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Jurisprudencia

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Código Unívoco
19175
Fecha
08/11/2016
Materia
Procesal
Revista
Civil y Comercial
Número
263
Tribunal
T.S.J. Sala Civil y Comercial
Resolución
Auto Interlocutorio 265
Carátula
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA c/ GATTI RODOLFO HECTOR - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL -RECURSO DE CASACION (EXPTE 2231774/36)
Título
MODOS ANORMALES DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO. Perención de la instancia. PROCESO EJECUTIVO FISCAL. Plazo. DERECHO TRANSITORIO. Normativa aplicable. Supuestos. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. Inconstitucionalidad. Improcedencia. Interpretación normativa.
Texto

El Caso: La parte actora interpuso recurso de casación con fundamento en el inc. 3° del art. 383 del C.P.C., en contra del Auto dictado por la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Quinta Nominación de esta ciudad.



 


1. El art. 5 quinquies de la ley 9024/02 fue incorporado en tal cuerpo normativo por la ley 10.117/12 y en él se prescribe que en los juicios de ejecución fiscal la perención de la instancia se operará en el plazo de dos años en primera instancia y en el término de un año en los procedimientos incidentales y en segunda o ulterior instancia.


 


2. Con anterioridad a la sanción de esta ley 10117, en la regulación de la ejecución fiscal no existían normas expresas y específicas acerca de la caducidad de instancia, de suerte que eran aplicables las disposiciones contenidas en los arts. 339 y sgtes. del C.P.C., el primero de los cuales consagra al efecto el plazo de un año con relación a la primera instancia y de seis meses con respecto a los incidentes y a la segunda y ulterior instancia (arg. art. 2°, ley 9024).


 


3. La ley 10.117 vino a introducir directivas especiales sobre el instituto de perención en el marco de los juicios de ejecución fiscal y duplicó los términos establecidos en los preceptos comunes, llevando el plazo correspondiente a la primera instancia se reitera a dos años y el referido a los procedimientos incidentales y a la segunda y ulterior instancia a un año.


 


4. La ley 10.117 no contiene ninguna norma de derecho transitorio que consagre una solución al respecto. El art. 24 de ella sólo establece que comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2013, es decir que se limita a fijar el momento de entrada en vigencia del conjunto de disposiciones que la integran, la mayoría de las cuales son de carácter tributario. Pero no comporta en rigor una regla destinada a resolver los problemas derivados de la sucesión de los preceptos legales en el tiempo ni proporciona un criterio para seleccionar cuál de las directivas en colisión debe ser aplicada por los jueces.


 


5. Frente a la falta de una norma de derecho transitorio en la Ley 10.117, corresponde acudir a los principios generales que en la materia de la aplicación de las leyes en el tiempo contenía el art. 3° del C.C. que regía cuando se dictó el auto interlocutorio bajo juzgamiento, el que fue prácticamente recreado en el art. 7 del C.C.C.N. que actualmente está en vigor.


 


6. El derecho transitorio campea entre dos principios. Por un lado el principio de la eficacia inmediata de las nuevas normas legales, las que por sus propias características se presumen mejores y más convenientes que las anteriores que son reemplazadas. Y por otro lado, se establece el principio complementario que priva de efecto retroactivo a las nuevas leyes, el cual conviene agregar alcanza jerarquía constitucional cuando se pretende enervar situaciones jurídicas ya constituidas que integran el derecho de propiedad a tenor de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Por imperio de estos dos principios, en el supuesto que se contempla se debe aplicar el art. 5 quinquies de la ley 9024, debiendo proveerse entonces el acuse de perención de conformidad a los nuevos plazos que allí se estatuyen.


 


7. Es necesario destacar que el instituto de la caducidad de instancia comporta una situación jurídicoprocesal que no se constituye en forma instantánea en un solo acto, sino que al contrario se va formando a través de varios presupuestos que se van verificando a lo largo del tiempo, y es la manifestación de voluntad del litigante interesado en obtener la actuación del mismo el requisito final que determina el perfeccionamiento de la perención y provoca la extinción anticipada de la relación procesal en desarrollo.


 


8. En el sistema adoptado en nuestro ordenamiento la caducidad no opera de pleno derecho, o sea que no basta el sólo transcurso del plazo de inactividad previsto por la ley para que ella actúe; antes bien, es menester que sobrevenga igualmente la petición de la parte interesada para que finalmente la figura de la perención se haga efectiva y cause el truncamiento del proceso (conf. TSJ Sala Civil A.I. N° 343/07, 103/14 y 274/15, entre otros).


