Usuario Clave
 
Doctrina

Volver al Listado 

Código Unívoco
1226
Revista
Penal y Proc. Penal
Número
260
Título
La prisión preventiva en el Código Procesal Penal de la Provincia del Chaco
Autor
Facundo Kurt Cancelarich
Texto

Es propicio, para iniciar una correcta interpretación de lo que resulta ser el instituto de la prisión preventiva, observar su ubicación dentro de nuestra legislación provincial, y esto es, que se encuentra regulado dentro del Libro I, Título VII, Capítulo II, el cual se llama “Medidas de coerción”, entendiéndose estas como las restricciones al ejercicio de derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceras personas, impuestas durante el curso de un proceso penal y tendientes a garantizar el logro de sus fines. Si bien no tienen un fin en sí mismas, son un medio para asegurar el logro de otros fines, que serían el descubrimiento de la verdad, y la actuación de la ley sustantiva en el caso concreto. Además hay tipos de medidas de coerción que afectan a terceros (ej. Testigos obligados a comparecer a declarar, víctimas que deben someterse a exámenes, etc.), y particularmente el caso de la prisión preventiva se centra exclusivamente en el imputado, y en su derecho personal de libertad de locomoción.

Clariá Olmedo clasifica las medidas de coerción procesal en ejecutivas y preventivas, siendo estas últimas las que implican aseguramiento de personas o cosas con anterioridad a la llegada de la sentencia definitiva, dentro de ellas, por excelencia se encuentra el instituto en análisis. Así las cosas, podemos avanzar en la búsqueda del concepto de prisión preventiva, al decir de Julio Maier, representa un nuevo grado de complejidad y gravedad en la privación de libertad cautelar, caracterizada, en relación con los demás estados, por su eventual prolongación en el tiempo y su consiguiente estabilidad. Por este motivo es la injerencia más grave en la libertad personal, y al mismo tiempo, la más evidente contradicción con el principio de inocencia que ampara al imputado (nullapoena sine iuditio). La prisión preventiva significa que desconfiamos del imputado, suponiéndolo capaz de poner en peligro la realización del procedimiento o la consecución de sus fines, y para evitar esos riesgos, la ley propone mantenerlo prisionero durante el procedimiento penal, frente a la regla de la libertad personal2. En un sentido paralelo se enrola el autor santafesino Eduardo Jauchen, agregando que “La prisión preventiva o provisional es la medida de coerción personal de más alta lesividad en todo el sistema procesal. Previo al dictado de una sentencia de condena”3.

Por su parte, el Dr. José Cafferata Nores y la Dra. Aída Tarditti, definen a la prisión preventiva como “…un verdadero estado de privación de libertad, pues, de mantenerse las condiciones que la motivaron, durará hasta la finalización de la causa, salvo que ésta no concluya antes del agotamiento del término máximo de duración del encarcelamiento impuesto por la ley”4.

En definitiva, siendo fieles a los lineamientos que nos establece el art. 289 del C.P.P. de la provincia del Chaco, y valorando los conceptos expuestos anteriormente, podemos decir que la prisión preventiva es una medida de coerción personal, dictada por la autoridad competente, siempre que existieren elementos de convicción suficientes para sostener que el hecho investigado existió y que es probable la participación punible del imputado, en los delitos con pena privativa de libertad en la que no sea procedente la condena de ejecución condicional, o cuando pudiendo ésta ser procedente, hubiere vehementes indicios de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación.

Consideramos importante para lograr un exhaustivo análisis del instituto de la prisión preventiva, comentar sus distintos caracteres, tal como lo hace el Dr. Elio Eduardo Mari en su obra “La Investigación Penal Preparatoria”, citando a Eduardo Jauchen, puesto que ello nos llevará a comprender las distintas aristas que presenta esta medida de coerción. En sí, Jauchen5 enumera los siguientes caracteres: Excepcional, necesaria, racional, ordenado por autoridad competente, mediante orden escrita y sólo por plazo razonable.

Pasemos a analizarlos, el ser excepcional, implica que la utilización del instituto de la prisión preventiva, no está prevista de ninguna forma como la regla, lo que es un rasgo característico de nuestro sistema acusatorio que nos regula. Resulta lo más obvio en este punto acudir a lo dispuesto por los artículos 275, 276, sgtes. y cctes. del C.P.P.CH., pero este carácter tiene un origen superior, puesto que surge de la garantía del estado de inocencia del que goza todo imputado durante el proceso penal, hasta la sentencia condenatoria, que surge del art. 18 de nuestra Constitución Nacional. Asimismo, se encuentra expresamente plasmado en el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual goza de jerarquía constitucional, y reza “…La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general…”.

Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Nápoli”, al sostener que “…la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y que a su vez no debe constituir la regla general, como expresamente lo consagra el PIDCP, pues de lo contrario se estaría privando de la libertad a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, en violación del principio de inocencia…”.

Otro de los caracteres es que es necesario, lo cual significa que deberá decretarse la medida siempre que sea imprescindible para evitar que el imputado pueda evadir la justicia o entorpecer la investigación penal preparatoria, y cuando el peligro que se procura evitar puede asegurarse por otros medios menos gravosos, como lo sería la prestación de cauciones o condiciones, que tengan idoneidad cautelar suficiente, debe optarse por estos últimos, evitándose la privación de libertad. Así lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párr. 93 del fallo Chaparro Álvarez, al decir que “…no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: I)… II)… III) Que (las medidas) sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa para alcanzar el objetivo propuesto”.

Además debe ser racional, con ello se refiere a la proporcionalidad entre la gravedad de la sanción pronosticada y la medida cautelar que se implementa. En este sentido, resulta irracional aplicar encarcelamiento preventivo a una persona, antes del dictado de una sentencia, cuando esto pueda resultar más gravoso que la eventual e hipotética pena aplicable posteriormente.

Otra de las características es que debe ser ordenado por autoridad competente. Nuestro Código Procesal del Chaco es uno de los pocos a nivel nacional, que tienen como autoridad competente designada para el dictado de la prisión preventiva, al Fiscal de Investigaciones (aunque excepcionalmente lo puede hacer el Juez de Garantías, en casos de investigación jurisdiccional), conforme lo dispone el artículo 345 de dicho cuerpo normativo.

Así lo tiene dicho el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia en el Fallo Aznar, Nº 156/07, al sostener que “…el art. 18 de la Constitución Nacional establece que ningún habitante de la Nación puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, entendiéndose que ésta refiere a autoridad judicial competente, la que en el ámbito de nuestra provincia y conforme a una decisión política institucional autónoma legítimamente ejercida, incluye de manera explícita al Ministerio Público…”.

Es necesario tener en cuenta que se precisa de orden escrita. Esto surge de la exigencia constitucional del art. 18 de la Constitución Nacional, al hablar del arresto en términos generales, y del artículo 21 de la Constitución Provincial del Chaco, el cual se dirige en palabras similares, y fue plasmado en nuestro código de rito en el artículo 345 del C.P.P.CH. Más que un carácter del instituto, consideramos que se trata de uno de los requisitos de formalidad, que no hace a la esencia misma de la prisión preventiva, pero que resulta útil y pertinente resaltarlo, puesto que no es posible hablar de ella, si no es en virtud de una orden escrita. Por su parte, debe ser sólo por un plazo razonable, lo que se relaciona con el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. La medida de la que hablamos tiene la característica de ser temporal, que durará por un plazo que debe ser razonable, valorándose constantemente los elementos que se incorporan a la causa y puedan hacer variar la necesidad de mantener la medida.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que para establecer un “plazo razonable” es preciso atender a tres elementos: 1-La complejidad del asunto. 2- La actividad procesal del interesado. 3- La conducta de las autoridades judiciales, debiendo procederse a un análisis global del procedimiento. Este término surge del artículo 7 inciso 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que expresa “…Toda persona detenida o retenida... tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso…”. Nuestro ordenamiento procesal, tiene especificado un plazo al regular el Cese de Prisión Preventiva, en el artículo 291 inc. 3º. Este resulta fijado en dos años, que se contarán desde el inicio del encarcelamiento preventivo, y que sólo excepcionalmente podrá prorrogarse por un año más (remitiéndose al artículo 1º del C.P.P.), cuando se encuentre debidamente justificado por circunstancias de evidente complejidad y de difícil investigación objetivamente comprobables.



Procedencia

La procedencia del dictado de la prisión preventiva, surge directamente de lo dispuesto en el artículo 289 del C.P.P.CH., el que consideramos indispensable transcribir para su comprensión: “Siempre que existieren elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho investigado, después de recibida su declaración, bajo pena de nulidad, se dispondrá su prisión preventiva:1- Si se tratare de delitos de acción pública reprimidos con pena privativa de la libertad y no aparezca procedente, prima facie, la condena de ejecución condicional; o 2- Cuando procediendo la condena condicional, hubiere vehementes indicios de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer su investigación. La existencia de estos peligros se inferirá de alguna de las siguientes circunstancias: reiteración de actividad delictiva, falta de residencia, inexactitud del domicilio denunciado por el imputado, declaración de rebeldía en otro proceso penal, sometimiento a proceso anterior, haber obtenido cese de prisión preventiva anterior, o condena impuesta sin que haya transcurrido el término que establece el artículo 50 del Código Penal”.

