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Jurisprudencia

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Código Unívoco
18829
Fecha
12/04/2016
Materia
Civil y Comercial
Revista
Civil y Comercial
Número
256
Tribunal
T.S.J. Sala Civil y Comercial
Resolución
Sentencia 42
Carátula
Cueto Enrique y otro c/ Corradini Italo Antonio Martin y otros - Ordinario - Daños y perj. - Accidentes de tránsito - Recurso de casación (expte. Nº 500143/36)
Título
DAÑOS Y PERJUICIOS. INFLUENCIA DE LA SENTENCIA PENAL EN SEDE CIVIL. Alcance. ABSOLUCIÓN DEL IMPUTADO. Alcance. SOBRESEIMIENTO. Alcance. Existencia del hecho y autoría. Alcance.
Texto

El Caso: Los demandados deducen recursos de casación con fundamento en los incs. 1° y 3º del art. 383 del C.P.C.C. El Tribunal Superior hizo lugar al recurso de casación por la causal del inc. 1, del art. 383, CPC.



 


1. La Sala Civil del Tribunal de Casación local goza de amplia competencia para controlar la corrección del capítulo de la sentencia impugnada vinculado al efecto en el juicio civil de la resolución desincriminatoria emitida por los Tribunales del Crimen.



2. Ello obedece a que la mencionada norma es de naturaleza procesal, no de derecho material, desde que está dirigida a fijar la eficacia o influencia de la sentencia penal en este proceso civil de resarcimiento.


 


3. Independientemente de que la previsión integra el cuerpo legislativo sustancial, refiere a un principio de carácter procesal, al reglamentar la relación entre la acción civil y penal y, como tal, constituye una materia susceptible de introducción y revisión por el canal impugnativo previsto en el inc. 1° del art. 383 del C.P.C.C.


 


4. Dicho dispositivo como toda norma procesal cumple una doble finalidad práctica: regular la acción civil, y a la vez, el ejercicio de la función jurisdiccional, determinándole límites y requisitos. El principio de carácter procesal que dimana de dicho precepto, por su vinculación a principios de orden público, debe ser aplicado de oficio por los jueces. Y en cualquier caso, la actividad cumplida de manera diversa a la establecida por una norma procesal, es censurable en casación a título de violación de las formas del procedimiento o de la sentencia.


 


5. De allí que el Tribunal en su condición de guardián supremo de las formas procesales pueda examinar con amplitud la providencia en recurso, y pueda hacerlo con prescindencia de la regularidad formal de la fundamentación en que la misma se apoya, pues aún cuando ésta fuese inobjetable desde un punto de vista lógico de todas maneras la Sala podría fiscalizar la exactitud de la decisión adoptada en relación al tema controvertido (Cfr. Sents. N° 194/10, 77/13 y A.I. N° 278/13, entre otras).


 


6. La norma del art. 1103, CC., ya derogado disponía: “Después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución”. Lo que marcaba dicho precepto no es que el absuelto no pueda ser responsable en sede civil, sino que no podrá fundarse una eventual responsabilidad en una caracterización del hecho principal distinta de la que se hubiese efectuado en el proceso penal. Consecuentemente, sólo cuando la absolución del acusado se funde en la inexistencia del hecho que se le imputa, o en la ausencia de autoría sobre el mismo hecho, ese pronunciamiento no puede ser revisado en sede civil, donde no cabría admitir la responsabilidad de quien por tales motivos fue absuelto por el juez penal (Confr. Sent. nº 148/07). Por ende, cuando el juez penal absuelve por otras razones por caso, por falta de culpa del acusado resulta claro que tal decisión no reviste autoridad de cosa juzgada, ya que el propio artículo 1103 C.C. limitaba esta última a la existencia del hecho principal y a la falta de autoría.


 


7. Solo cuando la absolución del acusado se funda en la inexistencia del hecho que se le enrostra o en su ausencia de autoría sobre el mismo hecho, que es otra manera de que no exista con respecto a él ese pronunciamiento no puede ser revisado en sede civil, donde, entonces, no cabe admitir la responsabilidad de quien por esos motivos fue absuelto por el juez penal (LLAMBIAS, Jorge Joaquín, Límites de la cosa juzgada penal en materia de responsabilidad civil, ED 84771).


 


8. Sólo opera como condicionante para el Juez civil lo que la sentencia diga respecto del “hecho principal”, es decir “las circunstancias que el sentenciante penal consideró esenciales para resolver la absolución (…) En definitiva, la sentencia civil no puede desconocer lo decidido por la sentencia penal respecto de la ´prueba fundante´ de los hechos en la absolución (…) La sentencia penal que absuelve al imputado declarando que él no fue autor material del hecho investigado, hace cosa juzgada en sede civil, en cuanto propiamente no se está analizando la culpabilidad del mismo, sino la propia ´inexistencia del hecho´ en su faz subjetiva (vale decir, aun cuando el hecho haya existido, que no fue cometido materialmente por él)” (SAUX, Edgardo I., Comentario al art. 1103 del Código Civil, en BUERES, Alberto J. (dir.)  HIGHTON, Elena I. (coord.), Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3A, págs. 323 y 329).


 


9. El art. 1.777 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación con un texto más claro y explícito, bajo el rótulo de “Inexistencia del hecho, de autoría, de delito o de responsabilidad penal”, prescribe: “Si la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado como responsable no participó, estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil.”, manda legal en la que la simplicidad y claridad, además de la completitud, son de destacar. Aquí se ha hecho eco también de la jurisprudencia y doctrina imperante en cuanto a los efectos de la sentencia penal cuando no es condenatoria (CASAS, Juan, comentario al art. 1777 C.C.C.N. en: “Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias”, BUERES, Alberto J., Director, 1° edición, 4° reimpresión, Bs.As., Hammurabi, 2015, T. II, pág. 197. El destacado me pertenece).


 


10. El juicio del juez penal sobre la inexistencia del hecho es de los que no pueden ser ignorados por el juez civil, pues sería una total incongruencia que se sobresea a una persona por un hecho que en sede penal no se cometió y luego el juez civil lo condene por ese mismo hecho a reparar los daños” (NAVAS, Raúl F., comentario al art. 1.777 en: “Código Civil y Comercial”, CLUSELLAS, Gabriel Dirección; 1ª ed., C.A.B.A., Astrea, 2015, T. VI, pág. 314).


