Usuario Clave
 
Doctrina

Volver al Listado 

Código Unívoco
1220
Revista
Familia & Niñez
Número
184
Título
Identidad de género: normativa nacional y estándares internacionales
Autor
María José Chiacchiera Castro
Texto

Sumario: I. Introducción. II. La opinión consultiva OC-24/17 sobre Identidad de Género, e Igualdad y No Discriminación a Parejas del Mismo Sexo. III. Consideraciones Generales. IV. La normativa argentina frente a los estándares internacionales de la Corte IDH. V. Reflexiones finales.



I. Introducción

Conforme a lo dispuesto por el art. 64 de la Convención Americana cualquier Estado miembro u órgano de los expresamente enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, puede consultar a la Corte IDH sobre la interpretación de la Convención o de algún otro tratado relativo a la protección de los derechos humanos. Asimismo, la referida normativa habilita a esta última a opinar -en caso de serle requerido por un Estado miembro- respecto de la compatibilidad de los referidos instrumentos internacionales con alguna de sus leyes internas. Esta función consultiva, al decir de la Corte, busca “no sólo desentrañar el sentido, propósito y razón de las normas internacionales sobre derecho humanos, sino, sobre todo, coadyuvar a los Estados Miembros y a los órganos de la OEA para que cumplan de manera cabal y efectiva sus obligaciones internacionales en la materia y definan y desarrollen políticas públicas en derecho humanos”1.

Si bien estas opiniones no son vinculantes ni se refieren a un caso concreto, contribuyen a los órganos -en lo que hace a su competencia- y a los Estados, a prevenir y anticipar posibles reclamos y condenas frente a un actuar contrario a tales lineamientos o estándares internacionales.

El presente trabajo tiene como finalidad analizar si la ley nacional 26.743 de Identidad de Género y las normas dictadas en su consecuencia, al regular el procedimiento para el cambio de nombre, adecuación de la imagen y rectificación de la referencia al sexo o género en los registros y en los DNI para que sean acordes con la identidad de género auto-percibida, cumplen con los estándares internacionales señalados recientemente por el Tribunal Internacional en la opinión consultiva referida a la Identidad de Género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, dictada con fecha 24 de noviembre de 2017 con motivo de la solicitud efectuada por la República de Costa Rica.



II. La opinión consultiva OC-24/17 sobre Identidad de Género, e Igualdad y No Discriminación a Parejas del Mismo Sexo

El 18 de mayo de 2016, la República de Costa Rica presentó por ante la Corte IDH una solicitud de opinión consultiva a fin de que dicho organismo se pronuncie respecto de las siguientes preguntas específicas:

1. “Tomando en cuenta que la identidad de género es una categoría protegida por los arts. 1 y 24 de la CADH, además de lo establecido en los numerales 11.2 y 18 de la Convención ¿contempla esa protección y la CADH que el Estado deba reconocer y facilitar el cambio de nombre de las personas, de acuerdo con la identidad de género de cada una?”2;

2. “En caso que la respuesta a la anterior consulta fuera afirmativa, ¿se podría considerar contrario a la CADH que la persona interesada en modificar su nombre de pila solamente pueda acudir a un proceso jurisdiccional sin que exista un procedimiento para ello en vía administrativa?”;

3. “¿Podría entenderse que el artículo 54 del Código Civil de Costa Rica, debe ser interpretado, de acuerdo con la CADH, en el sentido de que las personas que deseen cambiar su nombre de pila a partir de su identidad de género no están obligadas a someterse al proceso jurisdiccional allí contemplado, sino que el Estado debe proveerles un trámite administrativo gratuito, rápido y accesible para ejercer ese derecho humano?”;

4. “Tomando en cuenta que la no discriminación por motivos de orientación sexual es una categoría protegida por los arts. 1 y 24 de la CADH, además de lo establecido en el numeral 11.2 de la Convención ¿contempla esa protección y la CADH que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo?”, y

5. “En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿es necesaria la existencia de una figura jurídica que regule los vínculos entre personas del mismo sexo, para que el Estado reconozca todos los derecho patrimoniales que se derivan de esta relación?”.

