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Jurisprudencia

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Código Unívoco
21975
Fecha
21/10/2021
Materia
Laboral
Revista
Derecho Laboral
Número
283
Tribunal
T.S.J. Sala Laboral
Resolución
Sent. N.° 304
Carátula
“Isola Josué Enrique c/ Torno Alberto Abel y Otro - Ordinario - Despido - Recurso de Casación - 2682028”, Trib. de origen: Cám. Trab. Villa María
Título
RELACIÓN DE DEPENDENCIA. Existencia. PRUEBA TESTIMONIAL Y DOCUMENTAL. Valoración. RELEVANCIA. CONDUCTOR DE REMIS. Servicio de traslado de empleados de otra empresa. DESPIDO INDIRECTO. Procedencia. INDEMNIZACIONES. CÁLCULO. TRABAJADOR JUBILADO (art. 253, LCT). Período posterior a la obtención de la pensión no contributiva por invalidez. CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES. MULTA (art. 80, LCT). Procedencia. DIFERENCIAS DE HABERES. Imprecisión en el reclamo. Improcedencia.
Texto


El caso

La parte actora dedujo recurso de casación en contra del pronunciamiento que rechazó la demanda por entender que entre las partes no medió la relación de dependencia invocada. Denuncia que el juzgador vulneró las reglas de la sana crítica racional al valorar la prueba porque con las declaraciones unánimes de los testigos se acreditó que trasladaba a los empleados conductores de locomotora de “Nuevo Central Argentina S.A.” y que el accionado era el titular del servicio de transporte. Agrega que, la percepción de una pensión asistencial no impide la posibilidad de prestar tareas, que es arbitrario descalificar la autorización para conducir por ser extraña a un servicio público y que los 1323 tickets de traslados, analizados en conjunto con el resto del material probatorio, aportan una clara evidencia sobre quién es el empresario y el vínculo habido. Finalmente, dice inobservada la presunción establecida en el art. 23 de la LCT porque fue reconocida la prestación de servicios, situación que exigía al demandado desvirtuar el carácter no laboral de la contratación. El Juzgador, para rechazar la demanda sostuvo que aun conjugando varios de los testimonios era imposible configurar el “núcleo duro de prestación de tareas” que el actor denuncia haber cumplido (ser chofer de remis en horario nocturno, durante todos los meses, por un término de cuatro años, realizando más de ochenta horas extras por mes). Agregó que, el accionante es beneficiario de una pensión no contributiva por invalidez desde el mes de mayo de 2015, momento en el que y hasta enero de 2016, dice haber laborado. Finalmente, sostuvo que la autorización para manejar refiere a un vehículo de uso privado y que los tickets no identifican el automotor ni al conductor ni vinculan al accionante con el demandado. La Sala Laboral del Alto Tribunal verificó existencia de relación de dependencia y admitió parcialmente la demanda, pero solo en contra del principal demandado. La Dra. Blanc de Arabel, conforme su conocida postura admitió también las multas de los artículos 8 y 15 de la Ley Nacional de Empleo.




1. Las fuentes de convicción en su conjunto y razonablemente apreciadas, cambian el resultado del pleito si el Tribunal considera insuficiente la testimonial, pero en realidad corrobora la prestación de servicios con la modalidad afirmada en el escrito inicial. En efecto, el hilo central de las mismas ratifica que el actor efectuaba el traslado del personal de la empresa “Nuevo Central Argentino S.A.”, a través de un servicio de remis, cuyo titular era el demandado, quien había sido contratado por aquella sociedad.

2. La autorización para conducir tiene relevancia si uno de los testigos dijo que para los viajes también se utilizaban autos particulares. Luego, la prestación de servicios -traslado de personas-, a favor del accionado, queda demostrada. No existe prueba en contrario de que ello ocurría como consecuencia de un título distinto al de dependiente -locación de servicios como se invocó en oportunidad del memorial de contestación.

3. En cuanto al distracto, se sabe que el 29/12/15 el reclamante intimó se registrara la relación, el abono de rubros adeudados, diferencias de haberes y se aclarase su situación laboral, bajo apercibimiento de despido, obteniendo como respuesta la negativa del vínculo. Luego, la ruptura -hecha efectiva el 22/01/16- luce conforme a derecho frente a la máxima injuria.