 


11. Si la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado como responsable no participó, conforme los incs. 2 y 4 del art. 336 del Cód. Proc. Penal de la Nación, y normas provinciales de similar tenor, se dicta el sobreseimiento sobre la base de examinar los acontecimientos denunciados, razón por la cual la existencia o autoría de ellos no pueden ser discutidas en el proceso civil” (ALFERILLO, Pascual, comentario al art. 1.777 en: “Código Civil y Comercial Argentino”; GARRIDO CORDOBERA, Lidia M. R.; BORDA, Alejandro; ALFERILLO Pascual E., Dir.; KRIEGER, Walter F. Coord., 1° ed., C.A.BA., Astrea, 2015, T. II, pág. 1111).


 


12. Ambas normas (art. 1103, CC.; y art. 1777, CCyC.) son similares por lo que en principio las reflexiones vertidas por los autores y por los Tribunales con relación al texto derogado siguen siendo aplicables.


 


13. Para la aplicación de la norma del art. 1103, CC., no obsta el hecho de que la resolución dictada en el fuero penal se trate de un sobreseimiento y no de una absolución, pues al menos en el caso sometido a juzgamiento ambos tipos de resoluciones deben considerarse asimiladas. Esto, con independencia que sobre dicha cuestión se han esbozado tres teorías diversas. Por un lado, aquellos que equiparan dichas categorías de resoluciones a los fines de la aplicación del art. 1103, es decir, que consideran que se subsumen en la norma las dos resoluciones liberatorias mencionadas. Por otro lado, se ubican quienes adoptan un criterio más restrictivo y consideran que solo el dictado de la absolución en el marco del juicio plenario autoriza la aplicación del precepto en cuestión y no ocurre lo mismo con el sobreseimiento. Finalmente, se postula una teoría “intermedia” que hace jugar dicho precepto en función de las causales que lo motivan, es decir, que sólo cuando el sobreseimiento se dicta por inexistencia del hecho o por falta de autoría se hace aplicable el mentado art. 1103.


 


14. La tesis según la cual sólo cuando el sobreseimiento se dicta por inexistencia del hecho o por falta de autoría se hace aplicable el mentado art. 1103 es avalada por destacadísimos autores tales como Llambías, Kemelmajer de Carlucci, Cesano, Saux, Alterini (según describe Ramón D. Pizarro en su obra: “Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa - Contractual y Extracontractual - Parte General, Buenos Aires, Ed. La Ley, año 2006, Tomo I, pág. 473 y sig.), a los que se suma Carlos Creus (Cfr. Influencias del Proceso Penal sobre el Proceso Civil, Santa Fe, Ed. Rubinzal y Culzoni S.C.C., 1977. págs. 97 y sig.).


 


15. La figura del sobreseimiento era desconocida en la época de Vélez Sarsfield (Cfr. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Código Civil y Leyes complementarias. Comentado, anotado y  concordado, A.C. BELLUSCIO, Director E.A. ZANNONI coord., Bs. As., Astrea, 2007, t. 5, p. 317).


 


16. La cuestión debe centrarse exclusivamente en la sentencia de sobreseimiento dictada con certeza negativa acerca de la inexistencia del hecho o de la participación. En estos supuestos si en el proceso penal intervino como querellante particular quien acciona en sede civil, de modo que tuvo la posibilidad de recurrirlo, nos parece que el sobreseimiento podrá ser equiparable a la sentencia absolutoria y tendrá sus mismos efectos” (TARDITTI, Aida CAFFERATA NORES, José I., Código Procesal penal de la provincia de Córdoba comentado, Editorial Mediterránea, Córdoba, 2003, T. II, pág. 92). En un viejo pronunciamiento de este Tribunal Superior por intermedio de su Sala Laboral se equiparó el sobreseimiento por inexistencia del hecho a la sentencia absolutoria (“Toledo Restituta Dolores c/ Federaciones Sindicales de trabajadores Municipales de la Pvcia. De Buenos Aires”, Sent. N° 46, del 20/8/74, citado por los autores recién mencionados, T. II, pág. 96, nota 163). La ausencia de autoría significa que el hecho no existe con respecto al imputado.


 


17. Cuando el juez penal funda el sobreseimiento definitivo en que no ha existido el hecho en que se funda o por no ser el procesado su autor, parece inconcebible que no se le dé el valor de una absolución del acusado en un juicio plenario al que en esa hipótesis ni siquiera se llegó porque faltaba todo mérito para abrirlo (LLAMBÍAS, Jorge Joaquín, Código Civil Anotado, T° II -B, p. 409, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., 1979).


 


18. El ya mencionado art. 1.777 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que viene a reemplazar al viejo art. 1103 C.C. establece efectos similares para la sentencia desincriminatoria dictada en sede penal, con independencia de cuál sea la forma que ésta última adopte.


 


19. La decisión de sobreseer al imputado arribada en sede penal implica que el juez civil no puede desconocer las circunstancias esenciales en base a las cuales aquélla fue dispuesta. Esto es lo que la ley refiere cuando alude al “hecho principal”, debiendo considerarse tal “el hecho sustancial que fuera atribuido al demandado como delito penal y sobre el cual ha recaído la absolución. La noción de ´hecho principal´ engloba a las circunstancias que fueron estimadas esenciales para determinar la absolución del imputado” (LLAMBIAS, Jorge Joaquín, Límites de la cosa juzgada penal en materia de responsabilidad civil, ED 84771).


 


20. El pronunciamiento liberatorio dictado en sede penal hace cosa juzgada en materia civil cuando declara como en el caso que el acusado no fue autor del delito. Se trata de una circunstancia de hecho específica, relevante, que no puede ser desconocida en sede civil, pues la inexistencia del hecho principal involucra clara y necesariamente a la autoría (en este caso, a la falta de autoría). Negada en sede penal la autoría del delito por parte del acusado, no podrá en el juicio civil afirmarse lo contrario” (PIZARRO, Ramón D., Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa - Contractual y Extracontractual - Parte General, Buenos Aires, Ed. La Ley, año 2006, Tomo I, págs. 453/4).


