pericial.


Por el otro, en atención a que el conductor de la motocicleta (Sr. Quevedo): a) había avanzado igualmente sobre la mano de circulación contraria, impactando con la parte frontal derecha del camión; b) no se encontraba en estado óptimo para manejar ya que conforme informó el Departamento de Policía Judicial tenía 180 mg de alcohol en sangre, importando una grave violación a la ley 24.446 que establece la prohibición de conducir motocicletas con una alcoholemia superior a 200 mg.; c) circulaba sin casco ni anteojos, en violación a las normas de tránsito.


VIII. En estas condiciones, un análisis global de la prueba recolectada analizada a la luz de la sana critica racional me persuade de que lleva la razón la parte demandada, debiéndose imputar el accidente en un cien por ciento al actuar del conductor de la motocicleta.


Previo a justificar tal acerto debe destacarse que no hay duda que el choque entre dos o más vehículos en movimiento (cualquiera sea su porte) pone en juego las presunciones de causalidad y responsabiliza a cada dueño o guardián por los daños sufridos por el otro con fundamento objetivo en el riesgo, de allí que debe aplicarse el art. 1113, párr 2° del Cód. Civil (actuales arts. 1722, 1757 y 1769, Cód. Civil y Com.).


Es que todo vehículo en movimiento, es decir, acorde con su naturaleza y destino normal (la circulación), constituye una de las cosas especialmente peligrosas que reconoce la civilización actual.


Consecuentemente, cuando como en el caso se acciona contra el dueño, guardián y/o conductor de un automotor que ha colisionado con otro rodado, media una inversión de la carga de la prueba, pesando sobre el demandado la necesidad de acreditar una causalidad del accidente que sea eximitoria de su responsabilidad.


Por tanto, demostrado que un vehículo tuvo intervención en la producción de determinados perjuicios (es decir, estando de manifiesto un nexo de causalidad aparente que justifique una imputación provisoria de responsabilidad), es su propietario, o quien ejercía un poder de control sobre el rodado, quien debe poner de relieve que así ocurrió por intervenir una causa ajena a él no imputable.


La inversión de la carga de la prueba sobre la causalidad, y la consecuente necesidad de los demandados de acreditar la eximente de la causa ajena, se aplica inclusive a la hipótesis como la de autos de colisión entre dos vehículos en movimiento; aún en estos casos el actor no necesita probar la culpa del demandado para fundar la reclamación resarcitoria, y éste último sólo se libera poniendo de relieve la culpa de la víctima u otro factor eximitorio que rompa el nexo causal.


Dicha tesitura es la que vienen sosteniendo la casi totalidad de los tribunales del país, incluida la Corte Suprema, y es la que tiene asumida desde antaño este Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, quien se ha expedido sosteniendo que: “En caso de colisión de dos vehículos en movimiento, el dueño o guardián de cada uno de los vehículos en la colisión debe responder por los daños causados al otro de manera integral, salvo que medie causal eximitoria debidamente acreditada. El art. 1113 del Cód. Civil, es claramente definitorio. El automóvil es una ‘cosa riesgosa’ y cuando con ella se provocan daños, debe responderse objetivamente, sin que sea menester probar la culpa del dueño o guardián. En consecuencia, en caso de accidente, cada uno debe soportar el daño causado al otro, a menos que logre probar la fractura de la relación causal. No existe razón alguna que justifique en el supuesto de daños recíprocos provocados por dos vehículos en movimiento apartarse del régimen legal de responsabilidad para el supuesto de daño causado por el riesgo de las cosas. La ley de fondo previó para esos supuestos un factor de atribución basado en criterios objetivos, no existiendo razón alguna que permita apartarse de tal régimen por la sola circunstancia de que hayan intervenido dos cosas riesgosas y no una sola” (TSJ, Sala CyC, Sent. nº 28 del 30/11/93, in re: “Espíndola, Elvio H. y otro c/ Loritz A. Roasenda Orindario R. de Revisión”, publicada en SJ, n°. 974, 3/3/94).


De tal guisa, y toda vez que en el caso en estudio sólo los herederos del Sr. Quevedo dedujeron la pretensión indemnizatoria, los demandados cargan con la afirmación y prueba de la eximente esgrimida.