4. Con respecto a la antigüedad para el cálculo de las indemnizaciones derivadas del despido, se tendrá en cuenta el período posterior a la obtención de la pensión no contributiva por invalidez, según lo dispuesto por el art. 253 de la LCT, al no efectuar distinción entre el trabajador que continúa prestando servicios después de acceder al beneficio previsional y quien regresa a la actividad con posterioridad (ver en este sentido fallo de la CSJN del 24/11/15 in re: “Quetglas Magnasco…”). Mientras que la fecha de ingreso es la invocada -15/10/11- según las referencias de los testigos y la presunción generada por la falta de exhibición requerida.

5. No procede la multa del art. 8 Ley Nacional de Empleo si no se probó que el requerimiento cursado al empleador haya sido receptado por la Afip.

6. Tampoco la del art. 15 ib. desde que surge del propio relato de la demanda que la negativa de tareas fue previa a la intimación de registro, lo que denota un conflicto anterior y ajeno al supuesto que esa norma regula. No obstante, atento la clandestinidad del vínculo, procede el pago de la indemnización del art. 1 de la Ley N.° 25323, que también se reclama.

7. Con respecto a la certificación de servicios y remuneraciones y de trabajo, tratándose de una obligación legal, su entrega deberá cumplirse en el término de treinta días desde que quede firme el pronunciamiento, bajo apercibimiento de astreintes equivalentes a un día SMVM por cada día de demora posterior al vencimiento del plazo, en beneficio del accionante y hasta un máximo de 30 días, bajo apercibimiento de que el Tribunal a quo las otorgue.

8. También procede la multa prevista por el art. 80 de la LCT, toda vez que, la negativa de la naturaleza del contrato indica que el empleador nunca hubiera cumplido.

9. Deben desestimarse las diferencias de haberes si el reclamo no contiene precisión ni claridad, desde que se formula indicando el monto que se adeuda, sin individualización concreta y específica de los días efectivamente trabajados. Además, la testimonial identifica al actor como un chofer de remis, concordante con la actividad llevada a cabo por el demandado, cuya forma habitual de remuneración, deja sin sustento la demanda de este rubro.

10. El pedido de hacer extensiva la condena a la empresa de transporte debe desestimarse si conforme surge de la pericial contable, esta firma tiene por objeto la prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros y carga, la operación de trenes y atención de estaciones, el mantenimiento de materia rodante, mientras que el demandado efectuaba el traslado del personal de conducción desde su domicilio a los distintos puntos de toma de servicios y viceversa.



-Del voto en disidencia parcial de la Dra. Blanc G. de Arabel-

11. Con respecto a la sanción del art. 8 de la ley N.° 24013, debe entenderse que la CD remitida a la Administración Federal de Ingresos Públicos es un documento fidedigno en función de la intervención del funcionario postal y del sello del servicio oficial, que constituye suficiente prueba del contenido enviado al destinatario (en igual sentido Sents. Nros. 48/14, 115 y 156/17, 37/20 entre otras).

12. En cuanto a la sanción del art. 15 de la ley 24013, la simultaneidad del pedido de registración con los emplazamientos a regularizar deberes del empleador -en el caso, entre otras, aclaración de situación laboral- no puede disimular la falta de registración y la estrictez en la interpretación no autoriza a adicionar un requisito no previsto en la manda legal (inexistencia de otras injurias concomitantes). La operatividad del art. 15 de la LE, tiene por finalidad disuadir la perniciosa práctica del empleo no registrado, imponiendo una pesada sanción al empleador que así obra, cuando, habiendo sido emplazado durante la vigencia del contrato, el mismo se extingue por su culpa.



TSJ Córdoba, Sala Laboral, Sent. N.° 304, 21/10/2021, “Isola Josué Enrique c/ Torno Alberto Abel y Otro - Ordinario - Despido - Recurso de Casación - 2682028”, Trib. de origen: Cám. Trab. Villa María





Primera cuestión: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la parte actora?

Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?



A la primera cuestión planteada:

El señor vocal doctor Luis Eugenio Angulo, dijo:

1. El recurrente denuncia que el pronunciamiento es incongruente y vulnera las reglas de la sana crítica racional al valorar la prueba. Expresa que la naturaleza laboral del vínculo y la responsabilidad solidaria de la codemandada se acreditó con la testimonial, pues de las declaraciones unánimes surge que el actor trasladaba a los empleados conductores de locomotora de “Nuevo Central Argentina S.A.” y que Torno era el titular del servicio de transporte. Agrega que, la percepción de una pensión asistencial no impide la posibilidad de prestar tareas, que es arbitrario descalificar la autorización para conducir por ser extraña a un servicio público y que los 1323 tickets de traslados, analizados en conjunto con el resto del material probatorio, aportan una clara evidencia sobre quien es el empresario y el vínculo habido. Finalmente, dice inobservada la presunción establecida en el art. 23 de la LCT porque fue reconocida la prestación de servicios, situación que exigía al demandado desvirtuar el carácter no laboral de la contratación.