 


9. Al no operar la caducidad de pleno derecho, y dado que en el supuesto que es objeto de valoración el precepto nuevo comenzó a regir cuando el plazo prevenido por el código de procedimientos ni siquiera había terminado de transcurrir y por añadidura el litigante no había requerido la declaración de caducidad, se infiere que correspondía actuar el principio de eficacia inmediata y en consecuencia devenía aplicable el art. 5 quinquies, sin que ello significara conmover derechos amparados por garantías constitucionales. Se configura así un típico caso de situación jurídica que se encuentra en curso de constitución o en formación, respecto de las cuales resulta indudable que quedan sometidas a los nuevos preceptos legales, los que de esta manera adquieren eficacia inmediata sobre ellas y son los que determinan la validez de las mismas y las consecuencias de derecho que habrán de derivarse.


 


10. Igual solución se impondría aún en la hipótesis de que el término legal que instituía la norma general ya hubiese transcurrido íntegramente al tiempo de entrar a regir la nueva ley, pero por su lado la parte no hubiese acusado todavía la caducidad dejando que el proceso mantuviera existencia. Incluso en estas condiciones la situación extintiva en que consiste la perención se hallaría en gestación en tanto no se habría verificado todavía uno de los elementos esenciales para que ella se concrete, esto es, la petición formal del litigante interesado. Por eso también aquí se impone la aplicación inmediata de la nueva norma de ley y tampoco resultan afectados “derechos adquiridos” protegidos por la Constitución.


 


11. Distinto sería el desenlace del conflicto, si el plazo de inactividad que requería el código común hubiera vencido y el litigante ya hubiese manifestado su voluntad de ampararse en la perención antes de iniciarse la vigencia del art. 5 quinquies. En esta hipótesis la caducidad estaría sí efectivamente perfeccionada y habría provocado ya la extinción del procedimiento en curso antes de comenzar a regir la nueva directiva, restando solamente el dictado del auto interlocutorio que se limitaría a declarar la innovación ya producida en el mundo del derecho. En este estado la aplicación del art. 5 quinquies y la decisión de desestimar el acuse de perención y de dejar subsistente el proceso, comportaría convalidar una retroactividad que vulneraría una situación jurídica que en su momento se constituyó válidamente en función de las normas entonces en vigor, lo que significaría un quebrantamiento inadmisible de la garantía constitucional consagrada en el art. 17 de la Ley Suprema.


 


12. La disposición transitoria contenida en el art. 888 del C. de P.C., ley 8465, no obsta a la actuación en la especie del principio fundamental de eficacia inmediata de las nuevas leyes. Verdad es que, por imperio de lo estatuido por el art. 2° de la ley especial 9024, las normas del código de procedimientos civil son de aplicación supletoria en los juicios de ejecución fiscal que allí se organizan y regulan. Sin embargo, no corresponde incluir en esta remisión a la norma de conflicto de referencia, la que fue creada con la finalidad específica de solucionar los problemas que habrían de suscitarse como consecuencia de la derogación del viejo ordenamiento ritual contenido en la ley 1419 y su sustitución por el código procesal civil actualmente en vigor, ley 8465; cambio legislativo que se operó en el año 1996, o sea hace aproximadamente veinte años. Esa situación de sucesión de códigos es muy distinta de la que se presenta en el supuesto que nos ocupa, la que se circunscribe a una modificación legislativa cuyo alcance se ciñe a la duración de los plazos de perención de instancia en el área de los juicios de ejecución fiscal, respecto de la cual no hay motivo para apartarse del principio capital de eficacia inmediata de las nuevas normas de ley.


 


13. El denominado principio de conservación procesal que en general preside el instituto de la caducidad de instancia y que se proyecta sobre todas las normas que le son inherentes. De acuerdo con él, la figura de la perención reviste un carácter extraordinario y excepcional en cuanto comporta el truncamiento anormal y anticipado de las procedimientos judiciales, situación que obliga al intérprete a ser cauto y a valerse de un criterio interpretativo estricto cuando se trata de decidir acerca de la supervivencia o la extinción de procesos en desarrollo, debiendo estarse en los casos de duda por la subsistencia y continuidad de los trámites judiciales (conf. esta Sala, A.I N° 37/00, 7/02, 162/05, 126/07, 148/10 y 168/13, entre otros).