Vemos que el primer requisito que se establece en el artículo para que proceda la medida, es la existencia de “elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible del imputado”. Esto requiere la realización de un verdadero juicio de probabilidad sobre la existencia del delito atribuido y que el imputado resulte partícipe. Alfredo Vélez Mariconde6 sostuvo que para que exista la probabilidad necesaria, los elementos afirmativos deben ser francamente superiores a los negativos, de modo que ya no basta la simple posibilidad de que concurran los extremos de la imputación. Resulta necesario que concurran elementos probatorios con una base cualitativamente superior a la exigida para la detención prevista en el artículo 279 del C.P.P.CH., que refiere a la existencia de “motivo bastante” para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un hecho punible.

Entonces, ya no basta con la sospecha que se exige para ordenar la detención, sino que se requiere un escalón más elevado en el grado cognoscitivo del órgano jurisdiccional respecto de la existencia del hecho y de la participación de quien se encuentra imputado7. En similar sentido se expresó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chaparro Álvarez, párr. 101, al sostener que “…para restringir el derecho a la libertad personal a través de medidas como la prisión preventiva deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga…”. Términos similares fueron utilizados en el fallo PalamaraIribarme, párr.. 198, diciendo que “…En ocasiones excepcionales, el Estado puede ordenar la prisión preventiva cuando se cumpla con los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, existan indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia…”.

Esta base probatoria, resultan una condición necesaria para el dictado de la prisión preventiva, pero no es suficiente, puesto que debe ir acompañada de un “peligro procesal”, los cuales se encuentran previstos en los incisos 1º y 2º del artículo en análisis.



No procedencia de la condena de ejecución condicional (Inc. 1º)

El 1º inciso del artículo 289 del C.P.P. autoriza el dictado de la prisión preventiva, cuando el hecho que se le atribuye al imputado, esté reprimido con pena privativa de libertad, y no aparezca prima facie procedente la condena condicional. Esto encuentra fundamento en el hecho de que al no existir una amenaza de sanción efectiva para el imputado, difícilmente éste tenga interés en obstaculizar los fines del proceso. Para determinar cuando no aparezca procedente la condena de ejecución condicional, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 26 del Código Penal, que determina esta posibilidad de dejar en suspenso la ejecución de la condena para los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años. Claro está que el artículo del ordenamiento sustantivo hace referencia a la pena en concreto, mientras que para utilizar esa fórmula en los supuestos en los que debemos resolver si procederá o no, la prisión preventiva, debemos estar a la pena en abstracto, por lo que consideraremos siempre que procede la condena de ejecución condicional en los delitos que prevean un mínimo que no supere los tres años de prisión.

El pronóstico de pena que se efectúa al imputado para la aplicación de la prisión preventiva en estos casos, es el fundamento para su dictado, puesto que se considera que al existir un serio riesgo de condena de cumplimiento efectivo, el encartado tratará de eludir el accionar de la justicia. Así lo tiene dicho nuestro Superior Tribunal de Justicia del Chaco en el fallo Ibañez (189/07), al sostener que “…La severidad de la pena aplicada aunque no se encuentre firme es un factor que motiva el encierro preventivo. Su fundamento no es el anticipo del cumplimiento de pena, sino la efectiva realización del proceso penal a través de la presunción basadas en la expectativa que ella pueda adquirir firmeza…”.

Términos similares son utilizados por el mismo tribunal en el fallo Galarza (100/08), al decir que “La seriedad de los delitos imputados y la eventual severidad de la pena son dos factores que fundamentan el encierro preventivo, no estableciendo las disposiciones procesales limitaciones de índole objetivas que priven de forma arbitraria la soltura del encausado. Su fundamento no es el anticipo de pena, sino la efectiva realización del proceso penal a través de presunciones basadas en la expectativa de pena aplicable…”. También, más cercano en el tiempo, en el fallo Cabrera (87/14) el Superior Tribunal de Justicia mencionado tiene dicho que “…la gravedad del pronóstico punitivo, como ocurre en autos, refuerza el interés social en la sustanciación del proceso que se pretende asegurar a través de la presencia del imputado, pues si éste se ausenta aquél no puede continuar… el respeto de la libertad individual no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad a adoptar todas las medidas de precaución que sean necesarias no sólo para asegurar el éxito de la investigación sino también para garantizar que no se siga delinquiendo, como así, la consideración de la gravedad de la pena amenazada y de su efectivo cumplimiento, la que también resulta una pauta objetiva para valorar la posibilidad de que el imputado se fugue…”.