Así, dentro del marco jurídico anticipado, la circunstancia de que en la producción del suceso que nos ocupa haya intervenido una cosa riesgosa (camión y motocicleta), prima facie sindica como responsable al conductor del rodado mayor e indirectamente a su dueño, sin necesidad de que deba determinarse la culpabilidad de quien manipulaba el vehículo.


Esto así, en virtud del art. 1113, 2° párrafo, 2° supuesto Cód. Civil, en cuanto consagra la presunción de causalidad entre el hecho que protagonice el uso de la cosa riesgosa y el daño producido.


No obstante todo lo dicho, la aplicación del art. 1113 del Cód. Civil no impide la apreciación del comportamiento de la víctima en el caso, conductor de la motocicleta, pues la propia conducta del damnificado se puede convertir en causa exclusiva o concausa del daño, no pareciendo razonable en tal supuesto trasladar total o parcialmente las consecuencias a un tercero.


Así lo establece la propia norma enunciada (art. 1113 Cód. Civil) y el art. 1111, ib. (actual art. 1729, Cód. Civil y Com.), que prevén la posibilidad de que el tercero se exima de responsabilidad –total o parcialmente si demuestra que ha mediado una conducta de la víctima con operatividad causal en el hecho lesivo.


IX. En el sub júdice ha quedado acreditado el hecho de la víctima, en tanto que conforme veremos a seguir en realidad fue la motocicleta Guerrero Magic 125 cc. quien invadió totalmente la calzada donde debía transitar el camión, circunstancia ésta que por sí misma resultaba suficiente para imputarle causalmente la integridad de los daños producidos.


1. Adviértase que el primer juzgador otorgó particular relevancia al informe pericial mecánico rendido por el Ing. Arias.


El referido profesional encontró gravitante el hecho de que se haya tratado de un camión con acoplado que en conjunto (convoy) poseen un largo de 20,5 mts, el cual tiene un punto de articulación que funciona como acople entre ambos móviles que evidentemente poseen largos diferentes, siendo el largo de la parte delantera que no lleva carga el menor.


En virtud de este dato, se encargó de explicar a través de gráficos por qué mientras el tracto camión gira, igualmente por un cierto tiempo el remolque conserva su dirección hasta que las ruedas direccionales lo lleven a modificar la trayectoria de su eje. Dicho de otra manera, lleva una cantidad de metros considerable para que la parte trasera tome la misma dirección y sentido en que lo hace el camión que la tracciona.


En base a este orden de consideraciones, concluyó sosteniendo que: “si el hecho ocurre en circunstancias de que el frente lado derecho del convoy está a UN METRO CON SESENTA CENTÍMETROS del eje medio hacia la otra hemicalzada, si ello ocurre en una maniobra de tipo radial, sin lugar a dudas que el resto del convoy esta obturando la hemicalzada de circulación contraria… Lo que nos dice que es muy probable que previo al evento la circulación del convoy fuere de obturación de la hemicalzada de circulación del biciclo, obligando ha (sic.) realizar la maniobra de evasión hacia la otra hemicalzada” (fs. 146, el destacado me pertenece).


Queda en evidencia, entonces, que a juicio del perito oficial el camión se conducía totalmente por la mano contraria, es decir por donde venía transitando el Sr. Quevedo, pero intentó una maniobra de giro para retomar el carril que correspondía a su mano.


No obstante, si bien la parte delantera del camión alcanzó a trasponer parcialmente (1,4 mts) la línea media divisoria entre ambas calzadas (permaneciendo correlativamente 1,6 mts. hacia la otra mano, conf. fs. 147) independientemente de ello igualmente el remolque quedó completamente a contramano precisamente por la propia dinámica de giro que caracteriza a estos rodados de gran porte y articulados.


2. Ahora bien, lo cierto y concreto es que la mecánica así descripta por el perito oficial es contradicha por otra prueba independiente, la cual permite rebatir absolutamente sus conclusiones.


En efecto, si bien lo decidido en el fuero penal al tiempo de archivarse las actuaciones sumariales no hace cosa juzgada en el presente proceso civil en los términos del art. 1103 del Cód. Civil, actual art. 1777 Cód. Civil y Com. (conforme analizáramos al tratar la primera cuestión), ello de ninguna manera implica que las pruebas rendidas en ese proceso no puedan ser analizadas a la luz de la sana crítica racional.