 


21. Si el sentenciante penal dijo que al pasar el tren las barreras estaban bajas, y por ello fue absuelto el maquinista, no podrá el juzgador civil sostener que estaban levantadas (LLAMBIAS, Jorge Joaquín, Límites de la cosa juzgada penal en materia de responsabilidad civil, ED 84771).


 


22. No desconozco que doctrinaria y jurisprudencialmente se admite que en aquellos casos en que la obligación de reparar el daño causado que se reclama en sede civil tiene como sustento un factor objetivo de atribución (riesgo, garantía, equidad), la absolución penal carece de incidencia alguna. De hecho, ello ha sido ponderado por la Sala Civil del Tribunal de Casación local en varias oportunidades, bien que acompañado de otras razones (Confr. Sents. N° 194/10 y 327/11). Sin embargo, tal excepción debe ser puesta en sus justos límites. Y en ese derrotero, “…conviene no incurrir en exageraciones, pues, a tenor de la letra de la ley, puede suceder que lo resuelto en sede penal sobre la existencia o inexistencia del principal que constituya el delito puede tener proyecciones en materia de responsabilidad civil, aun siendo ésta objetiva.” (PIZARRO, Ramón D., Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa - Contractual y Extracontractual - Parte General, Buenos Aires, Ed. La Ley, año 2006, Tomo I, pág. 459).


 


23. Supongamos que en sede penal se debate la responsabilidad penal por homicidio culposo de un conductor al que se atribuye haber embestido con su automóvil a un peatón, dándole muerte (homicidio culposo). Si la sentencia penal absolutoria determinare que el delito no existió o que el autor del hecho no fue el imputado, tal decisión hace cosa juzgada en lo civil. Y la hace tanto si la responsabilidad por daños del conductor se encuadra subjetivamente como si se la emplaza, como lo propone correctamente cierta doctrina, bajo los parámetros de una responsabilidad objetiva con sustento en el art. 1113 Cód. Civil”.


 


TSJ -Sala Civil- Cba. Sent. 42, 12/4/2016, “Cueto Enrique y otro c/ Corradini Italo Antonio Martin y otros - Ordinario - Daños y perj. - Accidentes de tránsito - Recurso de casación (expte. Nº 500143/36)”


 


PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son procedentes los recursos de casación deducidos por los demandados por las causales de los incs. 1° y 3º del art. 383 C.P.C.C.?.


SEGUNDA CUESTIÓN:¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.


 


A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, DIJO:


I. Los demandados Italo Corradini y Comau Argentina S.A. el primero patrocinado por el Dr. Germán Martín, y el segundo mediante la representación del mismo letrado deducen sendos recursos de casación en autos: “CUETO, ENRIQUE Y OTRO C/ CORRADINI, ITALO ANTONIO MARTIN Y OTROS  ORDINARIO  DAÑOS Y PERJ. ACCIDENTES DE TRANSITO – RECURSO DE CASACION  EXPTE. Nº 500143/36”, en contra de la Sentencia N° 92, del 12 de agosto de 2014, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de esta ciudad, con fundamento en los incs. 1° y 3º del art. 383 del C.P.C.C.


Corrido el traslado de ley, el mismo es evacuado a fs. 1022/1031 por los actores, Sres. Enrique Cueto y Gregoria E. Corzo, mediante su apoderado, Dr. Mariano Enrique Cueto.


Mediante A.I. N° 436, de fecha 25 de noviembre de 2014, la Cámara interviniente concede los recursos de casación articulados.


Radicadas las actuaciones en esta Sede, dictado y firme el decreto de autos (fs. 1146 vta.) quedan los recursos en condiciones de ser resueltos.


II. Las dos impugnaciones a las que se hizo referencia presentan idéntico contenido, motivo por el cual se reseñarán de manera unificada.


Aclarado ello, la articulación recursiva admite el siguiente compendio:


Luego de reseñar los antecedentes de la causa, los recurrentes afirman que la sentencia incurre en un error in procedendo, en cuanto aplica en forma incorrecta el instituto de la prejudicialidad penal prevista en el art. 1103 del C.C.


Sostienen que el fallo atacado fija hechos distintos a los establecidos en sede penal y atribuye al conductor del automotor ser la causa eficiente del accidente.


Agregan que los aquí actores tuvieron plena participación en el proceso penal, en el carácter de querellantes, y consintieron el sobreseimiento que allí se dispuso. Manifiestan que esta última resolución fue profunda en su análisis de la prueba, siendo contundente al concluir que no existía relación de causalidad entre la conducta del Sr. Corradini (conductor del automotor) y el accidente. Asimismo, aducen que en dicho pronunciamiento se determinó el factor subjetivo del siniestro, uno de cuyos elementos fue la imprudencia del conductor de la motocicleta.


Expresan que el juez de control dispuso sobreseer totalmente al imputado en los términos del art. 350, inc. 1°, segundo supuesto, 349 y 351 del C.P.P., lo que significa que para dicho magistrado analizadas las causales legales, surgía en forma “evidente” que el hecho investigado no fue cometido por el Sr. Corradini.


Citan abundante doctrina y jurisprudencia.


Señalan que si la justicia del crimen ha declarado que el hecho no existe o que el imputado no es su autor no se podía decidir lo contrario en el proceso civil, como ha sucedido en la sentencia en crisis, porque ello ocasiona un escándalo jurídico.


Insisten que en el caso debió aplicarse la prejudicialidad penal al haberse determinado los hechos y la no autoría del mismo.


Aclaran que no se introducen en el tema de la culpa que según la opinión mayoritaria sí es revisable por el juez civil por cuanto Corradini no fue sobreseído por ese motivo, es decir, por no tener culpa, sino que fue desincriminado por no haber sido el autor del hecho del que se lo acusaba.


En el mismo agravio exponen que el fallo incurre en contradicción entre los postulados que sostiene inicialmente y la conclusión a la que luego arriba, violando en definitiva la normativa aplicable.