Caso de concurso de delitos

Si bien en Código Procesal no aclara expresamente como se deben valorar los casos de concursos de delitos, implícitamente se entiende que se debe aplicar la misma fórmula junto con los montos de las penas a las que nos llevan los artículos 54 y/o 55 del Código Penal, referidos al concurso ideal y real. Es decir, se debe considerar la pena en abstracto de los delitos imputados, sumados dependiendo del tipo de concurso que tengamos. En el mismo fallo Cabrera, citado precedentemente, el Superior Tribunal de Justicia chaqueño dijo: “…el imputado registra cinco causas… lo que da una penalidad en abstracto de tres (3) años y seis (6) meses a veintidós (22) años y seis (6) meses de prisión, lo cual produce, en caso de recaer sentencia condenatoria, un pronóstico punitivo de condena efectiva, que el legislador presumió que conlleva a la peligrosidad procesal, con lo cual se verifica el presupuesto establecido por el inc. 1º del art. 280 del C.P.. Agrega que si bien se trata de una presunción iuris tamtun, para desactivarla deben presentarse condiciones distintas a las del común denominador de las personas imputadas por un delito…”.



Indicios de que tratará de eludir la justicia o entorpecer la investigación (Inc. 2º)

El segundo inciso del artículo 289 del C.P.P.CH. nos lleva a casos en los que aun cuando, en base a la calificación legal atribuida al imputado, se estimare procedente la condena de ejecución condicional, se puede dictar la prisión preventiva, presumiendo que el encartado entorpecerá la investigación o eludirá la acción de la justicia. El mismo código los llama “peligros”, y no son otra cosa que los doctrinariamente conocidos como peligros o riesgos procesales. Son pautas que tienen como característica fundamental, la de estar vinculadas a la personalidad del imputado, que se deduce del comportamiento que ha tenido antes del proceso y se toma como base para realizar un pronóstico sobre la actividad futura8.

Para ser aplicables, es requisito fundamental que generen la presunción fundada de que el imputado aprovechará su estado de libertad para “eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones”. No funcionan de manera automática, y deben estar debidamente fundados en las circunstancias personales del imputado, utilizándose de manera sumamente cuidadosa y razonable.

En el último párrafo del artículo en análisis, se encuentra una detallada numeración de las circunstancias que deben ser valoradas como peligros procesales, y son: la reiteración de actividad delictiva, autoría exclusiva de nuestro ordenamiento chaqueño, si bien no deja tan claro los casos que debemos valorar para considerar que hay “reiteración”, hace referencia a una actitud de menosprecio por los valores y el respeto a la ley por parte del imputado, los cuales obviamente deben ser cuidadosamente analizados, puesto que aquellos hechos que no tienen sentencia condenatoria firme, serán amparados por el principio de inocencia.

Además la falta de residencia o inexactitud del domicilio denunciado, pues con razón, que la dificultad que esto acarrea para ubicar al imputado, podría impedir el efectivo sometimiento del mismo a la realización del proceso, que requiere su intervención personal; a lo que debe sumarse la declaración de rebeldía en otro proceso penal, ya que claramente esto genera la presunción de que el imputado repetirá la actitud ya asumida con anterioridad en otro proceso. Si voluntariamente asumió una postura de rebeldía en otro proceso, se considera que podría volver a hacerlo, obstaculizando el proceso. Debe considerarse el sometimiento a proceso anterior; siendo muy cuidadoso al valorar este punto como un peligro procesal, puesto que debe siempre tenerse presente que el imputado es inocente hasta que una sentencia condenatoria demuestre lo contrario, y realmente un simple “sometimiento” a proceso anterior, en principio, no podría alterar tal estado de inocencia. En definitiva, a lo que el punto hace referencia, es al concurso que puede haber entre el o los delitos atribuidos anteriormente en otros procesos, con el nuevo con que se encuentra, lo que puede aumentar el interés del imputado en eludir la acción de la justicia por la mayor amenaza penal que pesa sobre él. Siguiendo esta idea, consideramos que habrá que tener en cuenta los montos de las penas en base al concurso con el que se encuentra.

En este análisis deberá haber obtenido cese de prisión preventiva anterior, siendo esta circunstancia útil para evaluar la personalidad del imputado, que podría demostrar su interés en eludir la justicia; por último, la condena impuesta sin que haya transcurrido el término que establece el artículo 50 del Código Penal, siendo el plazo de la pena de la cual desde su cumplimiento hubiera transcurrido un término igual a aquél por la que fuera impuesta, que nunca excederá de diez ni será inferior a cinco años.



