Usuario Clave
 
Doctrina

Volver al Listado 

Código Unívoco
1182
Revista
Civil y Comercial
Número
286
Título
Oralidad en el derecho de familia: art. 12 de la CDN
Texto

 


Oralidad y proceso por audiencia


La discusión en materia de derecho procesal actual gira en torno de pasar de un proceso netamente escrito a un proceso por audiencia en el que prime la oralidad a fin de contar con procesos ágiles, cortos, expeditos, que den una respuesta a veces anticipada y otras, de manera oportuna, priorizando el principio de plazo razonable del debido proceso legal.


En materia de familia la oralidad se impone teniendo en cuenta que las cuestiones que se debaten no son patrimoniales, sino personales y giran en torno de derechos fundamentales y constitucionales. En el derecho de Familia el contacto directo y personal de las partes (protagonistas del proceso) y el juez es de gran importancia, pudiendo conocer el juez numerosas cuestiones de la problemática familiar en una audiencia, no pudiendo resolver la discusión sin llevar a cabo la misma.


Asimismo, en el proceso de Familia los derechos de la infancia y circunstancias relacionadas con niños, niñas y adolescentes (NNyA) hacen que el que juzga tenga la obligación de escuchar a estos NNyA de manera directa y personal, siendo un mandado legal la escucha del art. 12 de la CDN.


El principio de la oralidad y de la inmediatez fueron positivizados en el derecho civil con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación de agosto del año 2.015, debiendo ser incorporados en las legislaciones procesales de cada una de las provincias cuando regulen cada uno de los procesos.


Así el art. 706 del CCyC al regular los principios generales de los procesos de familia, dispone que “el proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente…”.


De estos principios, a los fines del presente trabajo, se analizarán brevemente los de inmediación y oralidad, por estar íntimamente relacionados con los procesos por audiencia, temática que nos encontramos discutiendo.


El principio de inmediación importa asegurar que el juzgador tenga el mayor contacto personal con los sujetos y la prueba de la causa durante el trámite y a los fines de la mejor resolución del conflicto. Este principio se hace efectivo a través del deber del juzgador de oír de manera personal, en marco del proceso judicial, a las partes, a los niños, niñas y adolescentes (art. 12 de la CDN) e inclusive, a personas mayores y personas con capacidad restringida (art 35 CCCN).


La oralidad se encuentra íntimamente relacionada con la inmediatez de las partes. Las audiencias orales de prueba filmadas y digitalizadas son una garantía para las partes y para el juez, atento a que respeta la realidad del acto, sin que las mismas sean transcriptas, como sucede actualmente. Se trata del contacto directo del juez con las partes y las pruebas sin que las mismas se vean tergiversadas.


En definitiva la oralidad y la inmediación permiten el contacto directo del juez con las partes intervinientes, los alegatos y la prueba, y posibilita una acertada resolución del litigio.


En materia de infancia y siendo actualmente los niños, niñas y adolescentes partes procesales en juicio el proceso por audiencia es de fundamental importancia, especialmente teniendo la imposición convencional del art. 12 de la CDN.


 


Participación de niños, niñas y adolescentes


Con el Sistema de Protección Integral a partir de la Ley 26.061 y de la Convención de Derechos del Niños, ya no queda ningún tipo de discusión que los niños, niñas y adolescentes (NNyA) son sujetos de ejercicio de sus propios derechos e incluso adquieren la calidad de partes en los procesos judiciales en los que se debaten cuestiones que les concierne.


La reforma del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) introdujo numerosas normas en las que se dispone la participación de los adolescentes en el proceso judicial, la posibilidad de contar con asistencia letrada, sumada a la representación del Ministerio Público de Menores, el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta conforme a su edad y grado de madurez, y entablar acciones judiciales, como en el juicio de alimentos y ratificar los procedimiento iniciados por sus representantes legales, como en el caso de la adopción.


Un cambio trascendental de la reforma del CCCN es que finalmente se deja de lado la cuestión etaria, es decir, ya no se habla de capacidad y de incapacidad, sino de capacidad progresiva y en constante evolución, que trae aparejado que NNyA puedan ejercer por sí solos los derechos de los que son titulares.


El art. 12 CDN dispone que “los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimientos de la ley nacional”. Es decir, la CDN, tratado internacional con jerarquía constitucional, prevé el derecho/obligación de escucha de NNyA y que su opinión sea tenida en cuenta, según su edad y grado de madurez. Es decir, este es un umbral mínimo que el Estado Argentino se encuentra obligado a cumplir.


“Eso significa que los Estados Partes no pueden partir de la premisa de que un niño es incapaz de expresar sus propias opiniones. Al contrario, los Estados Partes deben dar por supuesto que el niño tiene capacidad para formarse sus propias opiniones y reconocer que tiene derecho a expresarlas; no corresponde al niño probar primero que tiene esa capacidad”1.