De su lectura se desprende, tal como lo sostuvo la Corte, que las cinco preguntas que se le requirió contestar pueden ser agrupadas en torno dos temas relacionados a los derechos de las personas LGBTI3. Esto es, por un lado, el reconocimiento del derecho a la identidad de género y en particular sobre los procedimientos para tramitar las solicitudes de cambio de nombre en razón de ella; y, por el otro, a los derechos patrimoniales de las parejas constituidas por personas del mismo sexo. Tal como se adelantara, el presente trabajo sólo centrará su análisis en el primero de ellos, en especial, en lo referido a los procedimientos para tramitar las solicitudes de cambio de nombre en razón de la identidad de género, puesto que la normativa objeto de examen reconoce expresamente el derecho a la identidad de género (arts. 1 y 2)4 y el examen en esta oportunidad del último de los temas cuestionados conllevaría a extenderse más allá de los requerimientos exigidos.

Tras corroborar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad formal y material de la solicitud y considerarse competente para pronunciarse sobre las preguntas planteadas, la Corte con fecha 24 de noviembre de 2017 opinó:



a) En respuesta a la protección que brindan los artículos 11.2, 18 y 24 en relación con el art. 1.1. de la Convención al reconocimiento de la identidad de género (primera pregunta específica) que:

“El cambio de nombre, la adecuación de la imagen, así como la rectificación a la mención del sexo o género, en los registros y en los documentos de identidad, para que estos sean acordes a la identidad de género auto-percibida, es un derecho protegido por el art. 18 (derecho al nombre) pero también por los artículos 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), 7.1 (derecho a la libertad), 11.2 (derecho a la vida privada) de la Convención Americana. Como consecuencia de lo anterior, de conformidad con la obligación de respetar y garantizar los derechos sin discriminación (artículos 1.1. y 24 de la Convención), y con el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención), los Estados están en la obligación de reconocer, regular, y establecer los procedimientos adecuados para tales fines”5.



b) En respuesta a qué naturaleza deberían tener los procesos destinados al cambio de nombre (segunda pregunta específica) dijo que:

“Los Estados cuentan con la posibilidad de establecer y decidir sobre el procedimiento más adecuado de conformidad con las características propias de cada contexto y de su derecho interno, los trámites o procedimientos para el cambio de nombre, adecuación de la imagen y rectificación de la referencia al sexo o género, en los registros y en los documentos de identidad para que sean acordes con la identidad de género auto-percibida, independientemente de su naturaleza jurisdiccional o materialmente administrativa (…), deben cumplir con los requisitos señalados en esta opinión, a saber: a) deben estar enfocados a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida; b) deben estar basados únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes; c) deben ser confidenciales. Además, los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros, y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de conformidad con la identidad de género; d) deben ser expeditos, y en la medida de lo posible, deben tender a la gratuidad, y e) no deben exigir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales. Dado que la Corte nota que los trámites de naturaleza materialmente administrativos o notariales son los que mejor se ajustan y adecúan a estos requisitos, los Estados pueden proveer paralelamente una vía administrativa que posibilite la elección de la persona”.



III. Consideraciones generales

Frente a estos lineamientos cabe entonces preguntarse si la ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada por Argentina el 9 de mayo de 2012 (más de cinco años antes del dictado de la opinión consultiva a la que se hizo referencia supra), como así también las normas dictadas en su consecuencia, al regular el procedimiento para el cambio de nombre, adecuación de la imagen y rectificación de la referencia al sexo o género en los registros y en los DNI para que sean acordes con la identidad de género auto-percibida, cumplen con los estándares internacionales señalados recientemente por el Tribunal Internacional.

Es dable aclarar, que la ley 26.743 no contempló en su texto original el supuesto de las personas extranjeras que soliciten o cuenten con residencia legal en la en la República Argentina cuyas partidas de nacimiento, al no constar en el Registro Civil Nacional, resultan de imposible rectificación en cuanto a su contenido. Sin embargo, y con fundamento en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales ratificados en la materia, a través del dictado del Decreto Reglamentario Nro. 1007/2012 se les reconoce a dicho grupo su derecho a la identidad de género en aquellos documentos expedidos por el Estado Nacional y que respondan a su calidad de inmigrantes. En dicha norma se distingue entre quienes hayan obtenido la rectificación del sexo en sus respectivos países de origen y quienes no han obtenido tal reconocimiento, regulando todo un procedimiento para ello (art. 9). Asimismo, con el dictado de la Resolución Conjunta 1/2012 y 2/2012 de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, se regula el procedimiento a seguir a los fines del reconocimiento de la identidad de género por parte de las personas apátridas o refugiadas (arts. 7, 8 y anexos). Mientras que por Resolución 493/2013 de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas se determina el procedimiento a seguir por los ciudadanos nacidos en el exterior que hayan optado por la nacionalidad argentina u obtenido su carta de ciudadanía y que soliciten en reconocimiento de su identidad de género (arts. 1 y 2).