 


14. La ponderación de esta pauta de interpretación en la cuestión que se examina contribuye a que los jueces se inclinen por la aplicación del art. 5 quinquies, en cuanto de esta manera se procura el mantenimiento de los procedimientos en curso y se propende al dictado de sentencias que diriman las situaciones jurídicas que son objeto de controversias.


 


15. La norma del art. 4051, C.C., la que en lo pertinente ha sido reeditada en el art. 2537, C.C.C.N. no impide adoptar la solución que se asume. Es cierto que en la primera parte de ella se prevé el supuesto de que las nuevas leyes establezcan una prolongación de los plazos de prescripción que estaban en curso, y se dispone al respecto la ultraactividad de los preceptos que regían cuando el plazo comenzó a correr. No obstante, esta norma transitoria que concierne a un instituto de derecho sustancial como es la prescripción, no es susceptible de aplicarse por vía de analogía en la situación procesal bajo estudio.


 


16. En el tipo de situaciones que se contempla el art. 5 quinquies se debe aplicar en forma inmediata, lo que conduce a rechazar los planteos de caducidad que se hubieran formulado con base en la norma común del código de procedimientos civiles (refiriéndose al asunto de la modificación legal de los plazos de perención en general, Carranza Torres, L., “Técnica de la Perención o Caducidad de Instancia”, Alveroni, Córdoba, 2008, pag. 160; con particular referencia al art. 5 quinquies, Zabala, N. y Viglianco, V., “El plazo de perención de instancia en el juicio ejecutivo fiscal: Vigencia temporal de la reforma introducida por ley 10.117”, en Foro de Córdoba N° 162, pags. 85/97).


 


17. El art. 5 quinquies de la ley 9024/02, no transgrede el principio constitucional de igualdad (Auto Interlocutorio N° 228/16 in re “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Fundación Educativa y Deportiva Bucor  Presentación Múltiple Fiscal  Recurso de casación”).


 


TSJ Sala Civil Cba., AI 265, 8/11/2016, “Municipalidad de Córdoba c/ Gatti Rodolfo Héctor  Presentación Múltiple Fiscal  Recurso de casación (Expte. 2231774/36)”


 


 


Y VISTO:


 


Y CONSIDERANDO:


I. En grado de apelación se decidió declarar la perención de la primera instancia correspondiente al presente juicio ejecutivo fiscal.


La Municipalidad que ha resultado vencida se alza en casación frente al pronunciamiento. En concepto de fundamento de hecho denuncia que la Cámara incurrió en infracción de la ley al seleccionar el art. 339, inc. 1°, C. de P.C., como norma aplicable al caso de autos, pues en su opinión la pretensión de caducidad debió ser juzgada en función del precepto del art. 5 quinquies de la ley 9024/02. A título de fundamento de derecho de la impugnación invoca el inc. 3° del art. 383, C.P.C., y a fin de demostrar la diversidad jurisprudencial existente al respecto y de habilitar así la competencia extraordinaria que inviste el Tribunal Superior de Justicia alega un decisorio emanado de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de 8° Nominación, en el cual ante una situación de hecho parecida a la del sublite se habría realizado la subsunción que ella propugna (Auto Interlocutorio N° 202, del 18 de junio de 2014, in re “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Segint SRL.–Presentación Múltiple Fiscal”).  


II. La casación resulta formalmente admisible.


En especial se verifica el presupuesto consistente en la presencia de una divergencia jurisprudencial entre los fallos que se compulsan.


Frente a situaciones de hecho semejantes, en los pronunciamientos se les atribuyen a ellas diferentes significados jurídicos y se adoptan decisiones antagónicas, por lo que se impone la intervención de la Sala a fin de uniformar criterios y establecer cuál es la subsunción que en derecho corresponde efectuar de este tipo de situaciones (art. 383, inc. 3º, ib.).


Efectivamente, por un lado y desde el punto de vista fáctico las resoluciones versan coincidentemente sobre supuestos de hecho cuyas características principales son semejantes. Se trata de juicios de ejecución fiscal que estaban pendientes cuando sobrevino la sanción de la ley 10117/12 y en los cuales en ese momento la inactividad de las partes ya había comenzado a producirse.