2. El Juzgador sostuvo que aun conjugando varios de los testimonios era imposible configurar el “núcleo duro de prestación de tareas” que el actor denuncia haber cumplido (ser chofer de remis en horario nocturno, durante todos los meses, por un término de cuatro años, realizando más de ochenta horas extras por mes). Agregó que, el accionante es beneficiario de una pensión no contributiva por invalidez desde el mes de mayo de 2015, momento en el que y hasta enero de 2016, dice haber laborado. Finalmente, sostuvo que la autorización para manejar refiere a un vehículo de uso privado y que los tickets no identifican el automotor ni al conductor ni vinculan al accionante con el demandado (fs. 301/302).

3. Las fuentes de convicción en su conjunto y razonablemente apreciadas, cambian el resultado del pleito.

El Tribunal considera insuficiente la testimonial, pero en realidad corrobora la prestación de servicios con la modalidad afirmada en el escrito inicial. En efecto, el hilo central de las mismas ratifica que Isola efectuaba el traslado del personal de la empresa “Nuevo Central Argentino S.A.”, a través de un servicio de remis, cuyo titular era Torno, quien había sido contratado por aquella sociedad. Asimismo, la autorización para conducir tiene relevancia, porque Alfonso dijo que para los viajes también se utilizaban autos particulares. Luego, la prestación de servicios -traslado de personas-, a favor del accionado, queda demostrada. No existe prueba en contrario de que ello ocurría como consecuencia de un título distinto al de dependiente -locación de servicios como se invocó en oportunidad del memorial de contestación.

4. Lo expuesto autoriza a anular el pronunciamiento (art. 105 CPT), restando analizar la procedencia de los rubros demandados.

5. En cuanto al distracto, se sabe que el 29/12/15 el reclamante intimó se registrara la relación, el abono de rubros adeudados, diferencias de haberes y se aclarase su situación laboral, bajo apercibimiento de despido, obteniendo como respuesta la negativa del vínculo. Luego, la ruptura -hecha efectiva el 22/01/16- luce conforme a derecho frente a la máxima injuria.

Por ello, proceden las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido (arts. 245, 232 y 233 LCT) y la multa prevista en el art. 2 de la Ley N.° 25.323, ya que intimada fehacientemente la empleadora (fs. 139), no pagó los rubros mencionados. Con respecto a la antigüedad para el cálculo de dichos ítems, se tendrá en cuenta el período posterior a la obtención de la pensión no contributiva por invalidez (mayo de 2015), según lo dispuesto por el art. 253 de la LCT, al no efectuar distinción entre el trabajador que continúa prestando servicios después de acceder al beneficio previsional y quien regresa a la actividad con posterioridad (ver en este sentido fallo de la CSJN del 24/11/15 in re: “Quetglas Magnasco…”). Mientras que la fecha de ingreso es la invocada -15/10/11- según las referencias de Mirotti y presunción generada por la falta de exhibición requerida.

6. También prosperan los haberes del mes de diciembre 2015, días trabajados enero 2016, SAC año 2014 y 2015 y vacaciones no gozadas año 2015, no así las del año anterior, porque al momento del reclamo se encontraba vencido el plazo de otorgamiento (art. 162 de la LCT).

7. No procede la multa del art. 8 Ley Nacional de Empleo pues no se probó que el requerimiento cursado al empleador haya sido receptado por la Afip.

Tampoco la del art. 15 ib. desde que surge del propio relato de la demanda que la negativa de tareas fue previa a la intimación de registro, lo que denota un conflicto anterior y ajeno al supuesto que esa norma regula. No obstante, atento la clandestinidad del vínculo, procede el pago de la indemnización del art. 1 de la Ley N.° 25.323, que también se reclama.