Incluso más, esta Sala tiene dicho que quien en el juicio civil ofrece y acompaña las constancias del sumario penal como prueba, luego de resultarle desfavorable no puede impugnarla alegando que no tuvo participación ni oportunidad de controlar lo obrado en el fuero represivo (TSJ, Sala CyC, Sent. N° 58/12; 36/15).


En estas condiciones adquiere particular importancia el croquis (fs. 6/7) y las fotografías (fs. 7/14) efectuadas por los oficiales de policía que fueron destacados en el lugar del hecho, y que fueran acompañadas por la propia actora.


Si bien por la primera el efectivo interviniente manifiesta que se encontró al camión en su carril de marcha y así se hizo constar en el dibujo que acompañó al acta de inspección (fs. 7), ese dato es confirmado de modo inconstrastable por la fotografía tomada en ese momento y que da cuenta de que el camión (más precisamente tanto su parte delantera como su acoplado) se encontraba detenido sobre su mano de circulación y no de forma perpendicular a ésta como se derivaría de lo informado por el perito oficial (fs. 14).


En efecto, no obstante que esta circunstancia no se aprecia manifiesta de las copias glosadas en autos, siendo que se trata de una fotocopia y las fotografías fueron tomadas de noche, elementos ambos que dificultan distinguir con detalle lo retratado, ese dato que hacemos referencia y que resulta esencial surge de sus originales, que tengo a la vista al haberse requerido ad effectum videndi los autos: “ACTUACIONES LABRADAS POR LA POLICÍA DE LAS VARAS CON MOTIVO DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EL DÍA 01/06/2003, DEL QUE RESULTAN LAS MUERTES DE LORENA DEL VALLE PAREDES Y ALBINO ESTEBAN QUEVEDO” (Expte. n° 2724356).


De tales piezas, en particular de la fotografía glosada a fs. 13 de aquéllas actuaciones, surge a simple vista dos datos fundamentales para la justa composición del litigio.


Por un lado, que no es cierto que el resto del convoy (parte trasera del camión) haya obturado la hemicalzada de circulación contraria, siquiera en una mínima porción, sino y por el contrario, que el rodado mayor en su conjunto quedó detenido momentos después del impacto sobre su mano de circulación. Por el otro, que la colisión se produjo totalmente sobre la mano del rodado mayor y más específicamente sobre el lateral más próximo a la banquina, lo que según las normas de la experiencia se deriva de los manchones de sangre que marcarían el punto de impacto con el rodado menor así como de la fotografía del frente del camión.


Ello, por sí mismo, torna inverosímil la explicación brindada por el perito oficial interviniente, ya que termina por acreditar que en la emergencia fue la motocicleta quien invadió totalmente la mano de circulación del camión.


Insistimos, si fuera cierto la versión dada por el perito, la realidad indicaría que la parte trasera del camión o acoplado debería haber permanecido en el carril contrario al de su mano de circulación o, por lo menos, perpendicular a la línea de circulación, y su frente con un ángulo de ataque que es exactamente contrario al que se advierte de la referida fotografía. La cual, vale destacar, no es compatible con un rodado que pretende salir de la mano contraria para retornar la suya.


3. Recuérdese que la télesis del art. 283 C. de P. C. se dirige a brindar al juzgador una herramienta útil para desconocer la eficacia convictiva de aquellos dictámenes que se presenten claramente inidóneos, conforme a lo que indican las reglas de la lógica o del pensamiento y de la experiencia (TSJ, Sala CyC. Sent. 188/01, 118/06).


Sin embargo, tratándose de la valoración de cuestiones de orden técnico brindadas por un especialista, son obvias en principio, las limitaciones del juez en orden a la refutación de las conclusiones a las que haya arribado el perito. Por ello puede decirse que el juez no puede, desde su condición de componedor del conflicto jurídico, enervar una conclusión propia de ciencias, artes, técnicas y prácticas ajenas al derecho, sin un parámetro técnico, objetivo e impersonal, que así lo indique.