Por otro lado y en el plano jurídico, en el auto objeto de recurso la a quo entendió que en esta clase de situaciones debía aplicarse la directiva general del art. 339, inc. 1°, C.P.C., por cuyo motivo correspondía declarar la perención de instancia. En cambio, en el pronunciamiento que se acompaña la Cámara de 8° Nominación consideró que debía aplicarse la regla especial estatuida por el art. 5 quinquies, ley 9024, correspondiendo entonces desestimar por prematuro el acuse de caducidad.


III. Se examina la procedencia de la impugnación.


a) Ante todo conviene poner de manifiesto que el art. 5 quinquies de la ley 9024/02 fue incorporado en tal cuerpo normativo por la ley 10.117/12 y en él se prescribe en lo que aquí interesa que en los juicios de ejecución fiscal la perención de la instancia se operará en el plazo de dos años en primera instancia y en el término de un año en los procedimientos incidentales y en segunda o ulterior instancia.


Con anterioridad a la sanción de esta ley 10117, en la regulación de la ejecución fiscal no existían normas expresas y específicas acerca de la caducidad de instancia, de suerte que eran aplicables las disposiciones contenidas en los arts. 339 y sgtes. del C. de P.C., el primero de los cuales consagra al efecto el plazo de un año con relación a la primera instancia y de seis meses con respecto a los incidentes y a la segunda y ulterior instancia (arg. art. 2°, ley 9024).


La ley 10117 vino a introducir directivas especiales sobre este instituto en el marco de los juicios de ejecución fiscal y duplicó los términos establecidos en los preceptos comunes, llevando el plazo correspondiente a la primera instancia   se reitera a dos años y el referido a los procedimientos incidentales y a la segunda y ulterior instancia a un año.


b) Aproximándonos a la dilucidación del conflicto de leyes en el tiempo que se trae a conocimiento de la Sala, es preciso advertir que la ley 10.117 no contiene ninguna norma de derecho transitorio que consagre una solución al respecto.


El art. 24 de ella sólo establece que comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2013, es decir que se limita a fijar el momento de entrada en vigencia del conjunto de disposiciones que la integran, la mayoría de las cuales son de carácter tributario. Pero no comporta en rigor una regla destinada a resolver los problemas derivados de la sucesión de los preceptos legales en el tiempo ni proporciona un criterio para seleccionar cuál de las directivas en colisión debe ser aplicada por los jueces.


c) Así las cosas, corresponde acudir a los principios generales que en la materia de la aplicación de las leyes en el tiempo contenía el art. 3° del C.C. que regía cuando se dictó el auto interlocutorio bajo juzgamiento, el que fue prácticamente recreado en el art. 7 del C.C.C.N. que actualmente está en vigor.


En lo que aquí interesa, conságrase allí por un lado el principio de la eficacia inmediata de las nuevas normas legales, las que por sus propias características se presumen mejores y más convenientes que las anteriores que son reemplazadas. Y por otro lado, se establece el principio complementario que priva de efecto retroactivo a las nuevas leyes, el cual conviene agregar alcanza jerarquía constitucional cuando se pretende enervar situaciones jurídicas ya constituidas que integran el derecho de propiedad a tenor de la jurisprudencia de la Corte Suprema.          


Pues bien, por imperio de estos dos principios, en el supuesto que se contempla se debe aplicar el art. 5 quinquies de la ley 9024, debiendo proveerse entonces el acuse de perención de conformidad a los nuevos plazos que allí se estatuyen.


Es necesario destacar que el instituto de la caducidad de instancia comporta una situación jurídicoprocesal que no se constituye en forma instantánea en un solo acto, sino que al contrario se va formando a través de varios presupuestos que se van verificando a lo largo del tiempo, y es la manifestación de voluntad del litigante interesado en obtener la actuación del mismo el requisito final que determina el perfeccionamiento de la perención y provoca la extinción anticipada de la relación procesal en desarrollo.


En efecto, en el sistema adoptado en nuestro ordenamiento la caducidad no opera de pleno derecho, o sea que no basta el sólo transcurso del plazo de inactividad previsto por la ley para que ella actúe; antes bien, es menester que sobrevenga igualmente la petición de la parte interesada para que finalmente la figura de la perención se haga efectiva y cause el truncamiento del proceso (conf. esta Sala, A.I. N° 343/07, 103/14 y 274/15, entre otros).          