¿Los incisos 1º y 2º deben concurrir alternativa o simultáneamente?

Un fuerte tema de debate en la provincia del Chaco es saber si en los casos que, por el monto de la pena del delito atribuido que no permita ver como procedente la condena de ejecución condicional, el dictado de la prisión preventiva procede de manera automática, o si bien hará falta, además, que contemos con alguno de los supuestos de peligro procesal que trae el inciso segundo. Al respecto, Cafferata Nores y Tarditti tienen dicho “…cuando no aparece procedente la condena condicional, la prisión preventiva no debe ser la consecuencia inexorable… Recurriendo a una interpretación sistemática que compatibilice todas las disposiciones en juego, resulta constitucionalmente intolerable que se disponga la prisión preventiva cuando manifiestamente no es indispensable, por lo cual, cuando esta situación concurre, debe mantenerse la libertad”9.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que lo manifestado anteriormente, está basado en el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, el cual fue la base del ordenamiento procesal del Chaco, que en innumerables artículos se limita a transcribir lo dispuesto por el Código Cordobés. No es tan así en el caso del art. referido a la prisión preventiva, puesto que si bien son casi idénticos, en la redacción del código Chaqueño, al final del inciso 1º, puede apreciarse la existencia de la letra “o”. Esta conjunción disyuntiva excluyente, la cual no se encuentra en el código cordobés, claramente hace suponer que con que concurra uno de los dos supuestos previstos, sería procedente el dictado de la prisión preventiva. Lo cual torna totalmente inapropiado ignorarla, o sostener que no tiene importancia, puesto que su presencia no es casualidad, el legislador decidió que esté allí, y no debe forzarse una interpretación distinta a la que sostenemos, puesto que como se dice, si el legislador hubiese querido decir otra cosa, la hubiese dicho.

Las debates que originó esta diferencia, fueron definitivamente superados por el conocido Fallo Ortiz (26/15) del Superior Tribunal de Justicia Chaqueño, en el que se sostuvo que “…si se presenta la opción prevista en el primera caso, es decir, que se trate de un delito para el cual no aparezca procedente la condena de ejecución condicional, la peligrosidad procesal es presumida por la ley y no cabe continuar con la otra instancia de análisis al efecto, en cambio, si nos encontramos frente a un delito cuya penalidad resulte factible de ser ejecutada en forma condicional, debe seguirse los lineamiento establecidos para el segundo supuesto y procederse al análisis sobre la existencia o no de la peligrosidad procesal que pueda representar el imputado, esto es, si tratar{a de eludir la acción de la justicia o de entorpecer la investigación, conforme a las pautas que señala la propia disposición en el párrafo de cierre…” continúa el fallo diciendo “…en el supuesto de encarcelamiento preventivo se ha presumido iuirs tantum la concurrencia de estos riesgos cuando prima facie mediare un pronóstico de pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo por el delito que se le sigue…”.



Plazos para el dictado de la prisión preventiva

El artículo 345 del C.P.P.CH. dispone que el Fiscal, por decreto fundado, con arreglo de los requisitos del artículo 290, dispondrá la prisión preventiva, cuando concurra alguna de las causales del artículo 289, en el término de diez días, a partir de la declaración de imputado. Cuando no hubiere mérito para dictarla, es en el mismo plazo en el que el Fiscal deberá ordenar la libertad, la que puede hacerse bajo caución. Este plazo de 10 días con el que cuenta el Fiscal de Investigaciones, inicia a partir del día hábil posterior de la recepción de la declaración de imputado, y no requiere que se agote el término, puesto que puede hacerlo en cualquiera de esos días, una vez que considere reunidos todos los elementos necesarios.

Consideramos que se trata de días hábiles, y no corridos, en virtud a lo normado por el art. 187, que reza que los términos se contarán en días hábiles, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario, lo cual no ocurre en el caso de la prisión preventiva. Asimismo, se considera aplicable lo dispuesto en el artículo 188 que contiene la prórroga especial conocida como “plazo de gracia”, por lo que también podría dictarse la prisión preventiva durante las dos primeras horas del día hábil siguiente.



Forma y contenido

Se encuentran previstas en el artículo 290 del C.P.P.CH., el cual dice: “La prisión preventiva deberá contener, bajo pena de nulidad, los datos personales del imputado o, si se ignoraren, los que sirvan para identificarlo; una sucinta enunciación de los hechos; los fundamentos de la decisión; a calificación legal del delito, con cita de las disposiciones aplicables, y la parte resolutiva. Cuando fuere dictada por el Juez de Garantía, la prisión preventiva será apelable por el Ministerio Público, el imputado y su defensor, sin efecto suspensivo”.