Precisamente esta situación se verifica en el sub lite, desde que como nos encargamos de demostrar lo dictaminado por el perito oficial ha sido contradicho por otra prueba que tiene el mérito de haber sido colectada momentos después del luctuoso evento y por oficiales públicos, lo que permite otorgarle un especial mérito probatorio, con lo cual las conclusiones del auxiliar de justicia no pueden asumirse como válidas.


Quiere decir, en suma, que los elementos de prueba colectados en autos acreditan que momentos antes del impacto el convoy (camión y remolque) no se conducía a contramano, ni el acoplado permaneció obturando totalmente la hemicalzada por donde se conducía la motocicleta. Sino todo lo contrario.


X. Llegados a este punto, conviene señalar que hay causalidad adecuada (arts. 901 a 906 Cód. Civil, actuales arts. 1726 y 1727 Cód. Civil y Com.) cuando una condición es por su naturaleza, en el curso habitual de las cosas y según la experiencia de la vida, capaz de producir el efecto que se ha realizado.


En nuestro caso, el hecho de que la vícitma haya circulado a contramano hace que no pueda atribuirse causalmente al codemandado la producción del accidente, siquiera en una porción (como lo hizo la sentencia recurrida), al importar la comisión de una falta grave de tránsito (argum. art. 48, inc. c., Ley n° 24.449).


Máxime si el Sr. Quevedo lo hizo de noche y circulado en el momento del evento con 180 mg de alcohol en sangre, que si bien no alcanza a superar el límite máximo permitido (art. 48, inc. a, Ley n° 24.449, texto conforme Ley n° 24.788) conforme las máximas de la experiencia, cuanto menos, hacía más dificultosa cualquier maniobra de esquive que se pudiera intentar.


Baste señalar que circular por la mano contraria, es decir en dirección opuesta a la que corresponde según las normas aplicables, se erige en una de las más graves infracciones de tránsito que pueden cometer los conductores, puesto que lo enfrenta directamente al tránsito que viene legítima y reglamentariamente por su mano.


Así esta grave contravención convierte al infractor en obstáculo ilegal e imprevisible que se interpone en la línea de avance de quienes centran su atención en los rodados que circulan en el mismo sentido y es por ello, que se ha sostenido que no cabe exigirle a estos últimos una previsión fuera de lo que normalmente son las contingencias del tránsito (CN Civ., Sala J, 9/12/13, “Cortes Adrián H. c/ Mantovano Héctor Roberto s/ daños y perjuicios”, MJJ83986).


Recordemos en este sentido que “el principio de confianza obra como un límite entre los deberes de precaución de los actores del tránsito. De tal suerte, a cada uno le incumbe responder por la propia previsión y cuidado, no siendo positivamente exigible que un conductor deba prevenir los comportamientos antinormativos de otros como lo es, en el caso, circular a contramano” (Cam CyC Pergamino, 18/8/95, “Montero Julio c/ Rochi Jorge s/ Daños y perjuicios”, el DialWE04D).


De otro costado, la conducta temeraria y desaprensiva del actor que invadió la mano contraria es suficientemente demostrativa de que no se guiaba con el pleno dominio del vehículo (art. 39, inc. b, Ley n° 24.449), obrando con el cuidado y la previsión que las circunstancias de tiempo y lugar imponían (argum. art. 512 y 902, Cód. Civil).


En dicha línea argumental se ha resuelto que: “en la generalidad de los casos, el vehículo que ingresó en contramano es porque su conductor ha perdido el dominio del móvil que guiaba. Evidentemente, establecer quién ha incurrido en dicha infracción brinda la solución del caso, pues constituye la causa eficiente de la producción del hecho y con ella la correspondiente responsabilidad resarcitoria” (CNCiv., Sala C, 29/11/05, “Delgado Antonio F. c/ Vera Maximino”; CNCiv., Sala K, 11/04/96, “Reyes Jorge A. c/ Flaibani Alejandro E.”; fallos citados en DARAY, “Derecho de daños en accidentes de tránsito”, t. I, 2° ed., Astrea, p. 278 y 283).


Precisamente por ello carece de toda incidencia vista desde un plano causal la velocidad a que se conducía el camión, ya que la conducción de la motocicleta a contramano fue la causa adecuada y exclusiva del daño.