Al ser ello así, y dado que en el supuesto que es objeto de valoración el precepto nuevo comenzó a regir cuando el plazo prevenido por el código de procedimientos ni siquiera había terminado de transcurrir y por añadidura el litigante no había requerido la declaración de caducidad, se infiere que correspondía actuar el principio de eficacia inmediata y en consecuencia devenía aplicable el art. 5 quinquies, sin que ello significara cX_onmover derechos amparados por garantías constitucionales.


Se configura así un típico caso de situación jurídica que se encuentra en curso de constitución o en formación, respecto de las cuales resulta indudable que quedan sometidas a los nuevos preceptos legales, los que de esta manera adquieren eficacia inmediata sobre ellas y son los que determinan la validez de las mismas y las consecuencias de derecho que habrán de derivarse.


Conviene añadir que igual solución se impondría aún en la hipótesis de que el término legal que instituía la norma general ya hubiese transcurrido íntegramente al tiempo de entrar a regir la nueva ley, pero por su lado la parte no hubiese acusado todavía la caducidad dejando que el proceso mantuviera existencia.


Incluso en estas condiciones la situación extintiva en que consiste la perención se hallaría en gestación en tanto no se habría verificado todavía uno de los elementos esenciales para que ella se concrete, esto es, la petición formal del litigante interesado. Por eso también aquí se impone la aplicación inmediata de la nueva norma de ley y tampoco resultan afectados “derechos adquiridos” protegidos por la Constitución.


Distinto sería el desenlace del conflicto entre las normas sobre las que se discurre, si el plazo de inactividad que requería el código común hubiera vencido y el litigante ya hubiese manifestado su voluntad de ampararse en la perención antes de iniciarse la vigencia del art. 5 quinquies.


A diferencia del supuesto en examen, en esta hipótesis la caducidad estaría sí efectivamente perfeccionada y habría provocado ya la extinción del procedimiento en curso antes de comenzar a regir la nueva directiva, restando solamente el dictado del auto interlocutorio que se limitaría a declarar la innovación ya producida en el mundo del derecho. En este estado la aplicación del art. 5 quinquies y la decisión de desestimar el acuse de perención y de dejar subsistente el proceso, comportaría convalidar una retroactividad que vulneraría una situación jurídica que en su momento se constituyó válidamente en función de las normas entonces en vigor, lo que significaría un quebrantamiento inadmisible de la garantía constitucional consagrada en el art. 17 de la Ley Suprema.


d) La disposición transitoria contenida en el art. 888 del C. de P.C., ley 8465, no obsta a la actuación en la especie del principio fundamental de eficacia inmediata de las nuevas leyes.


Verdad es que, por imperio de lo estatuido por el art. 2° de la ley especial 9024, las normas del código de procedimientos civil son de aplicación supletoria en los juicios de ejecución fiscal que allí se organizan y regulan.          


Sin embargo, no corresponde incluir en esta remisión a la norma de conflicto de referencia, la que fue creada con la finalidad específica de solucionar los problemas que habrían de suscitarse como consecuencia de la derogación del viejo ordenamiento ritual contenido en la ley 1419 y su sustitución por el código procesal civil actualmente en vigor, ley 8465; cambio legislativo que se operó en el año 1996, o sea hace aproximadamente veinte años.


Desde luego que esa situación de sucesión de códigos es muy distinta de la que se presenta en el supuesto que nos ocupa, la que se circunscribe a una modificación legislativa cuyo alcance se ciñe a la duración de los plazos de perención de instancia en el área de los juicios de ejecución fiscal, respecto de la cual no hay motivo para apartarse del principio capital de eficacia inmediata de las nuevas normas de ley.


Como sea, aún prescindiendo de esta consideración se estima que la disposición transitoria en cuestión no impediría la aplicación inmediata del art. 5 quinquies.


En esta perspectiva, es necesario observar que la pauta de ultraactividad que en forma excepcional allí se estatuye resultaba razonable para solucionar el conflicto entre los dos códigos procesales mencionados en orden a la perención de la instancia. Porque el nuevo ordenamiento acortó significativamente los plazos que preveía el código que se derogó, reduciendo el término correspondiente a la primera instancia de dos años a un año, y el referido a la segunda instancia y a las instancias superiores de un año a seis meses, al paso que consagró caducidades reducidas que antes no estaban especialmente contempladas (procedimientos incidentales, e incidentes de perención de instancia).