IV. La normativa argentina frente a los estándares internacionales de la Corte IDH

A continuación se efectuará un análisis comparativo entre cada uno de los lineamientos establecidos por la Corte en la materia y su recepción en la normativa nacional.

 

a) Primer lineamiento

De manera preliminar, la Corte opina que los procedimientos tendientes a la adecuación de los datos de identidad de conformidad con la identidad de género auto-percibida deben cumplir “ciertas características mínimas” a fin de obtener una protección efectiva de tal derecho y de evitar que a través de ellos se violen derechos de terceras personas menoscabando así el principio de seguridad jurídica implícito en todos los artículos de la Convención.

A nivel nacional se advierte que, en pos de garantizar la seguridad jurídica y los derechos de terceras personas, la ley 26.743 dispuso que por sobre el nombre de pila o apariencia morfológica de la persona siempre será relevante su número de DNI y que pese a que los efectos de las rectificaciones realizadas serán oponibles a terceros desde su inscripción en los registros, ellas no alteran la titularidad de los derechos y obligaciones que correspondan a la persona con anterioridad, ni a las que provengan de las relaciones del derecho de familia manteniéndose éstas inmodificables en todos sus órdenes y grados, incluso la adopción (art. 7). Asimismo, dispone que el Registro Nacional de Personas deberá comunicar los cambios de DNI a aquellos organismos que puedan tener información sobre medidas precautorias existentes a nombre de los interesados (art. 10).



b) Segundo lineamiento

Seguidamente, la Corte IDH indica que los procedimientos “deben estar enfocados a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida”. Arguye que aquellos deberían permitir cambiar la inscripción del nombre de pila, adecuar la imagen fotográfica y rectificar el registro de género o sexo en los documentos de identidad como en todos aquellos registros relevantes para que la persona sea capaz de ejercer sus derechos subjetivos. Recuerda que las imágenes o fotografías personales están incluidas dentro del ámbito de protección de la vida privada y que la fotografía es una forma de expresión protegida por el art. 13 de la Convención6. Por último, opina que los Estados deben asegurar que las modificaciones de los datos de la persona que se perfeccionen ante los registros civiles sean actualizadas en los demás documentos e instituciones sin que se requiera su intervención evitando así someterla a cargas irrazonables.

Al respecto se observa que la ley 26.743 no limita al nombre de pila los cambios en los datos de la identidad sino que los extiende al posibilitar la rectificación de la imagen y del sexo (art. 3). Asimismo, dispone la obligación por parte del Registro Nacional de las Personas de informar el cambio de DNI al Registro Nacional de Reincidencia, a la Secretaría del Registro Electoral que corresponda y a los organismos que por reglamento se determinen. Con la aclaración -que ya se adelantara- de incluir a organismos que puedan tener información sobre medidas precautorias a nombre del interesado (art. 10). El Decreto Reglamentario 1007/2012 amplia la notificación de las modificaciones registrales a otros organismos, tales como: a la Inspección General de Justicia, al Banco Central de la República Argentina y -por vía reglamentaria- a cualquier otro que demuestre interés público dentro del marco de confidencialidad y debido resguardo de los datos personales de la ley N° 25.3267; como así también, a los organismos y registros públicos provinciales que determine cada reglamentación local a través de las Direcciones Generales, Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas (art. 11). Sin embargo, dispone en cabeza del interesado la carga de tramitar las rectificaciones que para su beneficio fueran necesarias realizar frente a entidades públicas o privadas (por ej.: títulos de estudio, cuentas bancarias, historias clínicas, etc.). Por su parte, la Resolución Conjunta 1/2012 y 2/2012 dispone que finalizado cualquier trámite de residencia o rectificación de residencia en el que se registre una identidad distinta en cuanto el género que figura en la documentación del país se origen se cursen notas al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a Interpol y al consulado del país de origen del extranjero (art. 3). Por último, el art. 2 de la Resolución 493/2013 dispone que debe notificarse la modificación al Juez Federal que hubiera otorgado la carta de ciudadanía.