En la segunda censura denuncian omisión de valorar prueba dirimente y violación a los principios de fundamentación lógica y legal. Afirman que no puede sostenerse que de la sentencia penal surja que el automotor embistió a la moto, porque ello implica una percepción errónea de ese elemento de prueba.


Añaden que los hechos no han sucedido como fija el sentenciante, y que la construcción del razonamiento y la percepción de los hechos son erróneos.


Cuestionan el iter lógico del primer voto integrante de la sentencia atacada diciendo que no queda claro si la atribución de responsabilidad se funda en el choque en sí mismo, o sólo en el “amague” o intento de paso, y tampoco se despeja la duda acerca de si el automóvil tocó a la moto o no. Aseguran que, de tal modo, no se conoce cuál es el verdadero argumento sostenedor de la resolución ni tampoco cómo se han fijado los hechos.


Arguye que el fallo no menciona a qué prueba se refiere para tener por acreditado el impacto de los dos vehículos, salvo dichos de testigos inverosímiles.


Aduce que si la sentencia se refiere a los dichos del Sr. Viotti, el mismo ha prestado varias declaraciones tanto en sede civil cuanto penal y además ésta última tildó sus dichos de contradictorios e imprecisos.


III. Así reseñados los términos del recurso intentado, anticipo opinión en forma favorable a su procedencia, en tanto el Tribunal a quo ha juzgado erróneamente en el caso los alcances del sobreseimiento dictado en sede penal, violando así el art. 1103 del Código Civil vigente en ese entonces (y a cuya normativa me referiré en adelante, salvo aclaración).


IV. Inicialmente, es preciso destacar que la Sala goza de amplia competencia para controlar la corrección del capítulo de la sentencia impugnada vinculado al efecto en el juicio civil de la resolución desincriminatoria emitida por los Tribunales del Crimen.


Ello obedece a que la mencionada norma es de naturaleza procesal, no de derecho material, desde que está dirigida a fijar la eficacia o influencia de la sentencia penal en este proceso civil de resarcimiento.


Es decir, independientemente de que la previsión integra el cuerpo legislativo sustancial, refiere a un principio de carácter procesal, al reglamentar la relación entre la acción civil y penal y, como tal, constituye una materia susceptible de introducción y revisión por el canal impugnativo previsto en el inc. 1° del art. 383 del C.P.C.C.


Dicho dispositivo como toda norma procesal cumple una doble finalidad práctica: regular la acción civil, y a la vez, el ejercicio de la función jurisdiccional, determinándole límites y requisitos. El principio de carácter procesal que dimana de dicho precepto, por su vinculación a principios de orden público, debe ser aplicado de oficio por los jueces. Y en cualquier caso, la actividad cumplida de manera diversa a la establecida por una norma procesal, es censurable en casación a título de violación de las formas del procedimiento o de la sentencia.


De allí que, como se anticipó, el Tribunal en su condición de guardián supremo de las formas procesales pueda examinar con amplitud la providencia en recurso, y pueda hacerlo con prescindencia de la regularidad formal de la fundamentación en que la misma se apoya, pues aún cuando ésta fuese inobjetable desde un punto de vista lógico de todas maneras la Sala podría fiscalizar la exactitud de la decisión adoptada en relación al tema controvertido (Cfr. Sents. N° 194/10, 77/13 y A.I. N° 278/13, entre otras).


V. Establecidas las amplias atribuciones de que goza este Tribunal respecto de la cuestión planteada, corresponde ingresar al tratamiento de la censura bajo la lupa.


En tal senda, corresponde puntualizar que la norma cuyos alcances se discuten en el caso es la del art. 1103 del Código Civil ya derogado que disponía: “Después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución”.


Lo que marcaba dicho precepto no es que el absuelto no pueda ser responsable en sede civil, sino que no podrá fundarse una eventual responsabilidad en una caracterización del hecho principal distinta de la que se hubiese efectuado en el proceso penal. Consecuentemente, sólo cuando la absolución del acusado se funde en la inexistencia del hecho que se le imputa, o en la ausencia de autoría sobre el mismo hecho, ese pronunciamiento no puede ser revisado en sede civil, donde no cabría admitir la responsabilidad de quien por tales motivos fue absuelto por el juez penal (Confr. Sent. nº 148/07).


Por ende, cuando el juez penal absuelve por otras razones por caso, por falta de culpa del acusado resulta claro que tal decisión no reviste autoridad de cosa juzgada, ya que el propio artículo 1103 C.C. limitaba esta última a la existencia del hecho principal y a la falta de autoría.


La doctrina ha explicado en forma coincidente que: “solo cuando la absolución del acusado se funda en la inexistencia del hecho que se le enrostra   o en su ausencia de autoría sobre el mismo hecho, que es otra manera de que no exista con respecto a él ese pronunciamiento no puede ser revisado en sede civil, donde, entonces, no cabe admitir la responsabilidad de quien por esos motivos fue absuelto por el juez penal” (LLAMBIAS, Jorge Joaquín, Límites de la cosa juzgada penal en materia de responsabilidad civil, ED 84771).


Otro autor, comentando el precepto en cuestión, ha explicado que sólo opera como condicionante para el Juez civil lo que la sentencia diga respecto del “hecho principal”, es decir “las circunstancias que el sentenciante penal consideró esenciales para resolver la absolución (…) En definitiva, la sentencia civil no puede desconocer lo decidido por la sentencia penal respecto de la ´prueba fundante´ de los hechos en la absolución (…) La sentencia penal que absuelve al imputado declarando que él no fue autor material del hecho investigado, hace cosa juzgada en sede civil, en cuanto propiamente no se está analizando la culpabilidad del mismo, sino la propia ´inexistencia del hecho´ en su faz subjetiva (vale decir, aun cuando el hecho haya existido, que no fue cometido materialmente por él)” (SAUX, Edgardo I., Comentario al art. 1103 del Código Civil, en BUERES, Alberto J. (dir.)  HIGHTON, Elena I. (coord.), Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3A, págs. 323 y 329).


Estas líneas de opinión fueron en definitiva recogidas por el art. 1.777 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, incluso con un texto más claro y explícito.