Ciertamente, es claro que recurrir en esta clase de situaciones a la regla general de eficacia inmediata podría llevar en numerosos casos a soluciones irrazonables y hasta inconstitucionales, lo que ocurriría cuando la actuación del art. 339, ley 8465, a plazos que hubieran empezado a correr mucho tiempo antes condujera a sorprender al litigante pretensor con una suerte de privación automática del procedimiento judicial que se encontraba en desarrollo, cuya extinción se operaría merced a la sola sanción de la nueva ley, siempre desde luego que sobreviniera de inmediato la petición de la parte contraria sin dejar espacio de tiempo para el cumplimiento de un eventual acto de impulso que purgara la instancia.


Empero, la pauta de ultraactividad establecida en el art. 888, 2° par., ya no presenta la misma razonabilidad frente a la reforma legislativa que aquí se trata, en la cual, a la inversa de lo ocurrido en virtud de aquella modificación, se aumentan los plazos de perención preexistentes duplicándose la duración de los mismos (supra n° III, a). De allí, entonces, que en esta distinta situación no se justifica acudir a esta disposición transitoria para eludir la actuación del principio básico de aplicación inmediata de las nuevas leyes.


e) Cabe añadir una razón que concurre a afianzar la exactitud de la conclusión a que se arriba, y está dada por el denominado principio de conservación procesal que en general preside el instituto de la caducidad de instancia y que se proyecta sobre todas las normas que le son inherentes.


De acuerdo con él, la figura de la perención reviste un carácter extraordinario y excepcional en cuanto comporta el truncamiento anormal y anticipado de las procedimientos judiciales, situación que obliga al intérprete a ser cauto y a valerse de un criterio interpretativo estricto cuando se trata de decidir acerca de la supervivencia o la extinción de procesos en desarrollo, debiendo estarse en los casos de duda por la subsistencia y continuidad de los trámites judiciales (conf. esta Sala, A.I N° 37/00, 7/02, 162/05, 126/07, 148/10 y 168/13, entre otros). 


La ponderación de esta pauta de interpretación en la cuestión que se examina contribuye a que los jueces se inclinen por la aplicación del art. 5 quinquies, en cuanto de esta manera se procura el mantenimiento de los procedimientos en curso y se propende al dictado de sentencias que diriman las situaciones jurídicas que son objeto de controversias.


f) La norma del art. 4051, C.C., la que en lo pertinente ha sido reeditada en el art. 2537, C.C.C.N. no impide adoptar la solución que se asume.


Es cierto que en la primera parte de ella se prevé el supuesto de que las nuevas leyes establezcan una prolongación de los plazos de prescripción que estaban en curso, y se dispone al respecto la ultraactividad de los preceptos que regían cuando el plazo comenzó a correr.


No obstante, esta norma transitoria que concierne a un instituto de derecho sustancial como es la prescripción, no es susceptible de aplicarse por vía de analogía en la situación procesal bajo estudio. 


De conformidad a las apreciaciones precedentes la cuestión sujeta a unificación está gobernada por las reglas generales de eficacia inmediata de las nuevas leyes y de no retroactividad de las mismas, recogidas ambas en el art. 3°, C.C. (art. 7, C.C.C.N.), como así también por el principio de conservación procesal que domina la materia de la perención de la instancia, lo que determina que debe elegirse el art. 5 quinquies como precepto que debe actuarse en la hipótesis que es objeto de consideración (supra n° III, c y e).


En consecuencia, aquella disposición transitoria atinente a la prescripción se presenta como una solución de alcance especial, pues al estatuir la supervivencia de las normas derogadas viene a apartarse de la primera de las reglas generales que se acaban de recordar, o sea la de eficacia inmediata de las nuevas leyes, y ello obsta a la posibilidad de su aplicación analógica al supuesto en examen (cfr. esta Sala, A.I. N° 176/03). 


g) Por último conviene agregar que desde la doctrina se ha sostenido         concordantemente que en el tipo de situaciones que se contempla el art. 5 quinquies se debe aplicar en forma inmediata, lo que conduce a rechazar los planteos de caducidad que se hubieran formulado con base en la norma común del código de procedimientos civiles (refiriéndose al asunto de la modificación legal de los plazos de perención en general, Carranza Torres, L., “Técnica de la Perención o Caducidad de Instancia”, Alveroni, Córdoba, 2008, pag. 160; con particular referencia al art. 5 quinquies, Zabala, N. y Viglianco, V., “El plazo de perención de instancia en el juicio ejecutivo fiscal: Vigencia temporal de la reforma introducida por ley 10.117”, en Foro de Córdoba N° 162, pags. 85/97).