c) Tercer lineamiento

El Alto Tribunal sostiene que los procedimientos “deben estar basados únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como las certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes”. Entiende que dichos certificados, además de resultar invasivos parten del supuesto de que tener una identidad contraria al sexo que fue asignado al nacer constituye una patología. Tampoco considera razonable (de acuerdo a los principios de igualdad y no discriminación) someter a las personas transgénero8 a obstáculos que las cisgénero9 no deben enfrentar y aclara que si bien requerir certificados de buena conducta o policiales puede buscar una finalidad legítima (evitar eludir la acción de la justicia) resulta una restricción desproporcionada al trasladar al solicitante la obligación del Estado de armonizar sus registros. Por último, asevera que peticionar en el marco de dichos procedimientos el cumplimento de requisitos desvirtúa su naturaleza meramente declarativa.

Sobre este punto la ley de Identidad de Género Nacional, en su redacción original y en consonancia con los principios de Yogyakarta10, dispone la innecesaridad de acreditar la intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, la realización de terapias hormonales o de tratamientos psicológicos o médicos (art. 4, última parte) y no requiere que se acompañen certificados de buena conducta ni policiales.



d) Cuarto lineamiento

La Corte IDH entiende que los procedimientos “deben ser confidenciales” y que “los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de la identidad de género”. Opina que la publicidad no deseada sobre un cambio de identidad de género, consumado o en trámite, coloca a la persona en un estado de mayor vulnerabilidad y puede obstaculizar aún más el ejercicio de otros derechos humanos. Aclara que los procedimientos y rectificaciones no deben ser de acceso público ni figurar en el documento de identidad, lo que no significa que esa información no pueda ser accesible “en caso de que la persona sea requerida por las autoridades competentes de conformidad con lo establecido por el derecho interno de cada Estado”. Finalmente, el Tribunal aclara que el carácter reservado es armónico con lo dispuesto por principio 6° de Yogyakarta11.

La normativa nacional cumplimenta este lineamiento a través de varias disposiciones. Así se observa que la ley 26.743 en su art. 9 establece que sólo por orden judicial por escrito y fundada o con autorización del titular se tendrá acceso al acta de nacimiento originaria. Tampoco posibilita la publicidad de la rectificación registral del sexo y cambio de nombre de pila sin la autorización del titular de los datos. A su vez, en su art. 6, prohíbe hacer referencia de la ley tanto en la partida de nacimiento rectificada como en el nuevo DNI que se expida. Por su parte, el Decreto reglamentario 1007/2012 dispone que en la nueva partida no se podrá hacer mención a la ley de identidad de género ni a normas locales que permitan inferir el cambio de género (art. 4) y que la confidencialidad de las partidas prevista en el art. 9 de la ley 26.743 se extiende a los legajos de identificación en el Registro Nacional de las Personas (art. 10). La Resolución Conjunta 1/2012 y 2/2012 resuelve disponer que los asientos en el Registro Nacional de Aptitud Migratoria serán de carácter confidencial (art. 2) y la Resolución 331/201312 dispone que quienes intervengan en los procedimientos deberán observar las obligaciones de confidencialidad previstas por la ley 25.326 (Ley de Protección de datos personales) “para el tratamiento de datos sensibles como la identidad de género auto-percibida” (art. 5).



e) Quinto lineamiento

La Corte IDH entiende que los procedimientos “deben ser expeditos, y en la medida de lo posible, deben tender a la gratuidad”. Alega que esta última se relaciona con la necesidad de reducir obstáculos y de no crear diferencias de trato con respecto a las personas cisgénero que no necesitan recurrir a estos procedimientos ni incurrir en erogaciones pecuniarias.

En lo referido al cumplimiento de este último lineamiento podemos advertir que la ley 26.743 garantiza la gratuidad de los trámites de rectificación (art. 6) y que para ellos no es necesaria la intervención de gestor o de abogado. Por su parte, la Resolución conjunta 1/2012 y 2/20012 en su Anexo I, punto 2, señala que están exentos del pago de tasas tanto la rectificación como la expedición del nuevo DNI, con la salvedad de que ello no será aplicable en caso de extravío del ejemplar anterior; mientras que la Resolución 137/201613 en su art. 2 resuelve incorporar a su Anexo I, en el ítem 23 referido a las Exenciones, a “las personas que soliciten el trámite de rectificación registral y consecuente expedición del Documento Nacional de Identidad, de conformidad con lo dispuesto por la ley N° 26.743”.