Podremos hacer una enumeración de los requisitos que contiene el artículo, de la siguiente manera: a) Los datos personales de los imputados, los cuales si son ignorados, se deberá exponer los que se tengan y sirvan para su identificación; b) Una sucinta enunciación de los hechos, la que deberá ser congruente con la declaración de imputado; c) Los fundamentos de la decisión. Debe enunciarse los fundamentos de hecho, sosteniendo por qué las pruebas de la causa llevan a considerar acreditados los hechos, como así también los fundamentos de derecho, donde se explica porque se consideran aplicables las normas citadas a las circunstancias de hecho invocadas. d) La calificación del delito, con cita de las disposiciones legales aplicables, de manera compatible con lo dispuesto en el punto anterior. e) La parte resolutiva, definiendo de forma clara la resolución. Resulta destacable que la falta de alguno de estos requisitos provocará la nulidad de la resolución toda, la cual consideramos, al afectar al imputado, se trata de una nulidad absoluta y puede ser dictada en cualquier etapa del proceso, aún de oficio. Respecto a los fundamentos, a lo ya dicho, consideramos destacable que además de lo que hace referencia al hecho y la participación del imputado, es trascendental en este acto fundamentar el porqué se considera aplicable el instituto de la prisión preventiva, especificando los peligros procesales que existen.



Cese de prisión preventiva

La prisión preventiva es una medida provisoria, con la característica de ser temporal, que se sostiene durante un plazo razonable. Entonces, deben preverse los supuestos en los que esta medida debe cesar, los cuales se encuentran regulados en nuestro Código Procesal Penal chaqueño en el artículo 291, el cual desmenuzaremos para su análisis, puesto que contiene tres supuestos diferentes.



Desaparición de los motivos exigidos por el art. 289

Dispone el artículo 291 del C.P.P.: “Se dispondrá fundadamente la cesación de la prisión preventiva, de oficio o a pedido del imputado, ordenándose la inmediata libertad de este sí: 1) Nuevos elementos de juicio demostraren que no concurren los motivos exigidos por el artículo 289”. En este supuesto, si bien los requisitos que contiene el artículo 289 se dieron por satisfechos al momento del dictado de la medida, posteriormente, el devenir del trámite procesal, hizo surgir nuevos elementos que impiden sostener un juicio de probabilidad sobre la participación punible del imputado, o que generan un cambio de calificación legal, o permiten un pronóstico positivo sobre la condicionalidad de la futura condena, o bien variaron las circunstancias que hacían suponer la existencia de peligros procesales.

En definitiva, los motivos que provocaron el dictado de la prisión preventiva, son desmoronados por nuevos elementos que demuestran exactamente lo contrario a lo que en su momento se sostuvo, tornando irracional el mantenimiento de la medida de coerción sobre el imputado. Habrá que atender los motivos exactos por los que se dictó la prisión preventiva, y ver en cada caso, si los mismos se continúan sosteniendo, o si por el contario, ya carecen de sustento. En cualquier supuesto del artículo 291, se puede ordenar el cese de la prisión preventiva, aún de oficio, pero si lo solicita el imputado, en caso de no hacerse lugar a la petición, deberán hacerse expresos los motivos y fundamentos por los cuales se decide mantener la privación de libertad.

Así lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Bayarri, Párr. 74, donde se dijo que “…La prisión preventiva no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron la adopción de la medida cautelar. El Tribunal ha observado que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción del libertad”.



Proporcionalidad del encarcelamiento con la hipotética pena

Sostiene el inciso segundo del artículo en análisis: “2) Estimare prima facie que al imputado no se lo privara de su libertad, en caso de condena, por un tiempo mayor al de la prisión sufrida, aún por aplicación del artículo 13 del Código Penal.”. Este inciso evita que la medida cautelar que se aplica sea más gravosa que la propia amenaza penal, y se fundamenta en el principio de proporcionalidad, vedando que la medida tenga una duración en el tiempo, mayor al de la hipotética pena, lo cual resulta ser una simple aplicación de la lógica. Al hacerse referencia a la aplicación del artículo 13 del Código Penal, el cual regula la libertad condicional, se aclara algo que ya se encuentra contenido en el artículo 11 de la Ley Nº 24.660, que establece que los beneficios que esta norma contiene son aplicables a los procesados, a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resultan más favorables y útiles para resguardar su personalidad. Entonces, no sólo se deberá tener en cuenta para una posible cesación de la prisión preventiva la libertad condicional, sino que también deberá considerarse la posible aplicación de la libertad asistida y las alternativas para situaciones especiales, como la prisión discontinua y la semidetención.