IV. En definitiva y en atención a los razonamientos que anteceden, se arriba entonces a la conclusión de que el supuesto en cuestión debe ser subsumido en la norma del art. 5 quinquies de la ley 9024/02. Como quiera que   diversamente la Cámara a quo selecciono como precepto aplicable en la especie el art. 339, C. de P.C., y en virtud de esta premisa decidió declarar la perención de la instancia, corresponde recibir favorablemente el recurso de casación y revocar el auto interlocutorio impugnado, lo que así se decide.


V. Las costas de la sede extraordinaria se establecen por el orden causado, habida cuenta de la divergencia jurisprudencial existente sobre la materia debatida (art. 130 in fine y 133, C.P.C.).


 


Siendo ello así, no corresponde regular honorarios en esta oportunidad a los abogados intervinientes (art. 26, ley 9459).


VI. Se debe resolver sin reenvío el recurso de apelación que queda pendiente (art. 390, C.P.C.).        


a) El demandado apela el auto interlocutorio del juez de primer grado y con base en los agravios que expresa reproduce en la alzada la petición de que se declare la perención de la presente ejecución fiscal, mientras que por su lado la Muncipalidad resiste el progreso del recurso en función de los argumentos que esgrime.   


b) La controversia incidental debe juzgarse a la luz del art. 5 quinquies de la ley 9024/02, de conformidad a las apreciaciones desenvueltas en los considerandos que anteceden y a la conclusión a que se arribó al proveerse el recurso de casación (supra n° IV y V). La queja que el emplazado esgrimió en este orden de ideas no sirve para cX_onmover el criterio que en ese sentido asumió el magistrado inferior.


c) El agravio mediante el cual se arguye la inconstitucionalidad que afectaría la norma tampoco merece atención.


En un reciente precedente este Tribunal Superior de Justicia en pleno se pronunció en el sentido de que ella no transgrede el principio constitucional de igualdad (Auto Interlocutorio N° 228/16 in re “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Fundación Educativa y Deportiva Bucor – Presentación Múltiple Fiscal – Recurso de Casación”).


Entre los varios argumentos que se enunciaron para fundar el criterio que se asumió se destacan los siguientes.


De acuerdo a una orientación jurisprudencial que puede calificarse como unánime, la garantía de igualdad consagrada en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que gozan igualmente de jerarquía constitucional, dista de comportar una exigencia absoluta o rígida. Antes al contrario, es de carácter estrictamente relativo y queda satisfecha cuando la ley acuerda el mismo trato a las personas que se encuentran en las mismas circunstancias o situaciones, al paso que concordantemente prohíbe las distinciones entre categorías de personas que resulten arbitrarias o irrazonables (CSJN., Fallos 299:181, 300:984, 312:615 y 312:826; Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil y Comercial, A.I. N° 215/04, 116/06, 471/11, y S. N° 107/09).


La directiva del caso fue incorporada a un estatuto especial que había sido sancionado aproximadamente diez años antes, en el año 2002 (ley 9024), mediante el cual por un lado se crearon juzgados con competencia exclusiva en materia tributaria y por otro lado se reguló un procedimiento de tipo ejecutivo destinado específicamente a perseguir el cobro de tributos y multas.


Es decir que, de suyo, el precepto se inserta y forma parte de un ordenamiento procesal que, apartándose del código de procedimientos civil y comercial, legisla en forma autónoma las pretensiones ejecutivas que el estado provincial y los estados municipales promuevan reclamando la percepción judicial de obligaciones tributarias adeudadas por los contribuyentes.


Así, entre las numerosas normas especiales que allí se consagran, diferentes de las existentes en el código de procedimientos común, encuéntrase también la concerniente a la perención de la instancia que aquí nos ocupa.           


De aquí se deriva que el trato especial y diferente que en este estatuto particular recibe este instituto y merced al cual se duplican los plazos que condicionan su aplicación, no se funda en la mera circunstancia de que en esta clase de juicios figure el estado provincial o los estados municipales como parte, lo que acaso podría comprometer la validez del precepto frente a la Ley Fundamental, sino que en realidad se basa en una característica objetiva de las pretensiones que en ellos se ventilan.


En efecto, la norma atiende al hecho de que en las pretensiones contempladas en la ley 9024, sus modificatorias y complementarias, se reclama la actuación de créditos de naturaleza tributaria, o sea de obligaciones que, a diferencia de las de derecho privado, emanan del derecho público y se orientan a la satisfacción de un interés general y colectivo que beneficia a toda la sociedad, en tanto se encaminan a obtener los fondos que la Provincia y por su lado las Municipalidades, necesitan para existir y para prestar las funciones públicas que les incumben.