8. Con respecto a la certificación de servicios y remuneraciones y de trabajo, tratándose de una obligación legal, su entrega deberá cumplirse en el término de treinta días desde que quede firme este pronunciamiento, bajo apercibimiento de astreintes equivalentes a un día SMVM por cada día de demora posterior al vencimiento del plazo, en beneficio del accionante y hasta un máximo de 30 días, bajo apercibimiento de que el Tribunal a quo las otorgue. También procede la multa prevista por el art. 80 de la LCT, toda vez que, la negativa de la naturaleza del contrato indica que el empleador nunca hubiera cumplido.

9. Deben desestimarse las diferencias de haberes. El reclamo no contiene precisión ni claridad, desde que se formula indicando el monto que se adeuda, sin individualización concreta y específica de los días efectivamente trabajados. Además, la testimonial identifica a Isola como un chofer de remis, concordante con la actividad llevada a cabo por el demandado (fs. 261), cuya forma habitual de remuneración, deja sin sustento la demanda de este rubro.

10. El pedido de hacer extensiva la condena a “Nuevo Central Argentino S.A.” debe desestimarse. Conforme surge de la pericial contable, la empresa tiene por objeto la prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros y carga, la operación de trenes y atención de estaciones, el mantenimiento de materia rodante, mientras que el requerido en autos -Torno- efectuaba el traslado del personal de conducción desde su domicilio a los distintos puntos de toma de servicios y viceversa.

11. A los rubros de condena se le adicionará un interés equivalente a la tasa pasiva fijada por el BCRA con más el dos por ciento (2 %) mensual hasta su efectivo pago (Confr. “Hernández...c/ Matricería Austral...”, Sent. Nº 39/02).

Así voto.



El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma.



La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

Comparto con los vocales que me preceden los distintos aspectos tratados en esta cuestión, salvo en lo relativo a las exigencias impuestas para rechazar las indemnizaciones de los arts. 8 y 15 de la Ley N.° 24.013. Con respecto a la primera, entiendo que la CD remitida a la Administración Federal de Ingresos Públicos, tal como consta a fs. 135, es un documento fidedigno en función de la intervención del funcionario postal y del sello del servicio oficial, que constituye suficiente prueba del contenido enviado al destinatario (en igual sentido me expresé en Sents. Nros. 48/14, 115 y 156/17, 37/20 entre otras). En cuanto a la restante sanción, la simultaneidad del pedido de registración con los emplazamientos a regularizar deberes del empleador -en el caso, entre otras, aclaración de situación laboral- no puede disimular la falta de registración y la estrictez en la interpretación no autoriza a adicionar un requisito no previsto en la manda legal (inexistencia de otras injurias concomitantes). La operatividad del art. 15 de la LE, tiene por finalidad disuadir la perniciosa práctica del empleo no registrado, imponiendo una pesada sanción al empleador que así obra, cuando, habiendo sido emplazado durante la vigencia del contrato, el mismo se extingue por su culpa.

Expreso así mi opinión sobre tales aspectos.



A la segunda cuestión planteada:

El señor vocal doctor Luis Eugenio Angulo, dijo:

A mérito de la votación que antecede, corresponde admitir el remedio deducido por la parte actora y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda contra Alberto Abel Torno con el alcance expresado. Con costas. Rechazar el pedido de condena solidaria contra “Nuevo Central Argentina S.A.”, con costas por su orden, atento a que el modo en que desarrolló la actividad pudo convencer al trabajador de su derecho a reclamarle. Los honorarios del Dr…., serán regulados por la a quo en un treinta y dos por ciento de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36 de la Ley N.° 9.459 sobre lo que constituyó motivo de impugnación (arts. 40, 41 y 109 ib.), debiendo considerarse el art. 27 CA.



El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

Adhiero a la solución a la que se arriba en el voto que antecede. Por tanto, me expido de igual modo.



La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

Comparto la decisión que propone el señor vocal doctor Angulo a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera.



Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral, RESUELVE:

I. Admitir el recurso deducido por la actora y, en consecuencia, anular el pronunciamiento según se expresa.

II. Hacer lugar a la demanda contra Alberto Abel Torno por los rubros e intereses establecidos en la primera cuestión, con costas.

III. Rechazar el pedido de condena solidaria contra “Nuevo Central Argentina S.A.”, con costas por su orden.

IV. Disponer que los honorarios del Dr…., sean regulados por la a quo en un treinta y dos por ciento de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36 de la Ley N.° 9.459 sobre lo que constituyó materia de discusión. Deberá considerarse el art. 27 ib.

V. Protocolícese y bajen.



FDO.: ANGULO - RUBIO - BLANC G. DE ARABEL.

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