Por su parte, la Ley de Protección Integral (Ley nº 26.061), que es la normativa nacional que desarrolla la CDN, expresa que en todas las medidas concernientes a NNyA se debe tener una consideración primordial al Interés Superior del Niño y en el art. 3 de la norma jurídica define al principio señalando que “se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar: a) Su condición de sujeto de derecho; b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta…”. Es decir, resalta que los NNyA son sujetos de derechos y no objetos de protección, concepción propia del sistema de patronato de menores imponiéndose un sistema de protección integral. A su vez, la normativa nacional vuelve a consagrar el derecho a ser oído y la obligación de escucha.


Pero este mandato legal no se agota sólo en la escucha del niño, sino además se extiende a la participación de los mismos en el proceso, consagrándolos parte del mismo, y otorgándole capacidad procesal para actuar. De esta manera, el art. 27 establece las garantías mínimas de procedimiento al prescribir los siguientes derechos y garantías: a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente; b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte; c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; d) A participar activamente en todo el procedimiento; e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte.


La reforma del CCCN, vigente desde agosto del año 2.015, recepciona el mandado de la ley nacional y los tratados internacionales, suprimiendo en primer término su condición de incapaz e imponiendo el paradigma de la capacidad progresiva. El art. 26 de la Ley 26.061 señala que el adolescente con edad y grado de madurez suficiente “puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona….”. En definitiva, el adolescente que cuente con edad y grado de madurez suficiente tiene capacidad procesal para actuar en juicio y constituirse en el carácter de parte del mismo, y en consecuencia, tiene derecho a ser oído.


El CCCN en el capítulo destinado a regular los procesos de familia reitera en el art. 707 que “las personas mayores con capacidad restringida y los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afectan directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso”.


Por lo tanto, el conjunto de normas que estamos indicando conducen a afirmar la participación de adolescentes y niños/as que cuenten con edad y grado de madurez suficiente en los procesos que versan sobre cuestiones y decisiones que le conciernen. Esta participación debe ser activa y el proceso por audiencia facilitaría la incorporación de NNyA en el proceso judicial, a fin de que puedan adquirir la calidad procesal para estar en juicio, ser parte del mismo, contar con asistencia jurídica y técnica, y ser escuchados de tal manera que su opinión sea tenida en cuenta por el juzgados, conforme su edad y grado de madurez.


En definitiva, la realidad demuestra que la práctica no es la ideal, ni mucho menos alcanza el estándar que establece la CDN, la Ley de Protección Integral y el CCCN en materia de participación y representación de NNyA en los procesos de familias.


 


Algunas soluciones


1. Actualmente no hay disposición alguna en el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán que hable específicamente de la representación de menores de edad, la participación de los adolescentes a partir de los 13 años en juicio y la asistencia jurídica de los mismos, por encontrarse la norma atrasada a partir de la Ley 26.061, la CDN y ahora el CCCN vigente. En consecuencia, una reforma de la legislación debe prever este punto, atento a lo ya regulado en las leyes nacionales, y los tratados internacionales.


2. La obligación del art. 12 de la CDN no se debe limitar únicamente a la escucha de NNyA, sino que esa escucha tenga las garantías legales y procesales. Así se debe implementar la participación de los mismos en juicio, la verdadera representación técnica de sus derechos, y que sean verdaderos sujetos de derechos.


3. Las audiencias del art. 12 de la CDN deben respetar los principios de inmediación u oralidad. Y ella se refiere a la inmediación virtual o sensorial que resulta de la filmación de las audiencias. El registro fílmico de las audiencias permite al juzgador preservar gran parte de los beneficios de la inmediación por el mismo Tribunal y el Tribunal de Alzada. La posibilidad para el juez de observar las audiencias audiofilmadas implica un mejoramiento indudable respecto de la transcripción manual y documentada.


4. Se deben incorporar cambios inmediatos en la audiencia del art. 12 de la CDN, entre los que se destacan: agendar la entrevista teniendo en cuenta cuestiones particulares de cada niño/a, mejorar el ambiente de la entrevista; reducir la espera de niños y adolescentes que van a ser entrevistados, incorporar la práctica de videograbar la entrevista, ofrecer asistencia técnica al NNyA.


 


Notas


1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal S/ ESPECIALES (RESIDUAL). INCIDENTE Nro. Sent: 987 Fecha Sentencia 25/07/2017.

Autor
María Celeste del Huerto Silva
Archivo
Página  Comienzo Anterior Siguiente Ultima  de 20
Registros 6 a 6 de 20

© 2002 - 2020 - Actualidad Jurídica - Montevideo 616 - Córdoba Capital - República Argentina - Actualidad en FLUG