Repárese que si bien los plazos especiales benefician efectivamente al Estado, sólo lo hacen en el marco de estos juicios ejecutivos y en la medida que en ellos se pretende la realización de acreencias de carácter tributario; pero de ninguna manera lo favorecen en todos los demás pleitos en que esté involucrado como parte, en los cuales al contrario quedará sujeto a los términos ordinarios instituidos por el código de procedimientos al igual que todos los justiciables.


Se advierte así que la categorización formada por el legislador con las relaciones jurídicotributarias que los estados provincial y municipales hacen valer mediante la vía del juicio ejecutivo fiscal, a los fines de someterlas a plazos de perención más extensos que los prescriptos por el ordenamiento procesal general, no se presenta como una distinción que pueda tildarse de arbitraria o irrazonable ni significa el otorgamiento de un privilegio desprovisto de justificación. Por eso la categoría constituida por la ley no aparece como inconstitucional en relación al principio fundamental de igualdad.


Por otro lado, en el precedente que se parafrasea se añadió que este Alto Cuerpo carece de poderes para controlar la conveniencia o el acierto intrínseco del sistema de caducidad adoptado por el legislador para los juicios de ejecución fiscal, no pudiendo juzgar acerca de la bondad o inconveniencia de los plazos que el mismo ha estimado oportuno establecer para que opere este instituto procesal, lo que pertenece a la competencia privativa del Poder Legislativo al cual la Constitución ha acordado la potestad de dictar las leyes, cuyos criterios no son susceptibles de ser evaluados y fiscalizados por los jueces (conf. CSJN., Fallos 254:43, 308:1745, 313:410 y 313:1513, entre otros).


Dicho en otras palabras, el Poder Judicial no puede bajo el pretexto de practicar el control constitucional que le corresponde valorar y decidir en torno a las modalidades que la perención de la instancia debe asumir en esta clase de carril procesal, como tampoco indicar los plazos que deben prescribirse para que ella funcione, si deben ser los mismos estatuidos por las normas de procedimientos comunes o si deben establecerse otros términos, y menos todavía cuáles deban ser concretamente esos otros términos, todo lo cual es de incumbencia reservada al órgano legislativo.


d) Siendo el art. 5 quinquies de la ley 9024 la norma en función de la cual debe dirimirse la litis incidental recreada en la alzada, se observa entonces que la pretensión de caducidad deviene improcedente. Desde la fecha en que se cumplió el último acto de impulso del juicio en agosto de 2012 hasta el momento en que ella fue presentada en septiembre de 2013 (fs. 23 y 25), sólo transcurrió un año de inactividad, es decir, prácticamente la mitad del tiempo que el precepto aplicable exige a los fines de la perención de la instancia, que es ahora de dos años.                                                                                                                                    


e) En virtud de las apreciaciones desenvueltas, corresponde en suma rechazar el recurso de apelación y confirmar el auto interlocutorio impugnado.


f) Las costas de la alzada se establecen por el orden causado, por el mismo motivo que llevó a decidir de igual manera respecto de las de la sede extraordinaria, o sea en razón de existir divergencia jurisprudencial sobre la materia disputada (arts. 130 y 133, C.P.C.).


No corresponde regular honorarios en esta oportunidad a los letrados actuantes (art. 26, ley 9459).    


Por ello,


 


SE RESUELVE:


I. Hacer lugar al recurso de casación, y en consecuencia revocar el Auto Interlocutorio impugnado.   


II. Establecer las costas de la sede extraordinaria por el orden causado. No regular honorarios en esta oportunidad a los Dres. María del Carmen Gonzalia y Arnaldo Enrique Romero en función de lo normado por el art. 26 contrario sensu de ley 9459.


III. Rechazar la apelación, y en consecuencia confirmar el Auto de primera instancia.  


IV. Establecer las costas de la alzada por el orden causado. No regular en esta oportunidad los honorarios de los Dres. María del Carmen Gonzalia y Julio L. Fontaine (h) (art. 26 contrario sensu C.A.).      


Protocolícese e incorpórese copia.


 


Fdo.: CÁCERES DE BOLLATI  GARCÍA ALLOCCO  SESIN


 

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