Dicha norma, bajo el rótulo de “Inexistencia del hecho, de autoría, de delito o de responsabilidad penal”, prescribe: “Si la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado como responsable no participó, estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil.”.


Los autores, comentando el novel precepto, han explicado que “…la simplicidad y claridad, además de la completitud, son de destacar. Aquí se ha hecho eco también de la jurisprudencia y doctrina imperante en cuanto a los efectos de la sentencia penal cuando no es condenatoria” (CASAS, Juan, comentario al art. 1777 C.C.C.N. en: “Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias”, BUERES, Alberto J., Director, 1° edición, 4° reimpresión, Bs.As., Hammurabi, 2015, T. II, pág. 197. El destacado me pertenece).


Paralelamente, se ha entendido que: “El juicio del juez penal sobre la inexistencia del hecho es de los que no pueden ser ignorados por el juez civil, pues sería una total incongruencia que se sobresea a una persona por un hecho que en sede penal no se cometió y luego el juez civil lo condene por ese mismo hecho a reparar los daños” (NAVAS, Raúl F., comentario al art. 1.777 en: “Código Civil y Comercial”, CLUSELLAS, Gabriel Dirección; 1ª ed., C.A.B.A., Astrea, 2015, T. VI, pág. 314).


A su vez, se ha dicho: “…si la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado como responsable no participó, conforme los incs. 2 y 4 del art. 336 del Cód. Proc. Penal de la Nación, y normas provinciales de similar tenor, se dicta el sobreseimiento sobre la base de examinar los acontecimientos denunciados, razón por la cual la existencia o autoría de ellos no pueden ser discutidas en el proceso civil” (ALFERILLO, Pascual, comentario al art. 1.777 en: “Código Civil y Comercial Argentino”; GARRIDO CORDOBERA, Lidia M. R.; BORDA, Alejandro; ALFERILLO Pascual E., Dir.; KRIEGER, Walter F. Coord., 1° ed., C.A.BA., Astrea, 2015, T. II, pág. 1111).


En definitiva, ambas normas son similares, al menos en el aspecto que venimos analizando, por lo que en principio las reflexiones vertidas por los autores y por los Tribunales con relación al texto derogado siguen siendo aplicables.


VI.  En el caso de autos, el accidente en el que perdió la vida el Sr. Hernán Rodrigo Cueto dio lugar a sendas causas civiles y penales.


Así, en las actuaciones caratuladas “Corradini Italo Antonio Martin p.s.a. Homicidio Culposo”, se imputaba al señor Italo Antonio Martín Corradini el arribar a una encrucijada al comando de un vehículo automotor y sin respetar la señal de “Pare” ni la prioridad de paso continuar su marcha y golpear con la parte delantera de dicho automóvil a la motocicleta en la que se conducía el Sr. Hernán Rodrigo Cueto quien, como consecuencia del impacto, habría comenzado a dar vueltas por el asfalto hasta que pegó con un árbol, perdiendo la vida (Cfr. las copias incorporadas a fs. 175/377 de la presente causa).


El Juzgado de Control Número 1 de la ciudad de Córdoba dictó la sentencia N° 223, del 23 de octubre de 1998, en la cual resolvió el sobreseimiento total del encartado por el hecho que se le atribuía.


Para arribar a esa conclusión, el magistrado del fuero represivo tuvo en cuenta que no había prueba de que hubiera existido contacto entre los vehículos involucrados y que el automóvil no presentaba rastro de impacto alguno en su parte delantera. Ponderó también que de los elementos incorporados al expediente surgía que el imputado sí había respetado la señal de “Pare” y, además, tenía pleno dominio de su conducido, no así el Sr. Cueto, quien se dirigía a la encrucijada a una velocidad excesiva y no la aminoró pese al cartel que advertía “Precaucióncruce peligroso” y a la sobreelevación del asfalto que producía un “borde” en la artería por la cual se conducía.


Luego de hacer otras consideraciones genéricas, y de afirmar que no había nexo de causalidad suficiente entre la conducta que se le atribuía al imputado y el fallecimiento de Cueto, en definitiva, resolvió “Sobreseer totalmente  la presente causa a favor de Italo Antonio Martin Corradini (…) a tenor de lo preceptuado por los arts. 350 inc. 1, segundo supuesto, 348 y 351 del CPP” (fs. 326 vta. Lo resaltado me pertenece).


Ello implica que el magistrado consideró subsumido el caso en la primera de esas normas, que dispone que “El sobreseimiento procederá cuando sea evidente: 1. Que el hecho investigado no se cometió o no lo fue por el imputado….” (lo destacado ha sido agregado).


Si bien tal pronunciamiento fue apelado por los querellantes particulares, es decir, los padres del fallecido, Sres. Enrique Cueto y Gregoria Eda Corzo de Cueto, lo cierto es que el mismo quedó firme en tanto dicha impugnación se tuvo por desistida (Cfr. fs. 370).


La causa civil fue iniciada con posterioridad por los progenitores.


En primera instancia la demanda fue rechazada, por considerar el Sr. Juez interviniente que la resolución dictada en el ámbito represivo era vinculante (Cfr. Sent. N° 19, del 21/2/13, fs. 848/855).


La Cámara, por mayoría, revocó ese pronunciamiento y decidió hacer lugar a la pretensión incoada.


El Sr. Vocal que emitió el primer voto, Dr. Guillermo Tinti, afirmó que “debemos tener por cierto la materialidad del hecho” (cfr. fs. 938), agregando que de la prueba colectada surgía que la motocicleta fue embestida por el automóvil.


Agregó que el toque entre los automotores había existido, pero que aún cuando no fuere así, el demandado igualmente sería responsable en tanto el “amague” o intento de cruzar la encrucijada fue lo que desestabilizó e hizo caer a la moto (Cfr. fs. 936 vta./939 vta.).


El Sr. Vocal de segundo voto, Dr. Julio C. Sánchez Torres, en cambio, consideró que debía respetarse lo resuelto en el ámbito penal, en donde a su juicio se resolvió que “el conductor del rodado (Corradini) no impactó, chocó o tocó de ningún modo al biciclo, lo cual significa que no fue el autor del hecho” (fs. 944 vta.).