Por otro lado y ya en orden a la celeridad del trámite, la ley 26.743 dispone el cumplimiento por parte del peticionante de mínimos requisitos, a saber: 1) acreditar la edad mínima de 18 años, 2) presentar por ante el Registro Nacional de las Personas o sus oficinas una solicitud en la que deberá manifestar encontrarse amparado por la ley de Identidad de Género y peticionar la rectificación de la partida de nacimiento y la expedición del nuevo DNI conservando su número original y 3) expresar en nuevo nombre de pila con el que solicita inscribirse (art. 4). Al reglamentarla, el Decreto 1007/2012 añade como requisitos ineludibles; 1) la existencia previa de la inscripción que se pretende rectificar, 2) la presentación del DNI y 3) la constancia de la inscripción en los términos del artículo 23 de la Ley Nº 26.41314. Cumplidas estas exigencias el oficial público notificará de oficio la rectificación del sexo y el cambio de nombre de pila al Registro Civil donde fue asentada el Acta de Nacimiento para que (previa inmovilización de la original - art. 4 del Decreto 1007/2012) emita una nueva ajustada a los cambios. Por último se expedirá el nuevo DNI (art. 6 ley 26.743 y arts. 6,7 y 8 Decreto 1007/2012).

De igual manera, el Decreto Reglamentario 1007/2012 como la Resolución Conjunta 1/2012 y 2/2012 y la Resolución 493/2013 al regular los procedimientos a los fines del reconocimiento de la identidad de género auto-percibida por parte de los ciudadanos extranjeros (con residencia legal, apátridas, refugiados o los que hayan optado por la nacionalidad argentina u obtenido carta de ciudadanía) exigen el cumplimiento de mínimos requisitos por parte de los interesados y disponen de un trámite tendiente a reducir la mayor cantidad de obstáculos dada su situación especial.

Así vemos que, en el caso de extranjeros con residencia legal en la argentina que cuenten con la rectificación del sexo o nombre según la legislación de sus respectivos países de origen, solo deberán presentar su documento, la partida de nacimiento, pasaporte, sentencia u otra documentación donde conste tal modificación para proceder a la rectificación del sexo consignado en la residencia, en el documento nacional para extranjeros emitido por el Estado Argentino y toda otra documentación que se le expida. En cambio, aquellos extranjeros que no cuenten con dicha rectificación en su país de origen y que soliciten el reconocimiento de su identidad auto-percibida deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 1) tener residencia legal permanente, 2) DNI para extranjeros y 3) explicar en la solicitud los motivos por los cuales no resulta posible la rectificación en su país de origen. Cabe aclarar que la documentación emitida solo será válida en la República Argentina (art. 9 Decreto Reglamentario 1007/2012).

En el caso de los extranjeros con calidad de refugiados a los fines del reconocimiento de su identidad de género auto-percibida deberán observar las formalidades requeridas por el Decreto N° 1007/2012, mientras que los casos de apatridia se deberá previamente determinar si corresponde acordar la nacionalidad argentina o una residencia y en tal caso se aplicarán las normas generales para nacionales o extranjeros residentes según corresponda (art. 7 y 8 Resolución Conjunta 1/2012 y 2/2012).

Aquellos ciudadanos nacidos en el exterior pero que hayan optado por la nacionalidad argentina u obtenido carta de ciudadanía, en cambio, deberán observar los siguientes requisitos: 1) DNI Argentino y 2) presentar un formulario de rectificación por ante el Registro Nacional de las Personas (Resolución 493/2013, art. 1).