En efecto, “la sola conducción a contramano ha sido considerada en algunos casos por la jurisprudencia como suficiente para generar una responsabilidad exclusiva, pues siempre supone una conducta imprudente, además de constituir una infracción reglamentaria (art. 512 y 1109 del C. Civil)” (MEILIJ, “Responsabilidad civil en los accidentes de tránsito”, Nova Tesis, p. 54/55).


En el mismo sentido véase: LOPEZ MESA, Marcelo J., “Responsabilidad civil por accidentes de automotores”, Rubinzal Culzoni, p. 488; DARAY, “Derecho de daños en accidentes de tránsito”, t. I, 2° ed., Astrea, p. 282.


En definitiva, si la víctima se introdujo a contramano es claro que su conducta culpable resultó determinante de la colisión y, en consecuencia, suficiente como para tener por probada la causal exculpatoria que alegara la demandada.


Destáquese que los arts. 1111 y 1113 2° parte del Cód. Civil (actual art. 1729, Cód. Civil y Com.) establecen que el hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna, aunque esta sea objetiva.


Así y como adelantamos (considerando VIII), el codificador regló expresamente a la falta imputable a la propia víctima como causal eximente de responsabilidad civil, puesto que es justo que quien causa su propio daño, soporte las consecuencia de su intervención protagónica en el hecho  perjudicial (SAGARNA, Fernando A., “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Bueres Highton Dir., t. 3 A, Hammurabi, p. 417).


Situación que ha quedado configurada y resulta suficiente para rechazar la demanda, puesto que en la especie el hecho de la víctima ha roto el nexo de causalidad adecuado entre el actuar de los accionados y el daño.


XI. En mérito de todo lo expuesto corresponde, en definitiva, hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los demandados y la citada en garantía en este punto y correlativamente rechazar el de la parte actora, disponiendo que los accionados conductor y dueño del camión no deben responder civilmente en atención al hecho de la víctima, debiéndose por tanto rechazar la demanda en todas sus partes.


La solución propuesta torna carente de sentido el tratamiento del segundo capítulo de sendas apelaciones, esto es, el referido a la cuantificación de los rubros resarcitorios perseguidos.


Las costas en ambas instancias se imponen por el orden causado.


En efecto, a fin de hacer excepción al principio objetivo de la derrota debe tenerse en consideración, además de existir jurisprudencia contradictoria respecto de los efectos del archivo de las actuaciones penales (ver ut supra, considerando II), que en la especie se verifica la concurrencia de cuestiones fácticas complejas contradichas por medios probatorios gravitantes (en especial la prueba pericial oficial rendida en el fuero civil) lo cual pudo generar válida y objetivamente razones fundadas para litigar a la parte actora, dando sustento a la aplicación del supuesto previsto en el art. 130, in fine, C. de P. C..


No cabe regular honorarios en esta oportunidad a los letrados intervinientes en vista de lo dispuesto por el art. 26, ley 9459.


Así voto.


 


A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:


Comparto la solución propuesta por la Señora Vocal del primer voto.


Así voto.


 


A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARIA DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL, DIJO:      


Coincido con lo propuesto por la Señora Vocal del primer voto, por lo que así me expido.


Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial;


 


RESUELVE:


I. Hacer lugar al recurso de casación por el motivo del inc. 1 del art. 383 del CPCC, y en consecuencia, anular la decisión recurrida en todo cuanto decide.


II. Las costas por la actuación en esta sede extraordinaria se imponen por el orden causado (art. 130, in fine, C. de P. C.).


III. No regular honorarios a los letrados intervinientes (art. 26, C.A.).


IV. Rechazar el recurso de apelación de la actora.


V. Hacer lugar al recurso de apelación de la demandada y, en consecuencia, rechazar la demanda en todas sus partes.


VI. Las costas en ambas instancias se imponen por su orden (art. 130, in fine, C. de P. C.).


VII. No regular honorarios a los letrados intervinientes (art. 26, C.A.).


Protocolícese e incorpórese copia.


 


Fdo.: CÁCERES DE BOLLATI - BLANC DE ARABEL - SESIN.

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