Agregó que con independencia de cuál sea la influencia de la resolución penal, lo cierto es que igualmente arribaría a la conclusión de rechazar la demanda resarcitoria, en tanto según dicho magistrado estaba probado que no hubo impacto del rodado mayor, agregando a los elementos ya mencionados, otros extremos tales como que el fallecido no presentaba la clásica fractura de tibia y peroné que es propia de los motociclistas que son embestidos en su costado. También añadió que la motocicleta siguió su trayecto en forma rectilínea hasta impactar con el cordón y luego con el árbol, de lo que se infería que no había habido impacto (Cfr. fs. 942 vta./945 vta.).


Finalmente, concurrió a formar mayoría el Sr. Vocal Dr. Leonardo González Zamar, quien entendió que el sobreseimiento se había dictado en sede penal por no comprobarse culpa del imputado y que eso no impedía el juzgamiento de su responsabilidad en materia civil (Cfr. fs. 945 vta./948).


VII. La reseña efectuada precedentemente demuestra la configuración del vicio denunciado.


Así, en la resolución dictada en sede penal se concluyó que el automóvil no había embestido en modo alguno a la motocicleta y que el hecho no fue de la autoría del Sr. Corradini.


En cambio, la sentencia dictada en el ámbito civil consideró que sí había habido impacto y que el demandado fue autor del hecho.


La contradicción se presenta evidente y ocasiona el escándalo jurídico que el art. 1103 del C.C. ya derogado pretendía evitar.


La sentencia, en consecuencia, debe ser anulada.


VIII. Antes de expresar los fundamentos que sostienen esa conclusión, cabe aclarar que no resulta obstáculo para la aplicación de la norma mencionada el hecho de que la resolución dictada en el fuero penal se trate de un sobreseimiento y no de una absolución pues al menos en el caso sometido a juzgamiento ambos tipos de resoluciones deben considerarse asimiladas.


Cierto es que sobre dicha cuestión se han esbozado tres teorías diversas. Por un lado, aquellos que equiparan dichas categorías de resoluciones a los fines de la aplicación del art. 1103, es decir, que consideran que se subsumen en la norma las dos resoluciones liberatorias mencionadas. Por otro lado, se ubican quienes adoptan un criterio más restrictivo y consideran que solo el dictado de la absolución en el marco del juicio plenario autoriza la aplicación del precepto en cuestión y no ocurre lo mismo con el sobreseimiento. Finalmente, se postula una teoría “intermedia” que hace jugar dicho precepto en función de las causales que lo motivan, es decir, que sólo cuando el sobreseimiento se dicta por inexistencia del hecho o por falta de autoría se hace aplicable el mentado art. 1103.


Esta última línea de pensamiento con la que coincido es avalada por destacadísimos autores tales como Llambías, Kemelmajer de Carlucci, Cesano, Saux, Alterini (según describe Ramón D. Pizarro en su obra: “Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa – Contractual y Extracontractual – Parte General, Buenos Aires, Ed. La Ley, año 2006, Tomo I, pág. 473 y sig.), a los que se suma Carlos Creus (Cfr. Influencias del Proceso Penal sobre el Proceso Civil, Santa Fe, Ed. Rubinzal y Culzoni S.C.C., 1977. págs. 97 y sig.).


Tal postura es la que considero aplicable, al menos en el caso de autos en que el sobreseimiento definitivo se dictó precisamente por no considerarse al imputado autor del hecho investigado.


Enfatizo esta circunstancia porque no estamos frente a un sobreseimiento motivado en la extinción de la acción penal o en la falta de requerimiento del fiscal sino en cambio en la ausencia de autoría del hecho.


Adviértase que quienes niegan toda posibilidad de equiparación se basan en que la absolución se dicta luego del juicio plenario con posibilidad de participación de los afectados, y no así el sobreseimiento que se dice se dispone en la etapa instructoria y sin que aquéllos tengan posibilidad de participar.


Sin embargo, lo primero que hay que decir es que la figura del sobreseimiento era desconocida en la época de Vélez Sarsfield (Cfr. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Código Civil y Leyes complementarias. Comentado, anotado y  concordado, A.C. BELLUSCIO, DirectorE.A. ZANNONI coord., Bs.As., Astrea, 2007, t. 5, p. 317).


En segundo término, en el caso bajo la lupa no puede soslayarse que de las constancias del expediente penal surge que los hoy actores intervinieron activamente en el proceso penal como querellantes particulares, lo que autoriza a aplicar el ya derogado art. 1103 C.C. reitero al menos en este supuesto en particular.


Prestigiosa doctrina local ha opinado de modo coincidente, argumentando que: “la cuestión debe centrarse exclusivamente en la sentencia de sobreseimiento dictada con certeza negativa acerca de la inexistencia del hecho o de la participación. En estos supuestos si en el proceso penal intervino como querellante particular quien acciona en sede civil, de modo que tuvo la posibilidad de recurrirlo, nos parece que el sobreseimiento podrá ser equiparable a la sentencia absolutoria y tendrá sus mismos efectos” (TARDITTI, AidaCAFFERATA NORES, José I., Código Procesal penal de la provincia de Córdoba comentado, Editorial Mediterránea, Córdoba, 2003, T. II, pág. 92).


Ya en un viejo pronunciamiento de este Tribunal Superior por intermedio de su Sala Laboral se equiparó el sobreseimiento por inexistencia del hecho a la sentencia absolutoria (“Toledo Restituta Dolores c/ Federaciones Sindicales de trabajadores Municipales de la Pvcia. De Buenos Aires”, Sent. N° 46, del 20/8/74, citado por los autores recién mencionados, T. II, pág. 96, nota 163). La ausencia de autoría significa que el hecho no existe con respecto al imputado, por lo que la conclusión sentada en ese precedente es trasladable al caso de autos.


La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también ha asimilado dichos conceptos en aquellos casos en que el sobreseimiento estuviera basado en la inexistencia del hecho o en la no autoría del acusado, tal como acontece en la especie (Cfr.: I., C. A. c. EDEA S.A. s/ despido, Causa: L.116.356,  30/10/2013, LL Online  AR/JUR/76009/2013. Allí se citan las resoluciones dictadas en igual sentido en las causas: C. 95.841, “Pescio”, sent. del 30/06/2009; Ac. 93.817, “S., V. c. R., L.”, sent. del 05/04/2006; Ac. 71.889, “Cataldo”, sent. del 31/05/2000; Ac. 35.091, “Migliardi”, sent. del 10/02/1987).