En estos casos, siguiendo a los autores José Cafferata Nores y Aida Tarditti10, deberá hacerse un doble juicio de valor, por un lado deberá procurar establecerse el monto de la posible sanción a aplicar al imputado, no en abstracto, sino ya en concreto, conforme a todas las circunstancias particulares y con arreglo a lo dispuesto por los arts. 40 y 41 C.P., como si se lo estuviese juzgando en ese momento, con los elementos que se cuenten, y por otro lado, deberá calcularse el tiempo de prisión efectiva de libertad que sufriría el procesado según el monto estimativo de la probable condena, teniendo en cuenta que no siempre éste y aquél serán iguales. Éste lapso de tiempo normalmente será menor, cuando resulte beneficiado por algún beneficio de la ley 24.660, pero también puede ser mayor, cuando por gozar de libertad condicional en una causa anterior, deba unificarse la pena que en la última condena se le imponga, con la recaída en la primera. Para saber si resulta de aplicación la libertad condicional o asistida, deberán requerirse los informes pertinentes al respectivo órgano técnico-criminológico que se encuentre a cargo.



Vencimiento de la duración máxima de la prisión preventiva

El tercer inciso del artículo en análisis establece que deberá ordenarse la inmediata libertad del imputado y el cese de la prisión preventiva si: “3) Su duración excediere de dos años. Este plazo podrá prorrogarse conforme lo establecido en el artículo 1º debiendo fundamentarse en las causas allí establecidas. La prórroga deberá solicitarse ante la Cámara en lo Criminal que corresponda, con los fundamentos que la justifiquen. Si la Cámara entendiere que la misma está justificada, autorizará el pedido y devolverá los autos al remitente. Si la Cámara entendiere que el pedido de extensión excepcional del plazo no obedeciere a razones vinculadas con la complejidad de la causa o de difícil investigación, se ordenará por quien corresponda el cese de la prisión al cumplirse los dos años, sin perjuicio de las responsabilidades por la demora que pudieren corresponder a los funcionarios públicos intervinientes, la que será controlada por el Superior Tribunal de Justicia o por el Procurador General o su adjunto. También podrá ordenar el cese de la intervención del Juez, o representante del Ministerio Público y dispondrá del modo en que se producirá el reemplazo de aquéllos. En todos los casos la Cámara en lo Criminal deberá resolver en un plazo de cinco días, contados desde la recepción de la causa y notificar a todas las partes involucradas en la causa y contra la resolución que lo acuerde o deniegue, se podrá interponer recurso de casación.

Cuando sea dictado por el Juez, el auto que conceda o deniegue la libertad, será apelable por el Ministerio Público o el imputo, sin efecto suspensivo”.

Ya hemos dicho, al ver los caracteres de la prisión preventiva, que se trata de una medida racional, y que debe ser impuesta sólo por un plazo razonable. El inciso 3º del artículo 291 nos establece de manera expresa ese “plazo razonable”, con el que cuentan los órganos titulares del poder punitivo para privar a una persona de su libertad, sin que se encuentre condenado. Se presume que dos años de investigación es suficiente para que el Estado, a través del Poder Judicial, realice todas las averiguaciones y todos los actos que se requieran para llegar al dictado de la sentencia definitiva, por lo que la situación de privación de libertad del imputado no podrá entonces exceder ese término.

Es importante destacar que tanto este artículo, como el artículo 1º del C.P.P.CH. al cual remite, fueron modificados por la Ley de Objeto Cumplido, Nº 7304, dándose ahora la posibilidad de prorrogar la prisión preventiva por un año más, luego de vencido el término máximo de dos años que se encuentra estipulado. Se podrá solicitar una prórroga para la medida de coerción personal, siempre y cuando se den las condiciones de complejidad de la causa, o que la misma sea de difícil investigación. Como indicadores objetivos de esto, se encuentran el volumen de las actuaciones, la multiplicidad de hechos, la cantidad de imputados y las acumulaciones producidas, la dificultad de la causa evidenciada en la diversidad de jurisdicciones intervinientes en su investigación, la multiplicidad de medidas probatorias, etc. La prórroga se solicitará fundadamente a la Cámara en lo Criminal que corresponda, que deberá resolver en un plazo de cinco días de la recepción de la causa. Su resolución es susceptible de ser recurrida mediante el recurso de casación.