Un punto aparte merece la regulación respecto de los procedimientos de cambio de nombre, adecuación de la imagen y rectificación del sexo género, en los registros y en los documentos de identidad de los NNA15. Al respecto la Corte IDH expresa que estos últimos son titulares de todos los derechos reconocidos en la Convención además de contar con las medidas de protección contempladas en el art. 19 de dicho cuerpo legal16. Así el Tribunal afirma que el derecho de los niños y niñas a presentar solicitudes a los fines de que se les reconozca en los documentos y los registros su identidad de género auto-percibida “debe ser entendido conforme a las medidas de protección especial que se dispongan a nivel interno de conformidad con el artículo 19 de la Convención, las que deben diseñarse necesariamente en concordancia con los principios de interés superior del niño y de la niña, el de la autonomía progresiva, a ser escuchado y a que se tome en cuenta su opinión en todo procedimiento que lo afecte, de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo así como al principio de no discriminación”.

En tal sentido, la ley 26.743 al regular el procedimiento de rectificación registral del cambio de nombre de pila, imagen y sexo de niños y niñas establece que: 1) la solicitud del trámite deberá ser efectuada a través de sus representantes legales, 2) el NNA debe prestar su expresa conformidad, de acuerdo a los principios de capacidad progresiva e interés superior (Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.06117 y deberá contar con abogado del niño (art. 27, ley 26.601). En caso de que sea imposible o se niegue a obtener el consentimiento de alguno de los representantes legales la ley dispone que el Juez podrá resolver por la vía sumarísima.



f) Sexto lineamiento

A continuación, la Corte IDH opina que dichos procedimientos “no deben exigir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales”. Ello pues -sostiene- resultaría contrario al derecho a la integridad personal contenido en el art. 5.1 y 5.2 de la Convención Americana18; una vulneración al principio de igualdad y no discriminación contenido en los arts. 24 y 1.1, puesto que las personas cisgénero no tienen la necesidad de someterse a estos obstáculos y contrario al Principio N° 3 de Yogyakarta.

Tal como se adelantara la ley de Identidad de Genero Argentina afirma la innecesaridad de acreditar la intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, la realización de terapias hormonales o tratamientos psicológicos o médicos (art. 4, última parte).



g) Séptimo lineamiento

Por último, en orden a la naturaleza del procedimiento el Tribunal concluye que “dado que la Corte nota que los trámites de naturaleza materialmente administrativos o notariales son los que mejor se ajustan y adecúan a estos requisitos, los Estados pueden proveer paralelamente una vía administrativa que posibilite la elección de la persona”. Afirma que un trámite de carácter jurisdiccional representaría una limitación excesiva para el solicitante y que la autoridad encargada del trámite materialmente administrativo solo podría oponerse al requerimiento si constatara algún vicio en la expresión de su consentimiento libre e informado. Concluye que una decisión relacionada con una solicitud de estas características únicamente puede ser de naturaleza declarativa.

Al analizar la normativa nacional vemos que el CCyC establece como excepción al principio de inmutabilidad del nombre la existencia de justos motivos y expresamente dispone que “se consideran justos motivos y no requiere intervención judicial”, el cambio de prenombre por razón de identidad de género (art. 69). Pese a ser anterior al dictado de este último, la ley 26.743 ya disponía que: “Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 4° y 5°, el/la oficial público procederá, sin necesidad de ningún trámite judicial o administrativo, a notificar de oficio la rectificación de sexo y cambio de nombre de pila al Registro Civil de la jurisdicción donde fue asentada el acta de nacimiento para que proceda a emitir una nueva partida de nacimiento ajustándola a dichos cambios, y a expedirle un nuevo documento nacional de identidad que refleje la rectificación registral del sexo y el nuevo nombre de pila” (art. 6). Sin embargo, sí prevé la intervención judicial en caso de requerirse una nueva modificación registral (art. 8) o en aquellos en los que se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de algún representante legal del menor de edad, en cuyo caso, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que el juez correspondiente resuelva (art. 5, segundo párrafo).



V. Reflexiones finales

Del análisis efectuado se desprende que tanto la ley 26.743, como aquellas dictadas en su consecuencia, al regular el procedimiento para el cambio de nombre, adecuación de la imagen y rectificación de la referencia al sexo o género en los registros y en los DNI para que sean acordes con la identidad de género auto-percibida, pese a ser anteriores en su dictado, cumplen con los estándares internacionales establecidos por la Corte IDH en la opinión consultiva de referencia.