La doctrina especializada ha sostenido que cuando el juez penal funda el sobreseimiento definitivo en que no ha existido el hecho en que se funda o por no ser el procesado su autor, parece inconcebible que no se le dé el valor de una absolución del acusado en un juicio plenario al que en esa hipótesis ni siquiera se llegó porque faltaba todo mérito para abrirlo (LLAMBÍAS, Jorge Joaquín, Código Civil Anotado, T° II —B, p. 409, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., 1979).


Cabe acotar que a igual conclusión se arribaría al menos en el caso de autos de adoptarse la posición más amplia, es decir, aquélla que considera aplicable el art. 1103 con independencia de cuál sea el tipo de pronunciamiento arribado en el ámbito de la justicia criminal.


A mayor abundamiento, agrego que el ya mencionado art. 1.777 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que viene a reemplazar al viejo art. 1103 C.C. establece efectos similares para la sentencia desincriminatoria dictada en sede penal, con independencia de cuál sea la forma que ésta última adopte. Acerca de los términos de la nueva normativa, remito a lo explicado en el “considerando” N° 5 de la presente resolución.


IX. Aclarado ello, según vimos más arriba, la decisión de sobreseer al imputado arribada en sede penal implica que el juez civil no puede desconocer las circunstancias esenciales en base a las cuales aquélla fue dispuesta.


Esto es lo que la ley refiere cuando alude al “hecho principal”, debiendo considerarse tal “el hecho sustancial que fuera atribuido al demandado como delito penal y sobre el cual ha recaído la absolución. La noción de ´hecho principal´ engloba a las circunstancias que fueron estimadas esenciales para determinar la absolución del imputado” (LLAMBIAS, Jorge Joaquín, Límites de la cosa juzgada penal en materia de responsabilidad civil, ED 84771).


En el caso, el magistrado del fuero criminal ponderó que no había existido “toque” ni “golpe” entre los vehículos. En función de ello, dictó el sobreseimiento, por entender que el imputado no era autor del hecho.


Es decir que para el juez penal había sido determinante la ausencia de impacto entre los vehículos. Por ende, dicho extremo fundante del pronunciamiento arribado en aquella sede y que hace a la materialidad de los hechos allí juzgados no podía ser desconocido en el ámbito civil. Sin embargo, precisamente eso es lo que ha sucedido en la presente causa, dado que la Cámara interviniente consideró acreditada la existencia del impacto.


Además de ello, el Juez civil también consideró que Corradini había sido el autor del hecho imputado, desconociendo la decisión contraria asumida en el fuero represivo.


Conforme se explicará más arriba, el pronunciamiento liberatorio dictado en sede penal hace cosa juzgada en materia civil cuando declara como en el caso que el acusado no fue autor del delito.


La doctrina ha explicado al respecto “Se trata de una circunstancia de hecho específica, relevante, que no puede ser desconocida en sede civil, pues la inexistencia del hecho principal involucra clara y necesariamente a la autoría (en este caso, a la falta de autoría). Negada en sede penal la autoría del delito por parte del acusado, no podrá en el juicio civil afirmarse lo contrario” (PIZARRO, Ramón D., Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa – Contractual y Extracontractual – Parte General, Buenos Aires, Ed. La Ley, año 2006, Tomo I, págs. 453/4).


Me permito recordar uno de los ejemplos típicos que citan los autores especializados para ilustrar acerca de los alcances de la resolución desincriminatoria arribada en el fuero criminal: “Si el sentenciante penal dijo que al pasar el tren las barreras estaban bajas, y por ello fue absuelto el maquinista, no podrá el juzgador civil sostener que estaban levantadas” (LLAMBIAS, Jorge Joaquín, Límites de la cosa juzgada penal en materia de responsabilidad civil, ED 84771).


En el caso que nos ocupa, el Juez penal consideró que no había existido impacto. El Tribunal de Alzada civil, en cambio, estimó lo contrario.


El antagonismo de ambas conclusiones importa un escándalo jurídico que debe evitarse.


X. No desconozco que doctrinaria y jurisprudencialmente se admite que en aquellos casos en que la obligación de reparar el daño causado que se reclama en sede civil tiene como sustento un factor objetivo de atribución (riesgo, garantía, equidad), la absolución penal carece de incidencia alguna.


De hecho, ello ha sido ponderado por esta Sala en varias oportunidades, bien que acompañado de otras razones (Confr. Sents. N° 194/10 y 327/11).


Sin embargo, tal excepción debe ser puesta en sus justos límites.


La doctrina ha explicado al respecto: “…conviene no incurrir en exageraciones, pues, a tenor de la letra de la ley, puede suceder que lo resuelto en sede penal sobre la existencia o inexistencia del principal que constituya el delito puede tener proyecciones en materia de responsabilidad civil, aun siendo ésta objetiva.” (PIZARRO, Ramón D., Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa – Contractual y Extracontractual – Parte General, Buenos Aires, Ed. La Ley, año 2006, Tomo I, pág. 459).


El autor prosigue su explicación diciendo: “Supongamos que en sede penal se debate la responsabilidad penal por homicidio culposo de un conductor al que se atribuye haber embestido con su automóvil a un peatón, dándole muerte (homicidio culposo). Si la sentencia penal absolutoria determinare que el delito no existió o que el autor del hecho no fue el imputado, tal decisión hace cosa juzgada en lo civil. Y la hace tanto si la responsabilidad por daños del conductor se encuadra subjetivamente como si se la emplaza, como lo propone correctamente cierta doctrina, bajo los parámetros de una responsabilidad objetiva con sustento en el art. 1113 Cód. Civil” (ídem anterior).


Como se desprende claramente de los segmentos transcriptos, el supuesto fáctico planteado por el reputado doctrinario tiene marcada similitud con el aquí suscitado, por lo que sus conclusiones son plenamente trasladables al caso sometido a juzgamiento.