   

Revocación del cese de prisión preventiva

El artículo 292 del C.P.P. chaqueño establece: “La cesación de la prisión preventiva será revocable cuando el imputado no cumpla las obligaciones impuestas por el artículo 275, realice preparativos de fuga, o nuevas circunstancias exijan su detención. En los mismos casos procederá la revocación de la libertad recuperada con arreglo al artículo 287, si concurrieran los extremos previstos en cualquiera de las hipótesis del artículo 289”.   

Este artículo contiene tres supuestos en los que el imputado que recupera su libertad mediante el cese de prisión preventiva, puede volver a su estado de privación de libertad, y una última circunstancia que se aplicará luego del recupero de libertad, ellas son:

a) No cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 275: Se requiere en este caso, que las obligaciones genéricas que contiene el artículo 275 (prestar caución, fijar y mantener un domicilio, permanecer a disposición del órgano judicial y abstenerse de realizar actos que obstaculicen la investigación), hayan sido efectivamente impuestas, y que su violación sea deliberada, de forma voluntaria, que evidencia una conducta procesal negativa por parte del imputado. A las obligaciones genéricas mencionadas, se suman las que contiene el último párrafo del art. 275, como la obligación de no ausentarse de la ciudad, no concurrir a determinados sitios, no portar armas, etc.

b) Realización de actos preparativos de fuga: No se requiere la efectiva fuga, sino que basta con su preparación. En definitiva es un supuesto que podría verse subsumido en el anterior, al hablarse de “abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley”.

c) Nuevas circunstancias exigen su detención: Este supuesto incluye varias circunstancias que pueden darse, como ser la imputación de otro delito, que se modifique el pronóstico de condicionalidad de la condena, cambio de calificación legal, etc. De esta forma, el artículo habilita un abanico de posibilidades que de otra forma no podrían aplicarse, al no estar previstas.

d) Concurrieren los extremos previstos en cualquiera de las hipótesis del artículo 289: Este supuesto es para los casos en los que se otorgó el recupero de la libertad conforme a lo previsto en el artículo 287, y establece que los supuestos enumerados anteriormente, también regirán a la hora de revocarse la libertad y ordenarse la prisión preventiva por primera vez.



Tratamiento de presos

Por último, consideramos adecuado tratar aquí lo que dispone el artículo 293 del cuerpo normativo en comentario, el cual dice que: “Salvo lo previsto por el artículo siguiente, los que fueren sometidos a prisión preventiva, serán alojados en establecimientos diferentes a los penados; se dispondrá su separación por razones de sexo, edad, educación, antecedentes y naturaleza del delito que se les impute; podrán procurarse a sus expensas las comodidades que no afecten al régimen carcelario; recibir visitas en las condiciones que establezca el reglamento respectivo y usar los medios de correspondencia o comunicación, salvo las restricciones impuestas por la ley”. Este artículo, fruto de lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Nacional, y del estado de inocencia de los procesados, establece que la prisión preventiva será cumplida en establecimientos diferentes a los penados.

La realidad de la provincia del Chaco es muy diferente, y debido a la superpoblación carcelaria, y al bajo presupuesto destinado, nos solemos encontrar con que tanto procesados como condenados se encuentran en igualdad de condiciones, alojados en los mismos lugares. En definitiva, y sin ahondar demasiado en el tema, que excede los objetivos del presente trabajo, sabemos que deberá continuarse trabajando en cuestiones penitenciarias, destinándose mayores esfuerzos, en búsqueda de un sistema más adecuado y acorde a las exigencias constitucionales para la detención de personas no condenadas, puesto que por lo pronto, tales condiciones no son las indicadas.



Notas

1 Abogado.

2 Maier, Julio B.J. - Derecho Procesal Penal: Parte General: Actos Procesales. Pág. 415.

3 Eduardo Jauchen - Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo II.

4 José I. Cafferata Nores; Aída Tarditti, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, Comentado, Tomo I. Pág. 670.

5 Eduardo Jauchen - Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo II.

6 Alfredo VelezMariconde - Derecho Procesal Penal. Tomo I, Pág. 437/439.

7 Eduardo Jauchen - Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo II.

8 José I. Cafferata Nores - Aída Tarditti. Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Comentado. Tomo I.

9 Cafferata Nores, José I., Aida Tarditti - Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Comentado. Tomo I. Págs. 672/673.

10 José Cafferata Nores - Aida Tarditti. Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Comentado. Tomo I. Pág. 682.

Archivo
Página  Comienzo Anterior Siguiente Ultima  de 51
Registros 18 a 18 de 51

© 2002 - 2021 - Actualidad Jurídica - Ituzaingó 270 piso 7 - Espacio "Garden Coworking" - Córdoba, Argentina - Data Fiscal