Por otro lado, encontramos aspectos interesantes en la normativa argentina. Por un lado, la regulación específica referida a la situación de los extranjeros que cuenten con residencia legal en el país y cuyas partidas de nacimiento resultan de imposible rectificación en cuanto a su contenido, al reconocerles su derecho a la identidad de género en los documentos expedidos por el Estado Nacional para su desenvolvimiento personal dentro de su territorio; y por el otro, la posibilidad -con fundamento en el derecho/obligación a un trato digno- de que aquellas personas que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su DNI al ser nombradas, tanto en los ámbitos públicos como privados, lo sean mediante los nombres que aquellas hayan elegido, debiendo emplearse en caso de ser necesario registrar los datos del DNI, un sistema combinado entre las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de DNI agregándose el nombre de pila elegido (art. 12).

Por último, en razón de no existir una única forma de manifestación de expresión de género, identidad de género u orientación sexual, que éstas están -al decir de la Corte- sometidas a una dinámica conceptual cambiante y en constante revisión19, que el sexo de las personas refiere a diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, no reconociendo la existencia de otras categorías que no encajen en dicho binomio, sumado a que conforme a lo dispuesto por la ley 17.67120 este no resulta ser un campo obligatorio a los fines de la identificación de las personas pero si un dato de relevancia en materia registral21, se concluye que a los fines de un acabado respeto de la identidad de género auto-percibida tanto de nacionales como de residentes extranjeros, el campo “sexo” debería ser eliminado de todos aquellos registros tendientes a la identificación de las personas y también sobre la documentación expedida en su consecuencia (por ej: DNI y Pasaporte). Se estima que a tales fines no resulta suficiente - como ha ocurrido recientemente a través de diferentes resoluciones administrativas y judiciales- la incorporación de la categoría “indefinido”, de una línea en el campo “sexo”22, de una multiplicidad de marcadores como opciones23, de la expresión “autopercibido” o que se analice en cada presentación qué definición o termino usar, según el pedido del solicitante24. Ello, a nuestro entender, sería también acorde con lo dispuesto por el principio 6° de Yogyakarta y con lo sostenido por la Corte IDH respecto a que la publicidad no deseada sobre un cambio de identidad de género, consumado o en trámite, coloca a la persona en un estado de mayor vulnerabilidad y puede obstaculizar aún más el ejercicio de los derechos humanos.



Notas

1 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-24/17, párr. 22.

2 El artículo 1 de la CADH establece: “Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas ó de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”, el artículo 24 dispone: “Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”, el artículo 11 establece “Protección de la Honra y de la Dignidad. …2. Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación…”; mientras que en su artículo 18 la referida normativa dispone: “Derecho al Nombre. Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario”.

3 LGTBI: Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans o Transgénero e Intersex. La Corte IDH aclara en la referida Opinión que utilizará esta sigla de forma indistinta sin que ello suponga desconocer otras manifestaciones de expresión de género, identidad de género u orientación sexual.

4 El artículo 1° de la ley 26.743 dispone: “Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho: a) Al reconocimiento de su identidad de género; b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada”.

El artículo 2° de la ley 26.743 establece: “Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.

5 El artículo 3 de la CADH dispone: “Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica” mientras que el artículo 7 de la referida normativa establece: “Derecho a la Libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales…”.

6 El artículo 13 de la de la CADH establece “Libertad de Pensamiento y de Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente por escrito o en forma impresa o artística o cualquier otro procedimiento de su elección…”

7 Ley de protección de datos personales.

8 En la opinión consultiva analizada se define a Transgenero o persona trans como: “cuando la identidad o la expresión de genero de una persona es diferente de aquella que típicamente se encuentran asociadas con el sexo asignado al nacer”. (cfr. párr. 32.h).

9 Cuando la identidad de género de la persona corresponde con el sexo asignado al nacer. (Cft, Corte IDH, Opinión Consultiva OC-24/17, párr. 32.k).

10Principios de Yogyakarta, 2007, el Principio 3 dispone : “El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica: …Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género…”.

11 Principios de Yogyakarta, 2007, el Principio 6 establece: “Derecho a la privacidad: Todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tienen derecho a gozar de su privacidad, sin injerencias arbitrarias o ilegales, inclusive en cuanto a su familia, su domicilio o su correspondencia, así como el derecho a la protección contra ataques ilegales a su honra o a su reputación. El derecho a la privacidad normalmente incluye la opción en cuanto a revelar o no información relacionada con la propia orientación sexual o identidad de género, como también las decisiones y elecciones relativas al propio cuerpo y a las relaciones sexuales de otra índole consensuadas con otras personas”.