XI. En conclusión, la Justicia del crimen ha declarado que no hubo impacto entre los vehículos involucrados y que el imputado no fue el autor del delito.


No se podía decidir lo contrario en el proceso civil.


Por todo lo antes expuesto, me pronuncio por el acogimiento del recurso de casación interpuesto en autos por la causal del inc. 1º del art. 383 del C. de P.C.; decisión que torna abstracto el tratamiento del resto de las censuras.


Así voto.


 


A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:


Adhiero a los fundamentos brindados por el Señor Vocal Carlos Francisco García Allocco. Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la primera cuestión planteada.


 


A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESÍN, DIJO:


Comparto los fundamentos expuestos por el Señor Vocal del primer voto.


Así voto.


 


A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, DIJO:


A mérito de las conclusiones arribadas en el punto precedente, corresponde:


I. Hacer lugar al recurso de casación deducido por la vía del inc. 1º del art. 383, C. de P.C., y en su mérito, anular el resolutorio atacado, en todo cuanto decide.


II. A fin de evitar el dispendio de una nueva etapa procesal y en uso de la prerrogativa conferida por el art. 390, C. de P.C., estimo procedente prescindir del reenvío de las presentes actuaciones y abordar, en esta misma oportunidad, el tratamiento del recurso de apelación oportunamente deducido por la parte demandada.


III. A tal fin, corresponde precisar los términos de la apelación deducida sobre el punto (fs. 889/896), la cual admite ser sintetizada de la siguiente manera:


Los recurrentes afirman que el art. 1103 sólo se refiere a “absolución”, por lo que no es aplicable en el presente caso en el cual la sentencia penal se dictó bajo la forma de un “sobreseimiento”.


Se agravian de que el Juez de primer grado no valoró adecuadamente los elementos incorporados en el expediente civil, desatendiendo la sana crítica racional.


Señalan que la prueba arrimada a la causa sobre todo las declaraciones testimoniales demuestra con grado de certeza que el accidente ocurrió por el comportamiento imprudente del Sr. Corradini.


Cuestionan que no se haya analizado la posibilidad de condenar al demandado con base en un factor objetivo de atribución.


IV. Como se desprende de lo expuesto a lo largo de la presente resolución, la doctrina ensayada al tratar la primera cuestión adquiere idéntica eficacia en esta parte del pronunciamiento, razón por la cual esta Sala se exime de efectuar mayores consideraciones sobre el punto.


En efecto, como se advierte, el criterio adoptado coincide con la solución postulada por el Sr. Juez de primera instancia aunque por distintos fundamentos esto es, que no podía desconocerse en el fuero civil lo resuelto en el ámbito de la justicia del Crimen respecto del hecho principal ni de la autoría del delito que se atribuía al Sr. Corradini. Ello conforme a los argumentos y consideraciones vertidas supra, a las que remito en honor a la brevedad.


Sólo me permito añadir que no podría imputarse responsabilidad alguna con base en el supuesto “amague” o intento de paso por parte de Corradini, en tanto dicha situación no fue invocada en modo alguno en la demanda.


Contrariamente, el reclamo deducido en autos se basó con exclusividad en el hecho de que el motovehículo conducido por el fallecido fue “violentamente embestido” por el automotor conducido por Corradini. Ello surge con claridad de los términos del escrito inicial de fs. 1/3 y también de la ampliación de demanda de fs. 37/38.


En consecuencia, no podría asentarse una eventual condena en esa circunstancia, dado que la misma no fue parte integrante de la Litis.


Corresponde, entonces, rechazar el recurso de apelación impetrado por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia Nº 42, de fecha 5 de mayo de 2006, dictada por el Sr. Juez de primera instancia y Octava Nominación en lo Civil y Comercial, de esta ciudad.


V. Las costas devengadas en ambas instancias recursivas deben ser impuestas a la parte accionante, por haber resultado vencida (arg. art. 130, C. de P.C.). Los honorarios del Dr. Dr. Germán Martín deben fijarse en el 34% (treinta y cuatro por ciento) del mínimo de la escala del art. 34, ley 8226 por sus labores en Sede extraordinaria, y en el 32% (treinta y dos por ciento) sobre idéntico parámetro, por su intervención en la Alzada.


Cabe aclarar que si bien es cierto tal como se puso de resalto más arriba que el citado letrado presentó dos recursos de casación (a fs. 967/989 y 998/1020, respectivamente), ambos presentan idéntico contenido, por lo que debe practicarse una única regulación. Lo mismo acontece respecto de las tareas prestadas por dicho profesional en instancia de apelación (Cfr. fs. 899/910 y 911/922).


No corresponde regular honorarios al letrado de la parte vencida en esta oportunidad (arg. art. 26, C.A.).


 


A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:


Adhiero a la solución propuesta por el Señor Vocal del primer voto.


Voto en idéntico sentido.


 


A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESÍN, DIJO:


Coincido con el sentido resolutivo que postula el Doctor Carlos Francisco García Allocco, por lo que me pronuncio en el mismo sentido.


Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial,


 


RESUELVE:


I. Hacer lugar a los recursos de casación deducidos por la vía del inc. 1º del art. 383, C. de P.C., y en su mérito, anular la Sentencia N° 92, de fecha 12 de agosto de 2014, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de esta ciudad, en todo cuanto decide.


II. Resolver sin reenvío lo que ha sido materia de anulación.


III. Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora en contra de la Sentencia N° 19, del 21 de febrero de 2013, dictada por el Sr. Juez de 1° inst. y 8° Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad.


IV. Imponer las costas devengadas en ambas instancias recursivas a la parte actora. Fijar los honorarios del Dr. Germán Martín en el 34% (treinta y cuatro por ciento) del mínimo de la escala del art. 34, ley 8226 por sus labores en Sede extraordinaria, y en el 32% (treinta y dos por ciento) sobre idéntico parámetro, por su intervención en la Alzada. No regular los honorarios del letrado de la parte vencida en esta oportunidad. Protocolícese e incorpórese copia.


 


Fdo.: CÁCERES DE BOLLATI - GARCÍA ALLOCCO - SESIN

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