12 Dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que extiende la cobertura prevista por el seguro de capacitación y empleo a personas en situación de desempleo en los términos del art. 2 de la ley 26.743

13 Dictada por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

14Ley del Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas. El artículo 23 de la ley 26.413 dispone: “Los testimonios, copias, certificados, libretas de familia o cualesquiera otros documentos expedidos por la dirección general y/o sus dependencias que correspondan a inscripciones registradas en sus libros o en las copias a que se refiere el artículo 5º y que lleven la firma del oficial público y sello de la oficina respectiva, son instrumentos públicos y crean la presunción legal de la verdad de su contenido en los términos prescritos por el Código Civil. Esta documentación no podrá retenerse por autoridad judicial o administrativa ni por entidades o personas privadas debiendo limitarse a tomar constancias o certificar, por cualquier medio fehaciente, el contenido de los mismos, a los efectos a que hubiere lugar. La única excepción a esta disposición, será la referida al acto de identificación, en que el acta de nacimiento podrá ser retenida por el Registro Nacional de las Personas para acreditar la matrícula individual de la persona identificada”.

15 Niños, Niñas y Adolescentes.

16 El artículo 19 de la CADH establece: “Derechos del Niño: Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

17 Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

18El artículo 5 de la CADH dispone: “Derecho a la Integridad Personal: 1.Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

19 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-24/17, párr. 31.

20 Ley de Identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional. El artículo 9 de la ley 17.971 establece: “La identificación se cumplirá ante la oficina seccional correspondiente al lugar donde se domicilie la persona, mediante el testimonio de su nacimiento, fotografías, impresiones dactiloscopia, descripciones de señas físicas, datos individuales, el grupo y factor sanguíneo, dejando expresa constancia de cuáles son los datos consignados, por declaración jurada, a los efectos de su agregado al legajo de identificación…”

 21 Conforme a lo dispuesto por los arts. 33 inc. b) y 36, inc. a) de la ley 26.413 y art. 96 del CCyC. El artículo 33 de la ley 26.413 dispone: “A los efectos de completar la identificación descripta en el artículo anterior las direcciones generales deben implementar un formulario, prenumerado, denominado “Certificado Médico de Nacimiento” en el que constará: …b) Del recién nacido: nombre con el que se lo inscribirá, sexo, edad gestacional, peso al nacer e impresión plantal derecha si el nacimiento ha sido con vida …”, el artículo 36 establece: “La inscripción deberá contener: a) El nombre, apellido y sexo del recién nacido…”; mientras que el artículo 96 del CCyC establece: “Medio de Prueba: El nacimiento ocurrido en la República, sus circunstancias de tiempo y lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas, se prueba con las partidas del Registro Civil…”.

22 Tal como fue ordenado para algún caso en la provincia de Mendoza por la Dirección del Registro Civil a través de la Resolución N° 420/2018. (Cfr: “Dos personas de Mendoza figuran sin sexo en su partida de nacimiento” en Diario Los Andes, 3/11/18, disponible en:https://losandes.com.ar/article/view?slug=dos-personas-de-mendoza-figuran-sin-sexo-en-su-partida-de-nacimiento, 10/01/19 03:33pm) y se ha propuesto recientemente en algún proyecto de ley por ante el Congreso (ver Proyecto 7096-D-2018).

23Cfr. “Fallo inédito: en su DNI dirá ´femineidad travesti´ en el campo reservado para el sexo”, en Diario Infobae, 02/03/19, disponible en: https://www.infobae.com/sociedad/2019/03/02/fallo-inedito-en-su-dni-dira-femineidad-travesti-en-el-campo-reservado-para-el-sexo/,04/03/19 04:12pm.

24 Cfr. “El Registro Civil ordenó modificar una partida de nacimiento. La idea es que no haya ´ni F ni M´”, en Diario Clarin, 11/05/19, disponible en https://www.pagina12.com.ar/205596-la-idea-es-que-no-haya-ni-f-ni-m, 14/07/19, 07:56pm.

Archivo
Página  Comienzo Anterior Siguiente Ultima  de 51
Registros 19 a 19 de 51

© 2002 - 2021 - Actualidad Jurídica - Ituzaingó 270 piso 7 - Espacio "Garden Coworking" - Córdoba, Argentina - Data Fiscal